Señor Director:

El pasado 20 de julio un grupo de parlamentarios de oposición ingresó una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por incentivar la apertura de las escuelas y las clases presenciales, argumentando una vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y una amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Es difícil darle sentido a esta acusación cuando toda la evidencia demuestra la urgencia para el bienestar de niños y jóvenes de retomar la presencialidad.

Basta con escuchar las declaraciones de las directoras de Unicef y Unesco pidiendo el retorno a clases presenciales para 'evitar una catástrofe generacional', afirmando que lo que los niños y jóvenes han dejado de recibir durante estos 18 meses puede que no se recupere jamás; la pérdida de aprendizaje, las dificultades psicológicas, la exposición a la violencia y el maltrato, la ausencia de comidas y vacunas en la escuela, o la limitación de las habilidades sociales. Todas estas consecuencias afectarán el rendimiento educativo de los niños y su participación en la sociedad, así como su salud física y mental.

Tomando esto en consideración, nos parece que el ministro no hizo más que cumplir con su deber, focalizando sus esfuerzos para que los estudiantes, de manera voluntaria, puedan regresar a clases presenciales, resguardando siempre la seguridad de toda la comunidad a través de protocolos que orientan a los establecimientos a un retorno seguro.

Frente a este escenario, nos preguntamos: ¿de qué sirven las investigaciones y estudios que han publicado organizaciones a nivel mundial, demostrando con evidencia la baja tasa de contagio que ocurre en las escuelas? ¿Para qué sirven los consejos asesores y creación de protocolos por parte de expertos, si luego se acusa de faltar a su deber a quien toma decisiones basadas en fuentes que suelen escuchar quienes promueven la acusación (Unesco, Unicef, Banco Mundial)?

La verdad es que los que faltan a su deber son quienes ponen primero la disputa política antes que la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.