'Estoy bien sorprendido de todo lo que el teletrabajo ha permitido', dice al teléfono Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. 'Si me hubieras preguntado hace un año qué se podía hacer, no hubiese sido nunca capaz de dimensionarlo'. El teletrabajo, explica, le ha entregado ventajas en sus investigaciones. 'Nosotros hemos podido contactar comunidades rurales y hacer entrevistas en sectores muy apartados que probablemente antes, con la necesidad de ir, nos hubiese salido muchísimo más caro', dice.

Sin embargo, tiene claro que es parte de los privilegiados en medio de la pandemia. 'Ha sido muy difícil para todo el mundo, pero probablemente para uno, siendo un profesional que trabaja en una institución súper estable, no he tenido ninguna de las complicaciones que ha habido para el resto del mundo y particularmente para las personas de menos recursos', dice y advierte que la pobreza aumentará en el país.

Irarrázaval ha estudiado el tema de la pobreza por décadas y hoy ve el vaso medio lleno. Según la Cepal, la pobreza aumentaría de 9,8% en 2019 a 12,7% tras la pandemia, es decir, retrocede cinco años. Y, el Gini, medida de la desigualdad donde cero es total igualdad, pasaría de 1,5% a 2,9%. 'Pero tengo expectativas que, con la recuperación del empleo que se está apreciando y el significativo estímulo fiscal que se implementó durante 2020, logremos quedar en el límite inferior de la estimación que hizo Cepal', dice Irarrázaval.

En este contexto post pandemia, una idea ha cobrado fuerza a nivel mundial para contener la pobreza y la desigualdad: la renta básica universal. Esto implica que el Estado entregue un monto de dinero mensual sin condiciones y, pese a tener el apellido de 'universal', se está analizando una aplicación en los grupos más vulnerables.

La idea también está dando vueltas en nuestro país. Cada vez más los expertos apoyan revisar el 'mosaico' de programas sociales que tiene el Gobierno e, idealmente, cambiar varios por transferencias directas. Y la idea ha resonado en columnas de opinión e, incluso, en la presentación del presidente de la CPC, Juan Sutil, en Enade. Para el Gobierno, este es una de los planes que está estudiando para enfrentar la desigualdad.

Irarrázaval, sin embargo, pone paños fríos. Dice que, si bien una renta básica universal o cambiar programas sociales por transferencias es una idea atractiva, requiere un diseño fino para ver efectivamente qué programas es factible reasignar. A esto agrega que la experiencia internacional no es muy completa. 'El concepto es bien atractivo e interesante, pero evidentemente tiene costos y beneficios', dice. 'La tendencia es a reasignar algunos programas de apoyo y no programas basales como educación y salud. Porque se podría ir al extremo del negative income tax que planteaba Friedman, que es que todos los aportes del Estado se vayan a un impuesto negativo a las personas, pero eso es difícil plantearlo. Y lo que sí es interesante es ver qué pasa si reúno una diversidad de programas sociales de poca envergadura en transferencias y permito que las personas tomen sus decisiones. Eso es bastante viable y suena atractivo'.

—¿Las transferencias directas pueden ser un buen mecanismo para contener la pobreza y la desigualdad?

—Al corto plazo sí, porque automáticamente las transferencias aumentan el nivel de ingresos y generan mayor consumo. Pero en el mediano y largo plazo es más complejo, porque no se aseguran otros factores, como que los niños no vayan al colegio o que los adultos mayores tengan acceso a salud. Creo que hay que tener transferencias, pero se necesita pensar también en el mediano y largo plazo. La renta básica universal no solucionará todos los problemas.

'A nivel político es difícil cerrar programas'

—Expertos critican que hay un 'mosaico' de programas sociales que maneja el ministerio de Desarrollo Social, de los cuales muchos son poco efectivos, y proponen cambiar gran parte por transferencias directas. ¿Ves realistas esos cambios?

