El impacto que la pandemia está teniendo en la infancia es por cierto un factor importante a la hora de discernir el retorno a clases. En efecto, la falta de socialización, el hacinamiento, las exigencias del aprendizaje a distancia, los problemas de convivencia, son situaciones que afectan de múltiples formas a niños, niñas y adolescentes, según su etapa en el desarrollo.
Suponer efectos generales en la infancia es desconocer esta realidad. Las necesidades en primera infancia y las respuestas frente a los actuales contextos difieren absolutamente a las necesidades que tiene la adolescencia. En efecto, durante el confinamiento, la infancia ha quedado mayormente expuesta a situaciones de vulneraciones graves; como violencia intrafamiliar o eventualmente abuso sexual, sin que los agentes protectores tradicionales -escuela y consultorio- tuvieran capacidad para derivar oportunamente.
En este sentido la disminución de las denuncias más bien obedece a la dificultad para canalizarlas, no a la disminución de la prevalencia, más aún cuando por ejemplo se detecta un mayor número de llamados por violencia contra la mujer y existe -eventualmente- una relación directa con los casos de violencia intrafamiliar. Por ello es que, junto con el retorno a clases, es prioritario recomponer las capacidades preventivas de ambientes protectores, como también disponer de oferta local para una mayor demanda de atenciones que incluya, entre otras, situaciones derivadas del consumo problemático de alcohol y otras drogas, que en nuestro país afectan a cerca de 17 mil niños/as menores de 18 años.
Asimismo, es de vital importancia fortalecer las capacidades de padres y cuidadores para evitar que los factores de riesgo que se han incrementado durante la pandemia, conduzcan inexorablemente a conductas problemáticas.
Para ello existen algunos esfuerzos tantos públicos como privados de dotar de una oferta sólida y con evidencia disponible para familias y comunidades. Es el caso de los programas Familias Unidas y PMTO implementados por Fundación San Carlos de Maipo para fortalecer la crianza y el involucramiento parental, elementos claves para prevenir conductas como consumos problemáticos, deserción escolar, delincuencia y otros que afectan el normal desarrollo positivo de la infancia. La fundación, de la Sociedad del Canal de Maipo, desde el 2014 implementa adicionalmente el Sistema Comunidades que Se Cuidan, conjuntamente con la Universidad de Washington, albergando una oferta de programas preventivos con Evidencia para estos fines. Por su parte, el Sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito lleva más de 10 años en un proceso de implementación de una oferta preventiva, con altos estándares en la población infanto-juvenil en proceso de ir ampliando sus coberturas.
Es importante conocer estas experiencias para escalarlas en la oferta pública de manera significativa a nivel local. Por cierto, un actor relevante en este proceso debiera ser la Subsecretaría de la Niñez, que cuenta entre sus funciones con el rol preventivo en estas materias. Los desafíos post pandemia para el retorno a Clases requieren de liderazgo y articulación desde el Estado, con el apoyo de la Sociedad Civil, a fin de garantizar que la prioridad no sólo será recuperar los aprendizajes académicos, sino sobre todo mirar el desarrollo integral de cada niño/a en sus contextos territoriales.