Controvertido, arbitrario, poco democrático, paralizador de actividad y generador de pérdidas de puestos de trabajo. Esos fueron algunos de los calificativos que los preocupados gremios agrícola y minero asignaron a la decisión del pleno de la Convención Constitucional de ratificar —el martes en la noche— un polémico artículo relacionado con restitución de tierras indígenas. Esto, en el marco de la aprobación de las últimas disposiciones transitorias que se incorporarán al borrador de la Constitución que se aprobará o rechazará en septiembre en el plebiscito.

En resumen, el artículo señala que en un año se convocará a una Comisión Territorial Indígena, que presentará propuestas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, que estará integrada por representantes de pueblos indígenas, del Estado y personas de reconocida idoneidad, que funcionará por cuatro años, prorrogables por dos.

'Nos preocupa porque es una norma arbitraria y poco democrática. Además de ser un ente expropiatorio, plantea una obligación para el dueño de un predio o propiedad. Esto podría hacer que la actividad que se produce en el territorio se paralice, creando serios problemas económicos para el dueño, quien no podrá seguir desarrollando su actividad', sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), manifestó que 'el tema de las definiciones y los criterios para calificar un territorio como territorio indígena es muy delicado y será siempre sujeto a controversias'.

Consideró como 'lógico' que entre los miembros de la Comisión Territorial 'haya representantes de organizaciones de pueblos y naciones indígenas, pero estas organizaciones tienen que ser genuinas', indicó. Hernández comentó que 'la experiencia de la minería en las consultas previas relacionadas con la aplicación del Convenio OIT 169 no siempre ha sido buena, pues en Chile el pertenecer a un pueblo originario es una elección personal y hemos visto muchas organizaciones que en realidad son grupos de campesinos o comunidades que se agrupan como pueblos originarios sin serlo y con el único objetivo de mejorar su posición negociadora durante la tramitación de los permisos para poder ejecutar un proyecto'.

Consultado Cristián Allendes respecto de lo que podría hacer un particular que es identificado como dueño de tierras que sean calificadas como traspasables a grupos indígenas, sostuvo que 'detendrá su actividad, tendrá que recurrir a la justicia o contratar abogados. El proceso se judicializará'. El timonel de la SNA agregó: '¿Qué pasa si esa propiedad es una gran mina o una empresa? Cientos de puestos de trabajo se perderán, sería problemático para el propietario y, seguramente, la comunidad del sector'.

Cuál será la delimitación

Diego Hernández afirmó que 'el otro tema polémico es la delimitación de los territorios'. Al respecto indicó que 'en esto hay que tener criterios muy objetivos, pues Chile podría ser considerado en su totalidad como territorio indígena o en el otro extremo, limitarse a los sectores poblados o con actividad agrícola y pastoril'.

Asimismo, el presidente de la Sonami se preguntó '¿cuál sería el criterio para los pueblos nómades?'. Por ello, señaló que 'el gran desafío es evitar los conflictos de interés y que estas reivindicaciones territoriales no se transformen en un riesgo adicional y en un desincentivo para las actividades económicas'.