Los gremios que reúnen a las inmobiliarias y a arquitectos enviaron hace unos días cartas al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, donde advierten la preocupación por un reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), el que instó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de La Florida a iniciar un procedimiento de invalidación de un permiso de edificación de Besalco —de 2019— para la construcción de un edificio de departamentos que está en obra gruesa.

La Contraloría se pronunció el 11 de diciembre, luego de que la Fundación Defendamos la Ciudad le solicitara hacerlo respecto de la juricidad de un oficio de la DOM de La Florida que desestimó su petición de iniciar la invalidación de dicho permiso. Según esta organización, el permiso es contrario a derecho porque tanto el funcionario municipal que lo otorgó como la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu y el privado titular del permiso no sabrían aplicar las normas sobre la proyección de sombras que regula la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Una de las cartas, enviada el 24 de diciembre al ministro Ward, es la que firmó Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolla-dores Inmobiliarios (ADI). El gremio critica el actuar de la Contraloría, especialmente por inmiscuirse en la invalidación de permisos, lo que —según los inmobiliarios— es una facultad exclusiva de las DOM.

La carta de la ADI añade que el dictamen "genera graves perjuicios a la industria inmobiliaria en tanto implica directa e indirectamente la infracción de principios jurídicos y normas legales". En otro párrafo señala que "este actuar de la CGR, que consiste en emitir dictámenes que constituyen una suerte de germen de invalidación, sin procedimiento y sin notificación a la parte afectada, lesiona gravemente los derechos y garantías constitucionales del titular de los permisos de edificación".

Otra de las misivas —del 19 de diciembre— es la que firmaron Liliana Vergara, presidenta de la Asociación Nacional de Revisores Independientes; Jadille Baza, presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile; Yuri Rodríguez, presidente de la Asociación de Directores de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras Municipales, y Mónica Álvarez de Oro, titular de la Asociación de Oficinas de Arquitectos.

En el documento indican que un aspecto negativo de la resolución de la Contraloría es "señalar que un permiso de edificación no se ajustó a derecho, porque en su otorgamiento no se aplicó la interpretación que se señala en el dictamen. En otras palabras, establece que este debe aplicarse de manera retroactiva, a un acto administrativo realizado en plena concordancia con lo instruido por el ministerio, con el reproche implícito hacia quienes elaboraron el proyecto, lo revisaron y luego otorgaron el permiso por no haber previsto que, después, el Sr. Contralor tendría una interpretación diferente".

Consultada por el tema, Mónica Álvarez de Oro añadió que "señalar que una norma técnica, propia de la arquitectura de los proyectos, debió haberse aplicado de una forma distinta a la que instruyó el Ministerio de Vivienda hace ya 11 años, importa un menoscabo al desempeño de los arquitectos, en sus distintos roles, tanto públicos como privados. Pone en duda su idoneidad profesional y respeto por las normas que rigen la actividad".

Desde el Minvu indicaron que la cartera "después de tomar conocimiento del dictamen de Contraloría, el que, entre otros asuntos, realiza observaciones a la circular DDU Específica N° 5 de 2009, hoy trabaja en la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para la incorporación de lo dispuesto en dicha circular, en la que se aborda el distanciamiento hacia los predios vecinos que deben cumplir las edificaciones aisladas que presentan retranqueos a partir de los 10,5 metros".
El ministerio añadió que "de esta forma, el Minvu busca dar certeza jurídica a todos los actores que hacen uso de esta regulación y dar respuesta a las observaciones de Contraloría, organismo que no objetó el contenido ni el propósito de lo dispuesto en 2009, sino que la facultad de establecerlo por medio de una circular".

Requerida la CGR por este tema, no realizó comentarios.