a madrugada del 26 de junio recién pasado, 24 personas fueron detenidas en una fiesta clandestina organizada en una casa ubicada en la Calle del Arzobispo, en pleno corazón de Providencia. El evento ilegal, que consideraba el pago de entrada por parte de los asistentes, tuvo lugar en el segundo piso de una vivienda que está habilitada para uso residencial, mientras en el primer nivel funciona un restaurante.

Los dos pisos de la casa estaban arrendados y su propietario, Juan Carlos Cheyre (77), también es dueño del restaurante Les Assassins del barrio Lastarria, el que puso en venta debido al cansancio y al impacto de la pandemia. Cheyre cuenta que desde que comenzó la cuarentena dejó de recibir el pago del arriendo por el restaurante de Calle del Arzobispo, y que hace cuatro meses sucedió lo mismo con la renta del departamento del segundo piso, la que previamente, y a pedido de sus inquilinos, él había aceptado rebajar.

'Yo vivo de esos dos arriendos y ahora no puedo sacar a esas personas de mi propiedad', dice Cheyre, haciendo alusión a lo lento y engorroso del procedimiento legal vigente. 'Los miles de propietarios que estamos siendo víctimas de la sinvergüenzura de algunos arrendatarios que, apoyándose en la pandemia, han dejado de pagar sus rentas, sus cuentas de luz y agua, teniendo trabajos y condiciones para poder hacerlo, necesitamos justicia', reclama. Y agrega que, por ejemplo, el restaurante del primer piso nunca dejó de funcionar.

El impacto de la crisis provocada por el covid-19 ha sido fuerte y generalizado en el país. Sin embargo, también es cierto que en algunas situaciones esto se ha prestado para aprovechamientos, como el que denuncia Cheyre.

Según el listado de proyectos que consta en el Congreso, hay 43 leyes publicadas desde el inicio de la pandemia para apoyar a la población más vulnerable, y otros 107 proyectos de ley originados en mociones parlamentarias que han sido ingresados a trámite desde el 18 de marzo de 2020 en adelante. Estas iniciativas apuntan a diferir e incluso condonar pagos de créditos, servicios básicos, arriendos, colegiaturas y matrículas; permisos de circulación, derechos de aseo y diversos tipos de patentes, por parte de quienes han visto reducidos sus ingresos por la crisis. Otras, en tanto, apuntan a impedir la aplicación de acciones de cobro, como embargos de bienes, lanzamientos o cortes de suministro.

'Hay un proyecto que no permite el desalojo de quien no haya pagado los arriendos, pero resulta que hay gente que venía no pagando desde antes de la pandemia y que se ampara en este conjunto de iniciativas que tienen que ver con los efectos de la pandemia, pero que puede que no hayan visto afectados sus ingresos y deciden no cumplir con sus obligaciones, perjudicando a terceros', dice la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, quien concuerda en que este tipo de iniciativas pueden prestarse para aprovechamiento.

Estos 107 proyectos mencionados para diferir o condonar pagos e impedir el uso de acciones de cobranza —35 presentados en 2020 y 72 este año—, equivalen al 69% de las 156 mociones parlamentarias ingresadas a trámite a partir del 18 de marzo de 2020, con el objetivo de abordar materias económicas y laborales vinculadas con los efectos de la pandemia.

'Sin duda hemos enfrentado una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más grandes de las últimas décadas y eso a veces se nos pierde de perspectiva. Por lo mismo, es razonable que haya interés del Ejecutivo y del Legislativo por presentar propuestas y soluciones', dice el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, al ser consultado por el efecto de esta cantidad de iniciativas. Sin embargo, considera que 'luego de la agenda de mínimos comunes que sacamos adelante y que ya empezamos a ver la luz al final del túnel de la pandemia, es que debemos poner el eje ahora en la reactivación y en la recuperación de empleos'.

Más de 300 mil personas aún no devuelven el Bono Clase Media de 2020

Revuelo causó el año pasado el hecho de que 437.703 personas cobraran el Bono Clase Media sin cumplir los requisitos. Después de un período de verificación que concluyó a fin de año, se informó que solo 71.901 trabajadores dependientes restituyeron esos dineros, tras lo cual en abril el Servicio de Impuestos Internos (SII) procedió a emitir más de 300 mil giros, que corresponden a la notificación de esta deuda con el Estado, cuyo saldo, explicaron en la entidad, recién se conocerá dentro de algunos meses cuando finalice el proceso de la Operación Renta de este año.

Conocedores de estos mecanismos dicen que el cambio en el procedimiento de entrega en la versión 2021 de este bono prácticamente eliminó la posibilidad de que quien no cumpliera los requisitos pudiera recibir la ayuda estatal. Sin embargo, trascendió que lo que sí se descubrió en esta ocasión fueron algunos casos en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, relacionados fundamentalmente a la incorporación en el Registro Social de Hogares de un número mayor de personas como parte del mismo núcleo familiar de modo de quedar bajo el rango de $800 mil de ingreso por integrante del hogar, para acceder al beneficio.

