Hace diez días se inició la conformación de una organización que busca defender la tenencia responsable de armas de fuego, en el contexto de la discusión que se está dando en el Congreso que busca modernizar la Ley de Control de Armas.

Hablamos de la Asociación Chilena del Rifle, que propone como su misión principal 'el derecho de todos los chilenos y chilenas respetuosos de la ley a poseer y utilizar responsablemente armas de fuego para proteger su vida, familia y patrimonio. Así como en la práctica deportiva, el coleccionismo y la cacería, como una herramienta que permite colaborar en el equilibrio de los ecosistemas'. Hasta ayer tenían más de cuatro mil inscritos en su página web.

Javier Laurido, encargado del departamento jurídico de la asociación, comenta que lo que se han propuesto inicialmente es 'trabajar en la redacción de materiales y documentos de alto contenido técnico que permitan, mediante fuentes comprobables, demostrar la validez de nuestros puntos'.

En ese sentido, destaca que el proyecto 'tiene que separar con claridad las dos problemáticas que hay con respecto a la ley de armas. Por una parte, el control de la delincuencia, que va por una línea completamente distinta al libre ejercicio de poder realizar las actividades que la ley le permita'.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, responde a lo planteado por la asociación: 'La señal que tenemos que dar como Estado, respecto de la peligrosidad y el riesgo de las armas, tiene que ser muy clara. Y eso implica una regulación más intensa a quienes quieran poseer armas de fuego, ya sea para fines de defensa personal, de seguridad privada e incluso para deportistas y cazadores. Ellos tienen que ser conscientes de que esas armas pueden ser utilizadas eventualmente para la comisión de delitos y, por lo tanto, tienen que ser especialmente cuidadosos y estrictamente regulados'.

Mientras que para la experta en seguridad pública y académica de la U. de Santiago, Lucía Dammert, 'más allá de la evidencia científica, de los estudios internacionales y de las consecuencias sociales y políticas que puede tener este tipo de temas, me parece que acá hay una búsqueda política e incluso financiera. Si bien uno puede encontrar mecanismos para mejorar hoy los registros, creo que el hecho de que tengamos restricciones para el porte de armas es un paso adelante y lo que propone esta asociación es retardatario, es ir para atrás en un tema donde justamente tendríamos que avanzar en mayores niveles de control'.

Para Dammert, la idea de 'justicia en mano propia, o del ‘ojo por ojo', y finalmente de mecanismos de autoprotección, solo se pueden legitimar en situaciones donde no hay Estado de Derecho. Acá hay dos policías que tienen el uso monopólico de la fuerza y creo que mientras menos acceso tenga la población a armas es mejor'.

Se suma al debate el general (r) de Carabineros Aldo Vidal, quien asegura que 'la asociación como tal defiende un interés legítimo que tiene que ver con una actividad deportiva y/o recreativa. Las armas, dependiendo de su uso, pueden estar en manos de expertos, autorizados, regulados y fiscalizados. Lo importante es definir bien las exigencias, el tipo de armas y perfiles de esas personas y fiscalizar en forma permanente'.

Respecto del combate al crimen organizado, el general (r) asevera que 'el foco debe estar puesto en el porte y tenencia ilegal, por una parte aumentar la fiscalización focalizada, el trabajo investigativo dirigido, que permita desbaratar el comercio ilegal'.

El proyecto para modernizar la ley de armas se debate en la comisión unida de Defensa y Seguridad de la Cámara Alta. El senador Álvaro Elizalde (PS), integrante de la instancia, asegura que se deben 'establecer restricciones y requisitos muy exigentes para la tenencia de armas. La experiencia comparada indica que países con mayores restricciones tienen menores tasas de homicidios, y basta comparar las tasas de Estados Unidos con Reino Unido'.

En esa línea, el congresista sostiene que 'lo importante es elevar los estándares de seguridad, y menos armas se traduce en menos violencia'.

Por su parte, el senador Kenneth Pugh (ind.), también integrante de la comisión, añade que se debe 'hacer una diferenciación conceptual entre armas para prácticas deportivas, armas de caza y armas de colección, con armas para la defensa personal, de defensa de la familia y del hogar'. Y complementa que 'el derecho a la legítima defensa personal existe, es un derecho humano, y solamente en la medida en que se logre que la sociedad completa, sin exclusiones, renuncie a la violencia como método de conseguir algo y entregue al Estado el monopolio absoluto y completo del uso de la fuerza legítima, entonces es razonable exigir el desarme completo de la sociedad. Mientras eso no sea así, no se puede negar el legítimo derecho a la defensa propia'.

Cierra el debate el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien reflexiona que 'hay que diferenciar el destino de las armas que se inscriben. Aunque en todos los casos un descuido del propietario legítimo puede llevar una arma a manos inapropiadas, su uso deportivo, de caza, de coleccionismo y de defensa representan riesgos diferentes y, por lo tanto, deben ser reconocidos y tratados de manera diferente en la ley'.

Johnson asegura que hay distintos motivos para restringir la disponibilidad de armas en la población, como que 'países con tasas más altas de tenencia de armas tienen tasas más altas de homicidios'. O que en el caso de legítima defensa, 'no previene el ingreso de un delincuente a la vivienda, como sí una doble cerradura, o una amplia gama de medidas preventivas que se deberían preferir'.

Concluye que 'si se sabe que hay un arma en una vivienda, esta se transforma en un blanco más atractivo para un delincuente'.