'No estamos dispuestos a poner en riesgo la vida de ningún colaborador, pero tampoco estamos disponibles para seguir el juego de los violentistas. Sabemos lo que ellos buscan: amedrentar a los trabajadores y a las comunidades mapuches y no mapuches, para así despoblar y ocupar fundos que coincidentemente siempre tienen plantaciones en edad de cosecha'. Es la respuesta enfática y sin rodeos de Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, tras los nuevos ataques que se registraron el viernes 9 de julio en el Fundo Santa Ana-Tres Palos -propiedad de Forestal Mininco-, en la ruta entre Carahue y Tirúa, y que concluyeron con el fallecimiento del integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Pablo Marchant, y con el trabajador forestal Celerino González seriamente herido.

'Ante estos hechos yo me pregunto, ¿qué hicimos mal en la sociedad chilena para que un joven de 29 años, bien educado y formado, termine decidiendo que su vida tiene que ser dada a una causa armada? Eso es una tragedia, porque en el mundo de hoy nadie puede pensar que la manera de resolver los conflictos es por la vía armada', reflexiona preocupado el presidente de la Papelera.

Respecto al trabajador herido, Gazitúa asegura que la compañía ha estado pendiente de la salud de González y que pusieron a disposición de su familia, y de sus compañeros de faenas, toda la colaboración necesaria.

'Nuestro gerente general estuvo en la zona y conversó personalmente con ellos. Las faenas en el predio están suspendidas, al igual que, transitoriamente, en buena parte de la zona, porque nuestra prioridad es siempre la protección de nuestra gente', aclara.

Tras el ataque, las imágenes del velatorio de Marchant -escoltado por un grupo provisto de armas- acaparaban portadas y se viralizaban por las redes sociales. Y la guinda de la torta llegaría el miércoles 14 de julio con la declaración de guerra de la CAM en contra de las forestales -a través de un comunicado-, en el que también asumían la autoría de 15 atentados y criticaban el proceso constituyente por 'representar un acto de sometimiento al pacto colonial'.

'Hoy tenemos un comunicado de la CAM donde no solo le declara la guerra al mundo forestal, sino que se la declara a la Convención y a los constituyentes mapuches. No nos cansamos de decir que la inmensa mayoría del pueblo mapuche quiere prosperidad, tranquilidad y desarrollo; pero hay un grupo que piensa que la vía armada puede resolver los problemas y no sabemos cuál es su agenda', plantea Gazitúa.

El ejecutivo, quien asumió la presidencia de CMPC en 2016, en reemplazo de Eliodoro Matte, ha manifestado permanentemente sus intenciones de dialogar con el pueblo mapuche, ha viajado unas cuarenta veces a la zona, e incluso está aprendiendo mapudungun, y tampoco ha tenido pelos en la lengua para decir públicamente que no se puede seguir negando que el Estado chileno sometió al pueblo mapuche de cierta manera.

A pesar de todo lo ocurrido, Luis Felipe Gazitúa no pierde el optimismo: 'Yo sigo pensando que el problema tiene solución, aunque parezca iluso. Si existe la capacidad de dialogar y escuchar, habrá solución', reitera en esta entrevista.

-¿Se puede tener esperanzas aun cuando les declararon la guerra públicamente?

'En la práctica, hace más de 20 años que la guerra está declarada, desde que a fines de los años noventa partieron quemando maquinaria. Hoy la situación es mucho más compleja y evidente, pero también hay más impunidad. ¿Cómo se hace? Manteniendo la esperanza, porque la inmensa mayoría del pueblo mapuche y de Chile cree que la solución de los problemas está por la vía del diálogo y la paz, no por la violencia'.

-Considerando que el pueblo mapuche no cede en sus pretensiones de recuperar sus tierras, ¿han evaluado bajar la cortina, hacer la pérdida en La Araucanía, y explorar otros lugares dentro y fuera de Chile para producir celulosa?

'No. Nosotros no necesitamos la tierra, necesitamos los árboles. Si la solución pasara porque una parte de las tierras terminara siendo propiedad de comunidades mapuches y ellos, con nuestra asesoría, plantaran, desarrollaran y nos vendieran la madera, sería fantástico. ¿Cómo con esa perspectiva no vamos a ser capaces de buscar un camino entre todos para solucionar esto?'.

-¿Es realista avanzar en alguna solución de ese tipo?

