Durante el último trimestre de 2020 surgieron duras críticas sobre la propuesta de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para establecer nuevos criterios y estándares en el proceso de certificación de los planteles de educación superior y sus programas académicos.

Las preocupaciones más mencionadas por los rectores y expertos en el área plantean que, como está formulada, generaría problemas transversales, como que 40 establecimientos no podrían acreditarse al no cumplir con algunos de esos requisitos.

De hecho, el presidente de la CNA, Hernán Burdiles, reconoció que las observaciones 'tienen fundamento' y esta semana la CNA anunció que convocó a un equipo de expertos para asesorarla en los ajustes a estos parámetros, que se entregarían en el segundo trimestre de 2021.

Con estos antecedentes, el Centro de Políticas Públicas UC generó un documento con comentarios a la propuesta del organismo acreditador.

El informe advierte que la CNA 'estaría dando una señal para que todas las universidades se orienten hacia estándares que describen a aquellas más complejas, lo que no es respetuoso de la diversidad de las instituciones ni resuelve cómo la acreditación institucional se hará cargo de sus particularidades misionales'.

Por eso, el director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval, recomienda 'simplificar la cantidad de criterios' para que, como expresa el documento, 'sean pocos, comprehensivos de la diversidad de las instituciones, susceptibles de ser aplicados en el contexto de la misión y proyecto de cada una de estas; compatibles con la innovación y que, además, admitan que hay diversas formas de lograr excelencia'.

Críticas y planteamientos

Los autores consideran que los umbrales cuantitativos definidos en los estándares debieran eliminarse, ya que son arbitrarios. Así lo señala el director de Justicia Educacional y académico de la UC, Andrés Bernasconi, quien menciona, por ejemplo, el número de profesores de jornada completa, o establecer niveles de retención de los estudiantes de primer año.

'Eso no tiene ninguna justificación científica, pero además las realidades de las instituciones son súper distintas en todas sus dimensiones. Entonces, el desafío también es encontrar buenos estándares cualitativos que guíen el desarrollo, acompañen y ayuden, y que no sean un obstáculo', sostiene.

Coincide Irarrázaval, quien detalla que siete de los 18 criterios contienen estándares críticos para las universidades (ver dato clave) que no están definidos en la ley y, por lo tanto, afirma que la CNA no está mandatada para establecer criterios de esa índole. Frente a eso, solicitan al organismo que justifique por qué estos estándares se definen de esa forma para la calidad de una universidad. De lo contrario, advierten que eso 'es una arbitrariedad'.

'Algunos de estos criterios críticos tienen que ver con requisitos de licenciamiento y, por lo tanto, lo que corresponde ahí, más que aseguramiento de la calidad, es que son requisitos para operar. Y el llamado a fiscalizar eso es de la Superintendencia (de Educación). Entonces, la CNA implícitamente se desliza en una confusión de roles, porque la CNA no es una institución fiscalizadora', afirma Irarrázaval.

En tanto, Bernasconi, quien forma parte del grupo de expertos que asesora a la CNA, agrega que 'esa confusión es compleja de manejar y tú tienes ahí tres problemas: el problema legal, que la descripción de la CNA de enfocarse en esos criterios no está justificada y que muchos de ellos podrían tratarse con algo que ya se revisó en el pasado'.

Por otra parte, añade que durante el proceso de acreditación se exige una muestra de programas, pero la propuesta de la CNA no resuelve cuántos. Por eso, plantean enfocarse solo en la evaluación de 10 programas, aleatorios, para 'darles certezas a las universidades de que no va a haber discrecionalidad en la forma en que se eligen estos programas', dice Irarrázaval.