Recientemente, el Coordinador publicó el 'Balance preliminar de compensaciones', que indica el monto total que deben pagar las centrales térmicas por sus emisiones, conocido como impuesto verde.

Parte de este impuesto es cobrado a la totalidad de generadoras que retiran energía del sistema, tanto para clientes libres como para regulados, y según las últimas cifras conocidas, se observó una disminución del 18% en el valor que deben pagar los retiros con respecto al año 2020 como compensación.

Sin embargo, según Acera —gremio que reúne a las firmas renovables—, en 2021 hubo incrementos en las emisiones totales que significaron 1,8 millones toneladas de CO2 adicionales, lo que equivale a aumentar el parque automotor en 394 mil vehículos, cifra que representa un año de ventas de la industria de autos nuevos en Chile.

Las razones que explican esta variación son, principalmente, la caída de la generación hidráulica (-21%) y la recuperación de la demanda eléctrica post crisis sanitaria (+4,8%). A pesar del aumento de la generación ERNC en un 27,7%, igualmente se requirió elevar la generación térmica en un 6,9% para balancear la oferta y demanda eléctrica del 2021, lo que redundó en un alza en las emisiones globales del parque de generación.

Desde la esquina de las fuentes renovables ven con preocupación estas cifras, ya que gran parte de estas compensaciones son pagadas por el sistema en su conjunto. Acera apunta a que como la meta declarada del tributo es la reducción de emisiones contaminantes, 'como primera medida se debiese incorporar el impuesto como parte de los costos variables de las centrales emisoras de CO2'. Esto, considerando que el objetivo del impuesto es la reducción de emisiones contaminantes.

Pero actualmente la normativa indica que todos los generadores afectos al pago de las compensaciones desembolsan el mismo valor unitario, y consecuentemente, las empresas que presentan un mayor nivel de contratación son aquellas que deben asumir un mayor monto por compensación.

En esta línea, la analista de riesgo de Ecom Energía, Daniela Halvorsen, agrega que con el sistema actual, los principales afectados son los usuarios, ya que a ellos se les traspasan los costos de estos impuestos.

'Debemos generar mejores incentivos para que estos costos se atribuyan de mejor forma a la inyección de energía o la capacidad instalada, pero no a los usuarios, y también que generen efectivamente incentivos a comprar un tipo de energía por sobre otro', sostiene Halvorsen.

A modo de comparación, desde Ecom explican que en Chile el cobro del impuesto verde es de US$ 5 por tonelada de CO2, mientras que en Europa el precio que deben pagar las empresas que generan emisiones es de US$ 60 por tonelada. En Estados Unidos el valor varía, dependiendo de cada estado, entre US$ 5 y US$ 15 por tonelada.

'Es muy importante entender en mayor profundidad cómo se recauda dicho impuesto en esos países, ya que en Chile parte de este impuesto se traspasa directamente a los consumidores', explica Halvorsen.

Por su parte, desde Acera insisten en que, teniendo en consideración que el objetivo declarado del impuesto es la reducción de emisiones contaminantes, como primera medida se debiese incorporar el impuesto como parte de los costos variables de combustibles utilizado para el orden de mérito del despacho de las centrales.

'Esto permitiría que el costo de la externalidad de las emisiones sea considerado efectivamente por el Coordinador al momento de realizar la programación de operación del sistema, reflejando el verdadero costo de utilizar fuentes fósiles contaminantes. Por otra parte, permitiría eliminar el mecanismo de compensaciones, entendiendo que el impuesto estaría incluido en el costo marginal del sistema', asegura el ingeniero de Estudios de Acera, Felipe Gallardo.