—Esa es la dificultad más importante. De los 660 programas, la mitad, unos 330, acumulan el 1% del gasto. Son muchos programas chicos que tienen un gasto importante en burocracia, no lo digo en sentido peyorativo, sino la necesaria burocracia para funcionar. Pero, aun así, el contra factual en Chile no existe. Se puede hacer el ejercicio teórico de decirle a una persona en situación de vulnerabilidad si prefiere que, en vez de que por ejemplo alguien lo vaya a ver y trate de ayudarlo, se le entregue un cheque mensual. El contra factual es teórico, porque las personas sí conocen a ese trabajador social, por ejemplo, y prefieren asegurarse de lo poco que hay en vez de preferir las transferencias que, por el momento, son ficticias. Cuando llegue el momento de ver qué programas se van a cerrar siempre va a haber alguien que los defienda. A nivel político es difícil cerrar programas.

—¿De qué depende que sea viable o no reemplazar programas sociales por transferencias?

—Parte de la discusión de la viabilidad es si las transferencias se van a financiar con reasignación de fondos o con fondos nuevos. Ahí hay una dificultad política que no es menor. Aunque los programas estén mal evaluados siempre habrá alguien que los defienda. Yo aún así creo que los programas malos efectivamente deberían cerrarse, hay un deber moral de que los recursos públicos se usen bien. Pero si esta renta básica universal se financia solo con reasignación de programas existentes veo que es difícil que se concrete, porque son muchos programas, con muchos intereses y por muy mal evaluados que estén, en la práctica siempre tendrán defensores. Es complejo. Por otro lado si es un aporte fresco, depende del monto de recursos que se quieren aportar, pero puede ser de una envergadura bastante grande y sobre todo, si se pone el apellido universal.

—La defensa no es solo de los beneficiarios. Cuando el gobierno comenzó a evaluar programas sociales y deslizó la idea de eliminar los mal evaluados, varios parlamentarios saltaron. ¿Hay intereses en mantener programas que no funcionan para mantener, por ejemplo, los empleos que dan esos programas?

—No diría los empleos únicamente. Puede ser una conjunción de cosas. Pueden ser los empleos, el vínculo entre el mundo político y los beneficiarios, o puede ser la incertidumbre del contra factual o de que no se ofrezca nada a cambio. Es muy difícil sostener que se va a eliminar un programa porque es malo sin ofrecer nada a cambio. El punto es que se puede cambiar un programa porque se quiere crear otro mejor y ahí hay espacio de conversación. El temor, la preocupación y falta de apoyo político para cerrar un programa puede tener que ver por un tema de cooptación de funcionarios; por presión de los beneficiarios actuales que, por mucho que sepan que el programa no es muy bueno, algo les llega, y prefieren tener algo en la mano; y además si no se ofrece nada a cambio es difícil aceptar el cierre. Aún así, creo que es un dilema que hay que enfrentar. Si objetivamente un programa no funciona, me hace sentido que se cuestione y se reasignen los recursos a algo que tenga mayor impacto.

—Si la mitad de los programas solo representa el 1% del gasto, ¿no es poco relevante en términos de lo que se podría hacer con una transferencia?

—Efectivamente, es probable que con todos esos programas no alcancemos a cubrir una renta básica. Y hay que analizar varios parámetros para ver si es factible una renta básica: si es focalizada o universal, en Chile se ha discutido focalizada; cuál es el monto de la transferencia; y si es un monto absoluto o relativo, es decir, si complementa el ingreso que la persona ya tiene o es independiente de eso. Esos tres parámetros pueden dar escenarios de costos bien distintos. Hay muchos programas pequeños mal evaluados que, probablemente si los transformas en transferencias, el monto que aportan es bastante menor. No hay que engolosinarse tanto y decir que vamos a poder financiar todo suprimiéndolos.

