Con cada vez mayor frecuencia se proponen o dictan leyes en el Congreso que no se hacen cargo de las complejidades de la temática involucrada, o bien, que no consideran adecuadamente las negativas consecuencias que de sus artículos se derivan. Ejemplo han sido los sucesivos retiros de fondos previsionales, donde incluso gran parte de quienes los aprobaron lo hicieron reconociendo que se trataba de una mala política pública. Hoy, en tanto, se discute en el Senado la fijación de precios para los exámenes de laboratorio, propuesta que ignora cuestiones como la oportunidad y urgencia con que ellos se requieran, o la variedad y complejidad de los exámenes necesarios de ser ofrecidos por una institución. A su vez, recurrentemente se plantean iniciativas tan contradictorias como reducir el impuesto a las gasolinas —lo que incentivaría el uso de combustibles fósiles— o adelantar el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, pero sin considerar que, por la falta de capacidad de transmisión que hoy enfrenta el sistema, ese adelantamiento solo incrementaría el uso del también contaminante diésel.

Es interesante al respecto la distinción que algunos académicos hacen entre la 'función intrínseca' de la ley, que se manifiesta cuando ella codifica alguna concepción de 'derecho, justicia o moral', y su 'función instrumental', que se consigue si, además, logra moldear las conductas hacia el propósito buscado. De este modo, puede ocurrir que iniciativas bienintencionadas pero que no se hacen adecuadamente cargo de sus efectos en las conductas de personas u organizaciones consigan un resultado distinto o hasta contrario al perseguido. En el caso de los retiros, por ejemplo, fueron justificados como una forma de ayudar —en rigor, con su propio dinero— a las personas en un momento de emergencia, pero el resultado afectará gravemente sus pensiones futuras y las finanzas del Estado, con efectos permanentes profundamente nocivos. Otro caso es el del royalty minero aprobado por la Cámara: si bien su objeto es captar para el Estado una mayor proporción de los retornos que esa actividad genere, está basado en supuestos simples y llega a tasas impositivas tan altas que podría ahuyentar las inversiones y, de este modo, recaudar menos recursos que si se hiciera cargo de las complejidades involucradas, evaluando los costos y beneficios de sus cláusulas.

Una posible causa de este fenómeno es la paulatina devaluación del juicio experto que se ha venido instalando en la sociedad chilena y, en particular, en el Congreso. Así, los laboriosos cálculos y las cuidadosas evaluaciones que de ese juicio surgen, y que permiten anticipar de mejor manera los resultados de una medida, son sustituidos por el mero instinto moral de los legisladores. Ello, a su vez, puede provenir del hecho de que, habiéndose resquebrajado los consensos que sostuvieron los últimos 30 años de desarrollo, las críticas a que esos consensos dieron lugar instan a los parlamentarios a impulsar iniciativas que pretenden modificar los criterios que los sustentaban, pero al costo de sacrificar la evaluación de las consecuencias; un ejemplo es cuando, simplistamente, se descalifica como 'neoliberal' todo análisis de los efectos económicos de un proyecto. Con todo, no cabe descartar una interpretación más cínica: que como el objetivo de algunos es generar un cambio radical de sistema, una forma de lograrlo sería la inestabilidad que legislaciones desprolijas generan.

En cualquier caso, dada la complejidad de los fenómenos en los que se desenvuelve la vida en las sociedades contemporáneas, desatender al juicio experto —que, por lo demás, admite sutilezas y discusiones— es un equivocado camino para alcanzar la prosperidad.