SEÑOR DIRECTOR
La pandemia ha generado una mayor presión sobre el Estado para resolver demandas ciudadanas urgentes en materia sanitaria, económica y social. Lo anterior ha hecho evidentes los cuestionamientos a su real capacidad para enfrentar estos desafíos, pero a la vez es una oportunidad para avanzar en una reforma al empleo público.

En efecto, la masa salarial a nivel de gobierno central, según cifras de Dipres, creció en términos reales un 35% en los últimos seis años, muy por sobre el resto de la economía. Pese a ello, las oportunidades de desarrollo profesional de los funcionarios son escasas, y el sistema de bonificaciones -tanto monetarias como no monetarias-, orientado a un mejor servicio a los usuarios, ha quedado obsoleto. Sus reglas, contenidas en el estatuto administrativo, fueron actualizadas por última vez en 1989.

En diciembre de 2019 , este Consejo presentó al Presidente de la República una propuesta con los principios que debieran orientar esta reforma: la creación de una nueva relación laboral, que incluya contratos indefinidos y con indemnización; un ingreso mediante concursos públicos, abiertos, competitivos y transparentes; más oportunidades de desarrollo profesional, basadas en mérito y equidad; mediciones de desempeño y productividad, que permitan mejorar los servicios a los usuarios, y acotar los cargos de confianza de las autoridades políticas, separándolos claramente de los funcionarios de carrera.

En este sentido, valoramos la consulta pública que inició el Ministerio de Hacienda para modernizar el empleo público, nos ponemos a disposición e invitamos a los líderes políticos y gremiales a avanzar con decisión para resolver este desafío a la brevedad.