Un aumento silencioso ha experimentado la contratación de guardias privados dedicados a labores de prevención de delitos en sectores rurales y periferia urbana, en distintas comunas de La Araucanía.

La preocupación y temor en torno a ser víctimas de atentados incendiarios o tomas en predios, ha llevado a firmas locales (de distintos rubros) y particulares a contratar los servicios de empresas de seguridad privada, con guardias certificados.

Sin embargo, en este contexto, El Austral pudo confirmar que ya está operando en La Araucanía una empresa denominada "Vip Seguridad", cuyo personal está conformado principalmente por exfuncionarios de Fuerzas Armadas y policías, con alto entrenamiento y mayor capacidad tecnológica.

Pese a que no pueden portar armas de fuego, ya que está prohibido por ley, los funcionarios de esta empresa portan armas "no letales", que disparan -con gas- balines de goma o caucho, además de elementos como gas pimienta, entre otros implementos de protección.

"Sabemos que la situación de inseguridad que se vive es importante, es grande, compleja. Nosotros no portamos armas de fuego, pero sí ejercemos diversas acciones, utilizando todas las herramientas humanas, tecnológicas y de inteligencia, que tenemos y que podemos usar dentro del marco de la legislación vigente", explica el mayor (r) del Gope de Carabineros, Ralph Wladdimiro, gerente general de Vip Seguridad.

"Nuestra misión y todo el accionar está siempre más enfocado en evitar la ocurrencia del delito, la orientación no es enfrentarnos, sino evitar que el delito se concrete", añade Wladdimiro sobre el uso de armas "no letales".

GREMIOS OPINAN

Desde los gremios agrícolas y forestales ven con cautela el alza de contratación de guardias privados para la protección de predios y actividades productivas. Si bien comparten que cada persona y empresa es libre de decidir la optimización de medidas para asegurar sus procesos, expresan que siempre es el Estado que debe, por intermedio de las policías y los estamentos de justicia, entregar la seguridad necesaria.

En ese sentido, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, apunta que el aumento de guardias privados es "complicado, porque no se puede intentar sustituir el rol de las policías, más cuando hay grupos armados que exceden el poder propio de entes de seguridad del Estado".

"No puede ser que las personas tengan que llegar a tomar la decisión de defenderse a este nivel. Los particulares no deberíamos tener que llegar a tomar estas medidas. Si un propietario tiene los permisos y está en su propiedad, al ser atacado, puede defenderse. Pero no es lo idóneo que lleguemos a una condición de enfrentamiento", advirtió Santibáñez.

"Lo que más necesitamos es que esos grupos que provocan los hechos de violencia sean desarticulados prontamente por las instituciones que corresponden, que son las policías y la Fiscalía", instó el líder de la Multigremial.

Desde los gremios agrícolas también acotan que la contratación de empresas privadas y de personas dedicadas exclusivamente a la protección de terrenos deja ver que Carabineros y al aparataje estatal están "sobrepasados" para hacer frente y disuadir acciones violentas.

"Vemos con mucha cautela la llegada de estas empresas de seguridad privada, pero sin duda que son una señal potente que reafirma que el Estado de Derecho está roto y que el Estado fracasó en mantener la seguridad de sus ciudadanos", opina Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.

"Es un signo latente de que la situación está cada vez peor y esta es una opción para defenderse", acotó.