En el frente de las cuentas de servicios básicos, la semana pasada la distribuidora eléctrica Enel decidió ir a la justicia para tratar de impugnar la orden de la autoridad de reponer el suministro a 97 de sus clientes de altos consumos que mantienen cuentas impagas y que no han solicitado los convenios de pago que estableció la Ley de Servicios Básicos, ni tampoco los sistemas de repactación que ofrece la compañía en el caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Lo que hizo la empresa fue aprovechar una ventana que se produjo entre el término de la Ley de Servicios Básicos, el 5 de mayo pasado, y la publicación, el 22 del mismo mes, de la norma que extendió su vigencia, para contactar a los 1.951 clientes de altos consumos (que superan entre cuatro y cinco veces el consumo de un hogar promedio) que tenían cuentas impagas. Y usó las gestiones habituales de cobranza, una carta certificada en la que informaban el monto de la deuda y las formas para regularizarla —a través de la ley o repactando con la empresa en caso de no cumplir los requisitos de vulnerabilidad—, y también mencionaban la posibilidad del corte de suministro, que sí estaban facultados para aplicar en ese período en que la ley de prohibición de cortes no estuvo vigente.

El saldo fue que con el solo envío de esa carta, que señalaba la posibilidad de corte, 668 clientes pagaron la totalidad de su deuda, lo que equivale al 34% del total, porcentaje que luego subió al 60% considerando a los clientes a los que sí les cortaron el suministro. Después, cuando la extensión de la ley entró en vigencia, la empresa repitió el ejercicio y envió 978 cartas en las que repetía el mensaje, pero sin la amenaza de corte, y solo fueron 54 los clientes que optaron por saldar su deuda, es decir, un 5,5%.

'Hemos ofrecido diferentes posibilidades de regularización al grupo de clientes de alto consumo morosos y no tuvimos ningún tipo de respuesta, es decir, no hubo un acercamiento a la compañía para normalizar. Solo cuando existió la posibilidad de realizar el corte de suministro por no pago, logramos que el 60% de esos clientes de alto consumo pagara su deuda. Estamos convencidos de que la Ley de Servicios Básicos tiene un problema, pues da el mismo tratamiento a situaciones que son completamente diferentes: una situación es la que están atravesando los clientes vulnerables que no pueden pagar la cuenta, y otra muy diferente es la de un grupo de clientes de altos consumos que pudiendo pagar no lo hacen. Es muy importante que quienes pueden pagar la cuenta, lo hagan en beneficio del sistema completo', explica Víctor Tavera, gerente de Mercado de Enel Distribución.

Morosidades en colegios llegan al 10%

Hace un año, en el momento más complejo de la pandemia, muchas situaciones de la vida diaria tuvieron niveles de morosidad mayores en relación con la afectación de los ingresos, lo que dio pie para hablar de aprovechamiento. Ese fue el caso, por ejemplo, de las colegiaturas, que de acuerdo con los datos de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), hace un año llegaron a un nivel de morosidad del 55%, tasa que para fines del ejercicio se había reducido y actualmente alcanza un 10%, según el presidente de la entidad, Hernán Herrera, quien precisa que en condiciones normales los impagos oscilan entre el 4% y 6%. 'Esta corrección muestra que el año pasado sí hubo gente que se aprovechó de la pandemia para no pagar', dice.

La misma situación se da a nivel de gastos comunes, que pasaron de niveles de mora de 60% el año pasado a un rango en torno al 20% a 30%, de acuerdo con las estimaciones de Nicolás Moreno, gerente general de Hapital, empresa de administración de edificios, quien precisa que el trabajo uno a uno con las comunidades y los deudores ha permitido reducir los niveles de deuda.

Alfredo Alcaíno, gerente general de AssetPlan, que administra edificios destinados íntegramente al arriendo, da una noción de la situación actual de morosidad, que a junio está en un promedio de 2% en aquella mayor a 30 días y en 0,3% en los casos superiores a 90 días, aunque advierte que estas cifras son más bajas que las del mercado en general.

Con todo, algunas de las empresas y entidades consultadas son reacias a la hora de hablar de aprovechamiento, pues —dicen— es complejo saber cuál es la realidad al interior de los hogares.

La industria sanitaria 'ha estado enfocada en cumplir su promesa de que a ningún cliente le falte el agua potable para hacer frente a la emergencia, aun si tienen cuentas impagas', dice la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jéssica López.

A junio la morosidad total de las empresas asociadas a Andess llegó a 722 mil familias que tienen más de dos cuentas impagas. 'Si bien esa cifra es inferior al peak de 895 mil familias en julio de 2020, las cifras son muy elevadas para los parámetros históricos de la industria', asegura López, quien detalla que de los clientes impagos, el 89% son hogares y, entre ellos, 60 mil que pertenecen al segmento social más vulnerable, y quienes tienen cuatro o más cuentas impagas deben en total $151 mil millones, unos US$ 200 millones. Sobre el pago a futuro de estas deudas, concluye: 'Debemos diseñar una solución pronto, no esperar al último minuto. Se requiere del trabajo coordinado con las autoridades de gobierno, el Parlamento, las empresas, los representantes de los consumidores, etc'.