Una intervención de los presidentes de veinte sociedades médicas, que son entidades de carácter científico que reúnen a destacados profesionales de las diferentes especialidades de la medicina, ha puesto en el foco del interés público un proyecto de ley que se tramita en el Senado por iniciativa de senadores de distintas orientaciones políticas. Si bien solo está en su primer trámite legislativo, la falta de interés de los senadores por escuchar a los especialistas ha provocado su reclamo. El proyecto tiene por finalidad regular los precios de los exámenes de laboratorio y otras prestaciones del área de la salud, de modo de acercarse a una mayor estandarización en ellos.

Hace diez años, afirman los senadores autores de la propuesta, el Sernac realizó un estudio sobre los precios que cobran distintos laboratorios y clínicas, que reveló grandes diferencias entre ellos. En ese estudio se recogieron marcados contrastes en los cobros por día-cama, por consultas médicas, por exámenes, por imágenes y por procedimientos. También, dicen ellos, tomaron en consideración algunas investigaciones periodísticas publicadas en la prensa que tendían a demostrar la persistencia de las diferencias cinco años atrás. Naturalmente, muchas de estas discrepancias pueden explicarse por diferencias de calidad y de experiencia, en especial en todas aquellas en las que intervienen en forma crítica los profesionales. Pero, a juzgar por la decisión de los senadores, no les pareció correcto que existieran estas discrepancias en los exámenes y procedimientos, pues las asimetrías de información son tan profundas que los pacientes no tienen elementos para discutir la orden del médico y solo pueden acatar su sugerencia, incluida la del lugar donde deben ser realizados.

El problema ha surgido por la solución que han propuesto los parlamentarios, que se centra en tomar como base el arancel del Fonasa y permitir mínimas desviaciones a las clínicas y laboratorios privados. Los especialistas hacen ver la opinión unánime del cuerpo médico en el sentido de que tales aranceles están tan desvinculados de la realidad que son considerados la principal causa del desfinanciamiento crónico del sector público. Resultaría imposible para cualquier establecimiento renovar sus equipos y mantenerse con la última tecnología si se utilizan esos aranceles como base para crear una banda de precios. La obsolescencia en equipos médicos ha sido muy estudiada y, si bien no hay una única respuesta, la Organización Mundial de la Salud afirma que el ciclo de vida de los dispositivos es de 18 meses, lo que implica que las organizaciones privadas, siempre buscando satisfacer las exigencias de sus clientes, deben estar continuamente evaluando, cotizando y adquiriendo nuevos equipos. En el sector público no es así, ni lo que se cobra pretende cubrir esos requerimientos, puesto que se financian a través del presupuesto nacional con una proporción menor de aporte de los pacientes.

El público simpatiza con la intención de los senadores de buscar la mejor forma de mantener precios razonables para los exámenes de salud, pero a la vez se da cuenta de que a la larga una iniciativa como la que objetan los médicos puede perjudicar a todo el sistema. El senador Quinteros, quien preside la Comisión de Salud, ha señalado buena disposición para escuchar, pero insiste en calificar de abusos las diferencias que no ha podido explicarse. Las inmensas distancias en equipamiento y tecnología, además de complejidad, infraestructura, experiencia y especialización profesional, rapidez de operación y muchas otras variables, tendrían que ser estudiadas antes de llegar a calificar estas situaciones y, desde luego, hay que comparar las condiciones actuales con las que se desarrollarían si se llega a aprobar el proyecto como está.