Para poder jugar bien cualquier partido es fundamental tener claro el rayado de la cancha. Por eso hay tantas expectativas puestas en la llamada Ley Fintech, cuya primera propuesta fue entregada al Ministerio de Hacienda en noviembre del año pasado.

Es que contar con regulación en esta materia permite dar certeza jurídica a los nuevos actores que están incorporándose al mercado a través de la innovación financiera. Esta certeza se traduce en confianza para los clientes, inversionistas y la sociedad en general, lo que produce mayor volumen de negocios, más inclusión financiera y, en consecuencia, fortalece el empleo.

'La existencia de una regulación genera un efecto virtuoso, en la medida que activa, acelera y potencia los frentes mencionados', apunta Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.

Para él, una regulación Fintech bien hecha nos permite soñar con convertirnos 'en el hub tecnológico financiero de Latinoamérica, como también contribuir al aceleramiento de políticas públicas en materia de tecnologías financieras para la región'.

Alcanzar la carrera

Claro que para alcanzar ese sueño hay que apurar el paso. Ricardo Segal, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, reconoce que aún tenemos mucho camino por recorrer y, si observamos el panorama de regulación Fintech en América Latina y el Caribe, podemos concluir que Chile no está en el grupo de avanzada, donde sí figuran países como México, Brasil y Colombia.

'Ellos cuentan con leyes Fintech y Open Banking y con varias herramientas adecuadas de innovación regulatoria: Sandbox regulatorio, Innovation Hub específico, aceleradoras específicas y mesas de diálogo. En nuestro caso, no contamos aún con las leyes y de los cuatro instrumentos de innovación regulatoria, solo contamos con la mesa de diálogo y con el proceso de creación de un Innovation Hub', dice Segal.

Para Mauricio Martínez, Associate Partner de Consultoría en Tecnología de EY, un aspecto no menor que podría ser abordable en la regulación Fintech tiene que ver con la definición de incentivos particulares para esta industria, como, por ejemplo, hacia los inversionistas, el corporate venture capital o hacia el uso de criptomonedas, y la definición de un sandbox regulatorio.

'Los desafíos son varios y probablemente siempre habrá espacios mejorables en la regulación. Pero hoy es peor no tener una regulación, que ya se está quedando atrás respecto de lo que el mercado está impulsando, como las regulaciones de países vecinos', asegura Martínez.

En qué está la ley

Lo que existe actualmente a nivel de discusión es una propuesta elaborada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que fue entregada al Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020. El senador Kenneth Pugh explica que dicha propuesta puede considerarse un anteproyecto, que está siendo estudiado por el ministerio, con el fin de preparar y definir el proyecto de ley definitivo que se ingresará al Congreso Nacional.

'Según los anuncios más recientes hechos por el Ministerio de Hacienda, el proyecto debería enviarse al Parlamento antes de que termine el primer semestre de este año. Una vez ingresado, su avance y posterior promulgación dependerán de la rapidez con que se tramite, por lo que es difícil señalar una fecha exacta', advierte el senador.

Pugh cree que cuando esto pase, la principal discusión serán los aspectos técnicos que deberá regular la nueva ley y sus alcances, entre otros. A su juicio, una traba importante es la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre la duración de la tramitación y la calidad de la nueva ley, comprendiendo que la tecnología está avanzando rápidamente.

'En tal sentido, se debe avanzar también en la nueva Ley de Protección de Datos Personales, hoy con urgencia simple en su primer trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, como también en el pronto ingreso de una Ley Marco de ciberseguridad, que permita la protección de la infraestructura crítica de la información, esencial para el correcto funcionamiento de las Fintech', explica el senador.