Señor Director:

Con profundo dolor debemos lamentar una muerte más. Esta vez, la de Javier Gajardo Olivares, guardia de seguridad que fue asesinado el domingo, mientras intentaba detener a cuatro delincuentes que, con armas de fuego, asaltaron la plaza de peajes El Melón II. No tuvieron miramiento alguno para disparar en varias ocasiones, directo al cuerpo, a pesar de que Gajardo sólo intentó seguirlos en una indefensión absoluta, ya que, siendo guardia privado —a diferencia del vigilante—, la ley no le permitía portar armas.

Cuando por estos días se discute la legítima defensa y el control de identidad, también es bueno poner el foco en aquellos que constantemente arriesgan su vida por la seguridad de los demás, como lo hizo Javier Gajardo. ¿Qué tanto los respalda hoy la regulación? Poco, casi nada.

Desde hace más de una década está en el Congreso la Ley de Seguridad Privada, la cual hemos impulsado como gremio para que establezca un marco regulatorio justo para quienes se desempeñan en esta actividad, estableciendo sus deberes y obligaciones, pero también garantizando su protección y proporcionando las atribuciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, las que por su naturaleza implican un grave riesgo. Esperamos que no sea necesario sacrificar más vidas para que el señalado proyecto se materialice en ley.