El intenso debate que se generó en la Cámara y que terminó con la aprobación, en general, del proyecto de ley que establece un royalty para la minería privada generó repercusiones que no solo se circunscriben a ese sector productivo.

Es así que la posibilidad de generar más recursos también reabre la discusión respecto al aporte que la actividad portuaria realiza a las comunas y a las zonas con las cuales convive. A diferencia de otras ocasiones, esta controversia surge acompañada de otros procesos como el inicio de la descentralización administrativa con la elección de gobernadores, la Convención Constitucional y, en el caso particular de Valparaíso, con los diálogos por la ampliación portuaria.

Pero ¿debería ser un royalty o un impuesto? "El royalty es un gravamen que se aplica a la actividad económica a partir de la explotación de recursos naturales no renovables. A diferencia del royalty a la minería, aquí no se trata de explotar un recurso natural que se agota. En este caso, los puertos son obras mayores de ingeniería que requieren una intervención importante del borde costero y su uso posterior es perpetuo si es bien administrado", comentó el senador Kenneth Pugh.

Agregó que su funcionamiento implica una carga importante para la ciudad pues pone una reducción adicional a las vías de transporte y comunicación que necesariamente pasan por ella y congestionan el flujo vehicular de acceso, contaminan el medio ambiente y afectan la calidad de vida de los ciudadanos.

Frente a esto, remarcó que "si bien la figura de un impuesto podría devengarse de las rentas obtenidas por los operadores portuarios, lo pertinente es implementar sistemas transaccionales como las cartolas de los bancos, en línea con lo que establece la ley 21.180, y generar flujos de recursos en base a los movimientos efectivos de cama. de tal forma de tener visibilidad del origen de los recursos en base a los tributos que se van generando y los usos a partir de ellos".

IMPUESTOS

El secretario ejecutivo del Consejo Regional Logístico (Corelog), Javier León, puso en el tapete lo que genera la región por impuestos aduaneros, recalcando que es la zona que más relevancia tiene porque alberga los principales puertos del país. "El 2020 la región recaudó US$ 7.118, 4 millones por concepto de los impuestos al comercio exterior donde está incluido el IVA aduanero. 'Viendo eso, pienso que uno de los ternas por los que deberíamos partir es que al menos las empresas tributen donde cumplen su principal función, eso ligado al tema de la descentralización", comentó.

"Si parte de esa cifra pudiera quedar en la región, eso sería un apoyo importante para descentralizar porque si bien los gobernadores van a ser elegidos por la gente, no tienen recursos", agregó.

Más que un royalty, ve factible la posibilidad de un impuesto a la carga, válido tanto para los puertos públicos como privados remarcando que, además, "eso ayudaría a la relación de los puertos con las ciudades en que operan, porque habría un aporte más concreto. (...) En el fondo, que el ciudadano común de Valparaíso o San Antonio pueda ver que esos recursos se inyectan en su entorno".

Para el secretario ejecutivo de la Asociación de Ciudades Puerto, Iván Vuskovic, el momento en que se reabre esta discusión es distinto "porque además se está discutiendo sobre el tema de la elección de gobernadores y allí está el tema también de las rentas regionales".

El concejal por Valparaíso advirtió que, sea cual sea, la fórmula a aplicar debe ser tanto para los puertos públicos como para los privados y en lo particular señala que la entidad se inclina por un impuesto a las mercancías. "Lo que nosotros queremos proponer como asociación es que paguen 3 dólares por tonelada transferida tanto en importaciones y exportaciones, porque estamos excluyendo al cabotaje para no afectar a esa actividad".

DISTRIBUCIÓN

Sobre la distribución de los recursos que se obtengan señala que la lógica sería la misma que la ley de casinos con un 50% para el gobierno regional y el restante para la ciudad.

Una opinión similar tiene el senador Pugh, remarcando que "las alcaldías deberían recibir un aporte que permita sobrellevar localmente la carga de trabajo que significa albergar un puerto".

León también señala que es necesario dejar una parte en las comunas y en la región donde se producen, pero también en macrozonas porque la descentralización tiene que ser sustentable. "Con la nueva constitución podríamos tener la posibilidad de descentralizar los impuestos", dijo.