Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la saturación sanitaria está llevando a los sistemas de salud a redirigir los recursos de los servicios de salud sexual y reproductiva, limitando el acceso a la planificación familiar; lo que supone un riesgo fundamental para las mujeres, quienes siguen necesitando acceso a métodos contraceptivos y a tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado, durante esta crisis sanitaria, para una atención precisa y de apoyo a las necesidades, protegiendo los derechos de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la seguridad y dignidad, evitando perpetuar normas de género dañinas, discriminatorias y desiguales hacia las mujeres.

Lo cierto es que la sobredemanda en el sistema de salud y priorización de atenciones por Covid-19 afectó la capacidad de respuesta para otro tipo de enfermedades o consultas, entre ellas las de salud sexual y reproductiva.

Investigaciones en la región señalan que las restricciones a la movilización para acudir a los centros de atención producto de las cuarentenas, más el temor de las personas a contagiarse del virus, agravaron el problema de atención. Estos antecedentes coinciden con la información levantada por la Corporación Miles, como la disminución en casi un 51% de atenciones en Salud Sexual y Reproductiva, en relación a períodos Enero-Junio 2019.

En marzo del 2020, Corporación MILES llevó a cabo la 1º Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva en pandemia. Sus resultados arrojaron que 1 de cada 3 personas tuvo problemas para obtener métodos anticonceptivos, siendo la población más afectada los adolescentes entre 13 y 19 años (44%), la mayoría pertenecientes al sistema FONASA y luego, aparecían las jóvenes entre 20 y 29 años.

¿Las razones? Falta de stock (35%) aumento de precio (30%) y temor de visitar centros de salud por riesgo de contagio (29%). Ante tales escenarios, 52% de las personas encuestadas señalaron que no pudieron acceder a métodos anticonceptivos; alrededor de un 20% de los encuestados acudió a otro lugar y una cifra similar, aceptó una marca o medicamento alternativo.

En este contexto es importante enfatizar que la responsabilidad última de asegurar el acceso a la salud reproductiva de todas las personas, pero especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, es del Estado. Este deber y compromiso se encuentra explicitado en los diversos acuerdos internacionales que Chile ha pactado y, además, en las normas de regulación de la fertilidad y en la ley 20.418 que exigen al Estado el cumplimiento en la entrega de anticoncepción y servicios de salud sexual aún en estados de emergencia como el actual, por tanto, el llamado a la ciudadanía es a acudir y solicitar los tratamientos comprometidos para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. Esa es la meta, hoy más que nunca.