Paso uno: el Estado detecta un problema social.

Paso dos: un actor de la sociedad civil (fundación, universidad u otro) postula a solucionarlo a un determinado costo en un plazo específico.

Paso tres: inversionistas privados se ofrecen a financiar el proyecto.

Paso cuatro: el programa se implementa.

Paso cinco: el programa se evalúa. Si no cumple su objetivo, los inversionistas que asumieron el riesgo no obtienen retribución y el Estado no malgasta fondos públicos. Si cumple, el Estado paga lo acordado a los inversionistas, quienes obtienen un retorno a cambio de su financiamiento.

Así funcionan los 'contratos de impacto social' (CIS), instrumentos creados en Inglaterra para dar agilidad y más eficacia a la inversión social que realizan los Estados y que hace un tiempo buscan abrirse un espacio en Chile.

'Para Chile es un modelo atractivo porque tenemos una serie de programas sociales públicos mal evaluados. Según la Dipres, en los últimos 10 años más del 60% de los programas sociales no cumplen con un buen estándar, lo que significa que varios millones de beneficiarios no son bien atendidos y un malgasto de recursos públicos. Los CIS permiten innovar bajo un modelo donde el que busca una solución a un problema social (idealmente el Estado) no arriesga sus fondos, ya que este riesgo se le transfiere al sector privado. Otra razón es porque Chile cuenta con un ecosistema y actores preparados para proyectos de inversión de impacto. Lo único que falta es que el Estado se involucre de una manera activa como promotor y financista de este tipo de proyectos', sostiene Rafael Rodríguez, jefe del área de Estudios y Desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.

La organización ha sido una fuerte impulsora del aterrizaje de los CIS en el país. En 2019 articuló un contrato para elevar los niveles de lectoescritura de los escolares de Estación Central. El plan se extendería por tres años, pero solo pudo operar el primero, ya que el programa que se ejecutaba era presencial y no pudo continuar durante la pandemia.

No obstante, Rodríguez destaca la experiencia: 'El modelo demostró cumplir con sus promesas; el pagador de resultados pagó solo por los resultados que se lograron durante 2019 y no por lo que no se logró en 2020 ni en 2021. El riesgo lo asumieron los inversionistas sociales que aportaron con el capital de trabajo necesario para implementar los programas sociales y fueron ellos los que perdieron parte de sus fondos (5%) y, por último, la fundación que operó el programa social, mejoró sus estándares en diseño, implementación y monitoreo'. Asimismo, este debut les permitió ir ajustando la forma de operar, para facilitarla y reducir los costos de gestión a futuro.

Es que la fundación está convencida de que los CIS pueden ofrecer buenas respuestas en el Chile pospandemia. 'Porque este modelo ayuda a los gobiernos a cuidar el uso efectivo y eficiente de sus recursos, lo que es muy importante en períodos de mayor estrechez fiscal, y también porque pospandemia se van a agudizar problemas sociales que necesitarán de la innovación y de buenos programas, y los CIS son un buen instrumento para ello', sostiene Rodríguez.

Creando Bien Público

Por ello, este año San Carlos de Maipo se alió con otras organizaciones y estructuró Bien Público, una corporación sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el desarrollo de proyectos de pago por resultados y los CIS.

'Bien Público es impulsada por nueve fundaciones. Es una organización que incentiva el buen uso de los recursos públicos y también de los filantrópicos, y que busca apoyar la mejora de competencias en las organizaciones que implementan programas sociales. Otro aspecto central es que se busca la colaboración entre los sectores público, privado, académico y filantrópico, que debería permitir la solución de problemas sociales a gran escala, a través de la mejora de los programas sociales', dice Rodríguez.

En la actualidad, está en un proceso de apoyo y selección de intervenciones sociales que promuevan la retención escolar, un problema que se ha agudizado por la pandemia del coronavirus. Además, capacita a las fundaciones y corporaciones sociales que son candidatas a implementar este tipo de proyectos de pago por resultados desde 2022.

'Estamos trabajando con diferentes organizaciones que implementan programas sociales para que éstas puedan generar los mecanismos necesarios que les permitan participar de proyectos de pago por resultado. Durante el segundo semestre, comenzaremos con el levantamiento de fondos públicos y privados y a fin de año esperamos hacer un llamado a inversionistas para que aporten el capital inicial necesario para implementar los programas a principios de 2022', explica Rodríguez.

Su mirada es optimista, ya que si bien diversos estudios sobre este modelo en la región han mostrado puntos a mejorar (como la necesidad de un marco legal adecuado y de instrumentos que permitan una medición fina de los resultados), los beneficios son mayores: 'En los países que se han implementado de manera adecuada, se ha logrado mejorar la política pública a través de un mecanismo que fomenta la innovación, la colaboración público-privada y la inversión de impacto social. Por el lado de los desafíos, se destaca que para que el Gobierno sea pagador de resultados, se deben desarrollar ciertos mecanismos y estabilidad que hagan del proceso algo posible por su institucionalidad y no solo por champions internos'.