Máquinas capaces de utilizar cientos de cámaras en una ciudad para encontrar a cualquier persona, dinero digital que no está respaldado por un banco, sino por una serie de complejas ecuaciones y personas conectadas todo el tiempo a la red. No es la trama de una película de ciencia ficción, sino la realidad de hoy que han traído las nuevas tecnologías y que han desatado un debate sobre el nivel de libertad con el que se les debe permitir actuar.

Internet, las redes sociales y las gigantes tecnológicas han facilitado la vida de todos, generado niveles de crecimiento económico inimaginables hace algunos años y aumentado la eficiencia de empresas y gobiernos, pero a la vez plantearon un desafío para las autoridades respecto de cómo regularlas. Estos son algunos de los frentes en esta batalla entre gobiernos, las grandes compañías digitales y quienes defienden la libertad total en la web.

• Control de las redes

La proliferación de redes sociales como Twitter, Facebook o WhatsApp —usadas diariamente por cientos de millones de personas— ha generado desafíos como el surgimiento de las llamadas 'noticias falsas' —campañas de desinformación en la red— o el uso que las compañías digitales hacen de la información personal de sus usuarios.

EE.UU. se volcó a atacar la desinformación en períodos electorales, pero optó por una legislación más laxa en otros temas. La Unión Europea (UE), en tanto, fue una de las primeras en resguardar a los usuarios con su Reglamento General de Protección de Datos (2018), que estableció disposiciones para proteger la información de los internautas. Países como China y Rusia optaron por una legislación dura, que limita algunas redes sociales y es criticada por silenciar a la disidencia en la web.

'Es importante proteger la libertad de expresión, pero los gobiernos deberían tener algún control sobre el flujo de información. No debería ser un requisito que cualquier país tenga que aceptar que una multinacional estadounidense entre en su esfera pública. Me gusta el enfoque de la UE', dijo a 'El Mercurio' Jose Marichal, autor de 'Facebook Democracy: The Architecture of Disclosure and the Threat to Public Life'.

En los últimos meses, la polémica se concentró en la libertad de expresión, tema que se calentó a inicios de año cuando Facebook y Twitter suspendieron las cuentas del entonces Presidente estadounidense Donald Trump.

La última de estas disputas fue con India, cuyo gobierno impuso nuevas reglas que le permiten monitorear la actividad en línea y exigen a las redes sociales remover cuentas de personas que han criticado políticas del Primer Ministro Narendra Modi. Twitter ha cumplido, en parte, las exigencias, pero el jueves aseguró que temía por la libertad de expresión de sus usuarios. El gobierno le advirtió que 'cumpla las normas del país' en lugar de 'dictar como debe ser la política legal de India'.

• Más impuestos

Las tecnológicas también enfrentan presiones impositivas de países que quieren que esas compañías paguen impuestos incluso si no están físicamente en su territorio. Uno de estos es Francia, que a fines de 2019 aprobó la tasa GAFA —por las iniciales de Google, Amazon, Facebook y Apple—, que grava los ingresos por ventas a las compañías digitales en el país. Desde entonces ha tomado varias medidas en esa línea. Alemania es otro de los países europeos que han impulsado normas, y a fines de 2020 la UE presentó su Acta de Servicios Digitales (DSA) y el Acta de Mercados Digitales (DMA), con las que quiere revolucionar la moderación de contenidos online.

En una línea similar, China aumentó las regulaciones contra las grandes tecnológicas del país, que antes parecían intocables, como Alibaba. En marzo, la compañía de delivery de comida Meituan, la gigante del comercio electrónico Pinduoduo y la aplicación de transporte DiDi fueron multadas con US$ 200.000 por prácticas anticompetitivas.

• Dinero digital

Las criptomonedas también están en el ojo de las autoridades. El miércoles, Irán prohibió por cuatro meses el 'minado' de bitcoin —como se conoce el proceso para generar esta criptomoneda— debido al masivo consumo eléctrico que se necesita para producirla. Usar energía eléctrica en ese país es sumamente barato, lo que lo ha llevado a ser el punto de origen de 4,5% del total mundial de bitcoin, según la firma especializada Elliptic.

El auge de las criptomonedas —de las que ya existen más de 10 mil tipos diferentes—, sumado a su volatilidad, ha llevado a distintos gobiernos a alertar contra su uso. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. advirtió que es 'una inversión altamente especulativa', mientras que China prohibió a las instituciones financieras y a empresas de pagos del país que presten servicios relacionados con las transacciones de criptomonedas. El gigante asiático tiene un problema similar al de Irán: el bajo valor del consumo de energía en el país ha llevado a que cerca de 65% del minado de bitcoin a nivel mundial ocurra ahí, según la Universidad de Cambridge.

A esto se añade el cibercrimen: muchos hackers aprovechan el anonimato que les entregan las criptomonedas y las usan para comprar en la Dark Web.

• Monitoreo social

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología usada hoy para tratar enfermedades como el cáncer, predecir el estallido de conflictos violentos, pero también es utilizada, por algunos gobiernos, para controlar a la población y ha llevado la propagación de noticias falsas a un nuevo nivel con la aparición de los llamados deepfakes: grabaciones falsas en las que se puede lograr que una personalidad, política o del espectáculo, diga cualquier cosa.

Desde 2015 varios países han impulsado normas en esta área. Reino Unido utiliza hace tiempo cámaras con IA para monitorear las calles y, más recientemente, para controlar el distanciamiento físico en medio de la pandemia. EE.UU. estudia el tema desde hace años, pero todavía no hay una legislación federal. La UE, en tanto, propuso una regulación en abril de este año que prohíbe sistemas de IA que provoquen 'daño físico o psicológico' a las personas. Esto último parece ser una referencia a China, el país que ha impulsado más el uso de IA para monitorear a la población y, según medios y ONGs, para controlar a minorías religiosas como los uigures.

'El problema actual en la regulación de la IA es que muchos legisladores no tienen una comprensión firme de la tecnología o cómo interactúa con problemas sociales complejos como la vigilancia, por lo que existe una tendencia a entender y abordar la IA como una cuestión estrictamente técnica', aseguró a este diario Rashida Richardson, experta en regulación de IA de la Universidad de Rutgers.

• Neuroderechos

Un área algo más nueva es la de los neuroderechos, como se conoce a la facultad que debe tener cada individuo para elegir cómo se usan los datos que puede obtener un computador de su cerebro o de si desea que implanten información en él. Ya hay diferentes máquinas y programas capaces de leer señales neurológicas.

Chile es pionero en esta materia y en octubre de 2020 se ingresó al Congreso una reforma constitucional para proteger la privacidad de los datos mentales. El proyecto fue aprobado en abril por el Senado y está en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Chile podría convertirse en el primer país en legislar en la materia, pero no es el único que avanza en el área. La UE ha estudiado el tema como parte de sus regulaciones sobre IA —que está estrechamente vinculada con los neuroderechos— y el gobierno español presentó en noviembre de 2020 su Carta de Derechos Digitales, en la cual a pesar de que no menciona directamente los neuroderechos, sí manifiesta que se debe 'garantizar la dignidad de la persona' en el empleo de las neurotecnologías.