Un 13,7% menos de atenciones tuvo el Sename durante el año pasado en comparación con el período anterior. Aunque el mayor descenso ocurrió durante el peak de la pandemia —entre abril y junio, la mayor caída al inicio del ciclo, con 49%—, considerando todo 2020 el resultado se traduce en el ingreso de más de 127 mil menores a programas ambulatorios, que son ejecutados por organismos colaboradores y supervisados por el servicio.

Según la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, 'especialmente durante los primeros meses de la emergencia sanitaria hubo un retraso en el sistema que afectó los nuevos ingresos por parte de los tribunales de familia, lo que demoró las intervenciones que los niños y sus familias debían recibir'.

Y, añadió, 'hubo un desafío para adaptarse mediante nuevas modalidades de atención remota y a través del fortalecimiento de las medidas de prevención'.

En este resultado se consideran tanto a aquellos menores atendidos el año pasado como a aquellos que necesitaban continuar con sus intervenciones. A estas cifras se agrega el cierre de varios programas de diagnóstico, según lo establecido en la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia e impide a las instituciones que se dedican a los programas de intervención efectuar esos análisis.

Además se está investigando el caso de un menor de 13 años que la semana pasada fue víctima de violencia en una residencia familiar del Sename en Providencia y en el que podría estar involucrado un funcionario de Carabineros.

Tras ese hecho, y el impacto mediático que generó el registro audiovisual que se viralizó en redes sociales y en el que se evidencia la agresión, se anunciaron cambios en el protocolo para que la policía acuda solo ante delitos flagrantes y no por procedimientos de descompensaciones.

'Precarización sistémica'

Según Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, el resultado del último año implica que cerca de 8.500 niños no ingresaron al sistema, 'no porque no existiera una mayor demanda, sino porque las condiciones de funcionamiento durante la pandemia afectaron la capacidad de los tribunales de familias para adecuar sus procesos'.

A esto se suman asuntos como la implementación de la modalidad telemática y la carga adicional que conllevó el pago del 10% asociado a deudas de pensiones alimenticias, con impactos diversos entre Santiago y las regiones.

Para el presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, este resultado si bien demuestra la capacidad de adecuación que tuvieron las instituciones de la sociedad civil en poco tiempo, repara en el impacto cualitativo de las cifras, que demuestra 'una precarización sistémica de la atención de la infancia derivada de la pandemia'.

'La eficacia de este tipo de intervención no presencial es diversa, creo que no está mensurada, no se sabe exactamente el impacto real que tiene, pero es indudable que hay una merma muy importante respecto de la presencialidad con los niños y sus familias. No sabemos realmente cuánto representa, pero podemos intuir que hay una pérdida importante en la calidad de la atención', afirma.

Sánchez advierte que esta disminución de ingresos no debe llevar a pensar que hay una menor demanda de programas y 'no debe bajo ninguna circunstancia traducirse en una menor planificación presupuestaria'.

Añade que un ingreso no efectuado 'puede llevar a trayectorias agravadas en niños que van a requerir de un programa especializado y, por lo tanto, va a ser necesario disponer de una mayor capacidad diagnóstica y posibilidad de derivar a tratamientos más complejos'.

Menos denuncias y listas de espera

'La pandemia ha dejado en evidencia la debilidad del intersector para generar las alertas necesarias, que provienen principalmente de Educación y Salud, y denunciar las situaciones de vulnerabilidad', comenta Sánchez, y agrega que 'durante este período, incluso ahora, ambos servicios vieron limitadas su capacidad de observación y denuncia de vulneraciones, siendo una principal fuente de diagnósticos los colegios y consultorios'.

Silva añade que esta merma en las atenciones se hace más compleja cuando se piensa en las listas de espera, con más 12 mil menores en ellas. 'Se tiende a olvidar esa cifra oculta de niños que ni siquiera ingresan al sistema, porque no hay capacidad para ser atendidos ni en forma presencial o remota, siendo sistemáticamente vulnerados sus derechos', plantea.