Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Hemos observado los últimos días la creciente participación de niños y jóvenes en bandas criminales que ejecutan delitos contra las personas con inusitada violencia, mediada muchas veces por el consumo de drogas y alcohol.
En el año 2017 junto a Fundación Paz Ciudadana, la Fundación San Carlos de Maipo impulsó el Primer Estudio sobre Inimputables en Chile, el que señaló que el actual Sistema de Justicia no contemplaba una regulación específica destinada a detectar, derivar e intervenir a niños menores de 14 años con conductas delictivas. Según la evidencia de ese año, los distintos actores del sistema no distinguían a estos niños de aquellos vulnerados en sus derechos, alterando su registro y, por ende, imposibilitando su tratamiento efectivo. En la práctica significaba que los niños inimputables quedan “invisibilizados” por el sistema, porque eran ingresados como niños vulnerados en sus derechos, sin posibilidad de que reciban un tratamiento efectivo que permita cortar sus carreras delictuales o que, a nivel de políticas públicas, se priorice en una oferta programática especializada para ellos. Son alrededor de 2.200 los niños inimputables identificados como tales, con ingreso a las comisarias del país cada año por conductas constitutivas de delito.
El trabajo de Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana abordó 515 estudios en un año de investigación, también se enfocó en detectar qué programas de intervención, y basados en evidencia, son implementados de forma exitosa en nuestro país, entre los que destacaron la Terapia Multisistémica (MST); Triple P; Terapia Funcional Familiar (FFT); Comunidades que se Cuidan (CTC); Familias Unidas (FU) y Paz Educa. Asimismo, junto a estos programas, el Estudio propone algunos internacionales como Life Skills Training y Treatment Foster Care.
Desde aquel año, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha desarrollado el Sistema Lazos y aumentado significativamente su cobertura, con foco, no solo en el tratamiento, sino en la prevención temprana, también el nuevo Servicio de Protección Especializada aborda en su diseño la oferta para este grupo objetivo y será necesario ver la disponibilidad y el desarrollo de mecanismos de derivación que resuelvan el acceso y la invisibilidad de las familias que buscan la rehabilitación de un niño tempranamente involucrado en el delito.
En consecuencia, es necesario impulsar de manera urgente una agenda larga que llegue antes, cuando existen los factores de riesgo que harán que un niño abandone el colegio y esté a merced de narcotraficantes y delincuentes, una agenda de oportunidades para su desarrollo positivo, con espacios protectores en que pueda socializar positivamente, resolviendo las inequidades territoriales que profundizan la exclusión, donde las familias se fortalezcan y la comunidad de soporte de manera organizada a las necesidades de la infancia. Tenemos la convicción que la participación de niños a temprana edad en delitos violentos puede revertirse si invertimos en prevención social, si logramos impulsar políticas locales efectivas y lo hacemos con la gente en sus barrios, con los padres o abuelos que sufren cuando les arrebatan el presente y futuro a quienes solo quisieran ver crecer felices.