'Por supuesto que es realista y lo estamos comprobando con algunos convenios que hemos establecido con comunidades mapuches. El mismo senador Huenchumilla lo planteó cuando era intendente: lo que la industria requiere es la materia prima, con seguridad de suministro. Pero resulta muy difícil avanzar con las comunidades cuando son reiteradamente amenazadas por estos grupos violentistas. De hecho, me encantaría contarle con nombres y ejemplos concretos, porque son casos de emprendedores que no renuncian ni a su cultura ni a sus demandas históricas, pero que debido a las amenazas y agresiones, que en algunos casos han terminado con gravísimos hechos de violencia, corren riesgos personales si son conocidos'.

'Este es un problema político que requiere, ante todo, soluciones políticas'
-¿Sigue en pie la disposición a sentarse a conversar con los líderes de la CAM, incluido Héctor Llaitul, u otros grupos que reivindican la violencia en la zona?

'Yo no me he reunido con Llaitul, pero nuestra gente sí. Estamos disponibles al diálogo sin excluir temas ni interlocutores. Eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y también lo hemos demostrado. No excluimos a nadie porque asumimos que cualquier persona que dialoga está, simultáneamente, renunciando a la violencia. Entendemos que quienes alardean de realizar actos de sabotaje se autoexcluyen. El senador Huenchumilla se refirió hace unos días en una entrevista a las gestiones que buscó hacer el Centro Nansen para la Paz. Fuimos también contactados y les manifestamos nuestra disposición a participar. Entiendo que los parlamentarios de la zona han estado también conversando, pero desconozco los resultados. Al final, pareciera que no hay más alternativa que esperar lo que pueda hacer un próximo gobierno. En todo caso, le advierto algo: Chile debe abordar este problema, pero se requiere un clima de convivencia que hoy no tenemos. Es decir, no ignoremos que en este momento lo urgente es la situación de violencia'.

-¿Estaría dispuesto a juntarse mañana con Héctor Llaitul?

'Estoy dispuesto a juntarme con quien esté dispuesto al diálogo. Alguien que declara que está en combate con nosotros no está en esa postura'.

-¿Hasta qué punto van a ceder y propiciar el diálogo?

'Hasta el punto que haya una solución. En La Araucanía no sobra nadie y lo que tenemos que hacer es ser capaces de resolver las demandas del pueblo mapuche, que tienen que ver con cultura, reconocimiento, prosperidad y con tierras. ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar una solución? Hoy el problema es la violencia y no existen las condiciones para sentarse a buscar una solución, porque lo que tenemos es una conversación con pistolas en la mesa'.

-¿Cómo se termina con la violencia en La Araucanía?

'El Estado tiene que cumplir su rol. Hay que hacerse cargo de que el problema está en grupos minoritarios. Existe en Chile una situación de violencia general y hay mucha gente que la ha normalizado, y volvemos al caso de Pablo Marchant, porque han logrado convencer a jóvenes de que la manera de resolver los problemas, como sociedad, es por la vía violenta'.

-En la situación actual, ¿qué esperan de parte del Estado y qué responsabilidad tiene este gobierno en particular?

'Sería injusto poner toda la carga sobre este gobierno, cuando la historia demuestra que los compromisos pendientes suman varias décadas. Hace más de 30 años que Patricio Aylwin comprometió a los lonkos, reunidos en Nueva Imperial, el reconocimiento constitucional. Y todavía esperan. Como han dicho entendidos en el tema, este es un problema político que requiere, ante todo, soluciones políticas. En lo que nos atañe a nosotros, por ejemplo, se dice que somos una industria con baja regulación y fiscalización, pero el proyecto que reemplaza a Conaf, una institución que fue creada durante el gobierno de Salvador Allende, lleva más de cuatro años de trámite legislativo y el primer proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas data de 2011. Mientras estas cosas demoran, la industria se ha acogido a un sistema de certificación internacional de alto estándar, que considera la opinión de las comunidades, que no es autorregulación, porque son terceros quienes auditan los procesos'.

-¿Le parecen justos los cuestionamientos que se han hecho respecto a que la compañía tiene efectivos policiales dentro de sus faenas?

'Quiero aprovechar su pregunta para aclarar una confusión que he visto en algunas declaraciones: las medidas de protección permanente las solicita la fiscalía y las ordenan los tribunales, siempre con el objetivo de proteger a las personas, nunca a los bienes físicos o instalaciones forestales. Y para que no se diga que las policías se dedican a cuidar nuestras operaciones, le doy otro dato: hoy tenemos en operación 207 faenas forestales simultáneas y solo en siete de ellas existen medidas de protección permanentes decretadas por tribunales. La compañía destina más de US$ 35 millones anuales a labores de protección y seguridad, sin guardias armados como a algunos también se les ha ocurrido inventar'.

