Un documento con una serie de modificaciones a la manera en que se cobra el impuesto territorial hizo la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En el texto, que se da en el marco de la aprobación por parte de una de las comisiones del Consejo Constitucional de una enmienda del Partido Republicano que exime de contribuciones a las viviendas principales, el gremio sostiene que hoy se hace 'necesario' explorar propuestas destinadas a 'corregir las distorsiones' ocasionadas por las contribuciones de bienes raíces.

Para hacerlo, el gremio liderado por María Teresa Vial considera fundamental reconocer que se trata de un impuesto patrimonial. 'A partir de esta premisa, es esencial que este impuesto se calcule considerando el patrimonio real de las personas', dice la dirigenta.

El gremio plantea cambiar el cálculo del patrimonio inmobiliario que será afecto con la contribución, basándolo en el valor de adquisición de los bienes raíces.

Por ejemplo, si se compra una propiedad en 1.000 UF, grafica, es porque en ese momento el flujo le permitió al contribuyente hacerlo. 'Si aceptamos que el Estado no puede prescindir de la recaudación de estos impuestos, al menos debemos morigerar el impacto inherente a la tasación fiscal, que tantos efectos perjudiciales puede generar', señala Vial.

La CCS también asegura que deben considerarse cambios a la manera en que se reajustan los impuestos territoriales.

Ponen el ejemplo de una persona de clase media que adquiere una propiedad en el momento de su vida en el que tiene mayores ingresos y capacidad de pago, a menudo gracias a préstamos o generación de riqueza. 'Es posible que esta persona nunca vuelva a tener la capacidad de comprar otra propiedad o una de mayor valor. En el momento de la adquisición de su vivienda, ese fue el punto álgido de su riqueza o patrimonio. Por lo tanto, no parece apropiado imponerle impuestos sobre un supuesto aumento en su patrimonio debido a la revalorización de la propiedad familiar', señala la cámara.

Una solución, dice la CCS, es que el aumento podría considerarse como un incremento patrimonial en el momento en que se realice, es decir, cuando la propiedad se venda. Así, los impuestos solo se pagarían cuando la persona realice el aumento de su patrimonio como resultado de la obtención de ganancias por la venta de la propiedad.

'Esta propuesta eliminaría las numerosas historias de personas que no pueden hacer frente a las contribuciones de bienes raíces adquiridos hace décadas debido a la revalorización que realiza el Estado de dichas propiedades', argumenta el gremio.

Mayores de 65 años

Para morigerar el efecto del impuesto en las personas de la tercera edad, sugieren eximirlos, por ejemplo, del pago sobre una propiedad por persona o, alternativamente, proporcionarles un subsidio directo para permitirles hacer frente a este costo.

'Esta medida también debería permitirnos eliminar numerosos casos de deterioro patrimonial y de calidad de vida', recalca Vial.

Otras opciones que el gremio pide explorar son modelos de adaptabilidad de las contribuciones ante cambios de valores de la propiedad, y subsidios que permitan financiar temporalmente parte del aumento del impuesto, focalizados en segmentos más vulnerables y de mayor edad, entre otros.

En este contexto, el gremio considera 'inevitable' la necesidad de modernizar la forma en que se determina y aplica el impuesto territorial y agrega que debiera ser parte de los esfuerzos del Gobierno para consolidar un nuevo pacto fiscal.