'Potenciaría el Ingreso Mínimo Garantizado'

En la discusión sobre transformar programas sociales hacia transferencias también se ha levantado la duda sobre qué tipo de programas efectivamente se pueden cambiar por un cheque mensual. Irarrázaval dice que los experimentos que se han realizado en EE.UU. y Canadá se han basado en entregar ciertos ingresos manteniendo la provisión de otros bienes públicos, sobre todo, los relacionados a educación y salud. 'Cambiar todo por transferencias, donde la persona incluso tenga que ir a comprar educación y salud, lo veo muy difícil', dice. Y explica que el Estado debe asegurarse de la cobertura básica de algunos servicios a todo evento. 'De alguna manera hay que asegurarse de estándares mínimos de provisión de bienes y servicios. Pero sobre eso hay decisiones de consumo en las cuales las familias deberían tener mayor libertad y se debería asegurarles un nivel de consumo. Y ahí una transferencia puede ser más eficiente. Hay algunos programas en los que uno podría decir que tal vez el dinero genera mayor bienestar si las propias familias deciden en qué gastarlo, versus obligarlos a consumir un bien que sabemos que no los beneficia', agrega.

—¿Actualmente hay un déficit en la evaluación de programas que realiza el Gobierno?

—Yo veo el vaso medio lleno. Chile tiene un sistema de evaluación que, respecto a Latinoamérica, es bastante bueno. Pero se puede mejorar muchísimo. Una crítica es que las evaluaciones a veces son formalistas en el sentido de que el programa dice que tiene que hacer A, entonces solo si hace A, cumple. Pero los programas se crean con un objetivo más amplio, entonces la medición no debería ser cuántas presentaciones se entregan, sino que la superación del problema. Pero otro elemento es ver qué pasa con estas evaluaciones. En México, por ejemplo, donde tienen una agencia que evalúa los programas, tienen dudas sobre el impacto de las evaluaciones. Llegan a la ley de presupuesto y no se revisan en detalle y hay intereses de no perder empleos, de grupos de beneficiarios o, simplemente, el Gobierno no puede entregar una alternativa más eficiente. Ahora, lo que hizo la Dipres en 2020 de monitorear los programas es bien interesante, antes no los teníamos numerados y ahora sabemos cuántos programas hay. Hemos ido avanzando, pero queda camino.

—¿Deberían ser condicionadas las transferencias?

—Las transferencias condicionadas han sido bastante exitosas en todo el mundo. Las condiciones son ciertos compromisos que de ir a controles médicos o cursos de capacitación o llevar a los hijos al colegio, por ejemplo. Pero creo que en Chile vamos hacia una transferencia más libre. Todos los modelos de condicionamiento, si bien han sido súper exitosos en contribuir a la disminución de la pobreza, el seguimiento de las condiciones y el acceso al cumplimiento de estas condiciones es complejo. Entonces, la burocracia, de nuevo, empieza a complejizar tanto que atenta contra la efectividad de los programas.

—¿Cuál sería el mecanismo ideal de transferencias para Chile entonces?

—Una transferencia mínima para llega a un umbral mínimo, y que incentive a la formalidad, me parece un buen mecanismo. Tenemos en Chile el Ingreso Mínimo Garantizado y eso lo potenciaría fuertemente, pero se debe complementar con otros programas. El objetivo de la renta mínima garantizada, focalizada, se puede lograr a partir de varios mecanismos, pero buena parte pasa por asegurar la provisión de ciertos servicios y por revisar varios programas. El Ingreso Mínimo Garantizado para las personas que pueden trabajar me parece un muy buen mecanismo y hay que ver como fortalecemos el pilar solidario en las pensiones sin desincentivar la cotización. El objetivo país de tener una renta mínima garantizada se puede lograr con varios mecanismos que permitan tener la tranquilidad de que no haya nadie que no tenga acceso a un mínimo de ingresos. Podría ser un apalancamiento entre el Ingreso Mínimo Garantizado, una pensión básica solidaria y eventualmente un ingreso familiar de emergencia para quienes están en situación de informalidad, este último, dejando clara la señal de que es solo ante emergencias.