'La industria forestal no es la causante de este problema y no me canso de decirlo'
-¿Cómo logra una empresa forestal ser sostenible en estas condiciones?

'Primero teniendo esperanza. No tenemos las soluciones, pero creemos que podemos ser parte de esa solución. La industria forestal no es la causante de este problema y no me canso de decirlo. El problema con el mundo mapuche se arrastra hace 200 años y como industria forestal llevamos 50 años en La Araucanía. Entendemos que porque somos grandes se nos culpe de todos los males y eso siempre ocurre en la vida. Nos tomamos esto como un desafío y creemos que podemos ser parte y contribuir a la solución. Lo que me parece insostenible es que nuestro país no sea capaz de enfrentar una situación de violencia que mantiene sometidas a miles de personas en la Región de La Araucanía. Durante la semana en Temuco hubo filas en las estaciones de servicio por el riesgo de desabastecimiento. Si eso ocurriera en Santiago estarían todos los actores políticos abocados a una solución. Aquí no se trata solamente de la industria forestal. Recorra, por ejemplo, el camino entre Curacautín y Lautaro y encontrará decenas de fundos agrícolas 'marcados' por supuestas comunidades'.

-¿Por qué por más que se intente dialogar con el pueblo mapuche nada resulta y parece un tema perdido?

'Porque es evidente que existen grupos violentistas que nos les conviene ni interesa la solución del problema. Abusan y utilizan la legítima causa mapuche para vestir sus ideologías e intereses económicos. Muchos de ellos ni siquiera son mapuches y algunos han sido detenidos en el norte de Chile con cargas importantes de drogas. Eso no representa ni tiene ninguna relación con las demandas de las comunidades que yo conozco y con quienes he tenido la oportunidad de compartir, debatir y disentir'.

-¿Hay narcoterrorismo en la zona?

'Eso tendría que preguntárselo a las policías y a los órganos de la justicia. En nuestro caso, somos testigos y víctimas del incremento en el robo de madera y todo indica que hay grupos violentistas que disfrazan sus delitos como causa mapuche. Estamos hablando de robo a escala industrial, equivalente en un año a más de 28.000 camiones cargados completos de madera robada. Y antes que nos digan que somos las mismas empresas las que nos robamos, porque también he escuchado esa genialidad, déjeme decirle que el 80% de lo que se roba corresponde a pino para aserraderos y en CMPC no compramos pino aserreable a terceros'.

-¿El sector empresarial, al que usted pertenece, ha hecho lo suficiente frente a este problema o predomina el negacionismo respecto del pueblo mapuche?

'Creo que es bastante evidente que todo el país ha ido, paulatinamente, asumiendo una visión más realista y completa del problema. Aquí nadie sobra, porque La Araucanía tiene potencial suficiente para la convivencia entre distintas industrias y culturas. Las personas demandan productos más amigables con el medio ambiente, prefieren los envases de papel antes que el plástico y les gusta la madera como material de construcción. Para todo esto se requiere de plantaciones renovables y certificadas, que además han permitido que en los últimos 50 años se mantenga e, incluso, crezca en el margen la superficie de bosque nativo'.

-Considerando que, lejos de ceder, la violencia recrudece, ¿qué salida ve usted para resolver este conflicto?

'Separemos las cosas. Una cuestión es el problema de la violencia y para eso debemos comenzar por un consenso y condena unánime, así como habilitar a nuestras policías, que cuentan con el monopolio del uso de la fuerza, para disponer del capital social y de las herramientas técnicas y humanas suficientes como para ejercer el control efectivo. En lo que respecta a la problemática mapuche, que es utilizada por los violentistas sin que ello refleje el sentir de las comunidades, existen suficientes diagnósticos que abordan las deudas del Estado, comenzando por el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, convocada en 2001 por el Presidente Lagos. Los compromisos incumplidos también están bien documentados. Y los pasos a seguir también están sobre la mesa, especialmente a partir de los acuerdos unánimes que alcanzamos en 2016 en la Comisión Vargas. Ahí está el punto de partida. El tema, más bien, es por qué no hemos podido avanzar'.