En la reciente cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el compromiso del gobierno con levantar una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de Sename. Es evidente que una medida como la propuesta viene a reconocer el incumplimiento del Estado respecto a la protección de la niñez más vulnerada durante décadas. Sin embargo, es muy importante establecer cuál es el marco de esta instancia, si es que ella limita su alcance, sin considerar todo el espectro institucional, que no se agota en Sename, sino que se expresa en amplios entornos de desprotección ante la negligencia de los cuidados que el Estado debe ejercer sobre la Niñez.
Desde luego ello nos lleva a mirar en profundidad lo que ha estado pasando al interior de “Mejor Niñez” y que no tuvo ningún espacio de reflexión en la cuenta pública. Por ejemplo, nada se dijo sobre cómo resolver las listas de espera que afectan a más de 40 mil niños, o la atención en salud mental urgente para más de 14 mil. Tampoco los alcances de la política nacional de cuidados en fortalecer el Derecho a Vivir en Familia, incluso en los contextos de cuidados alternativos, como lo es en los modelos de “Familia de Acogida”, que carecen de una oferta especializada y segmentada según niveles de riesgos, con una subvención también diferenciada que permita atender requerimientos cada vez más complejos. 
Asimismo, por estos días hemos conocido un nuevo informe del Poder Judicial sobre el seguimiento a las visitas en las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada, donde se da a conocer que casi un 40% de los centros residenciales -con administración del estado- se encuentran sobrepobladas, registrándose reiteradamente una situación crítica referida a la salud mental. Es tan grave, que se han conocido casos de niños que han llegado a la justicia acreditando daño físico y emocional de años de institucionalización. De hecho, el tercer Juzgado de letras de Copiapó acogió una demanda en dicho sentido y es plausible pensar que en la medida que hoy existe una mayor exigibilidad en torno a las leyes de niñez, como la ley del Sistema de protección Integral, se vaya avanzando en una clara jurisprudencia que interprete en los efectos la responsabilidad a lo menos civil del Estado.
 Esto no es menor, porque el reconocimiento que el Estado hace al daño en los entornos institucionales que dependen de él, en su función ejecutiva o de garante, debiera conducir a acciones cada vez más sustantivas que responsabilicen la falta precisamente en sus roles de cuidado y protección. De ahí que reviste especial preocupación la omisión en la cuenta pública, frente a la grave crisis que enfrenta, el servicio “Mejor Niñez” en la actualidad. Hoy son miles de niños en grave riesgo físico y emocional por incumplimiento en la provisión urgente de servicios del Estado. Los elementos que hacen justificable una mesa de reparación para las víctimas de Sename se reproducen en tiempo presente y en magnitudes importantes al interior de la nueva institucionalidad. Nuestro país está enfrentando una seria crisis en la niñez más vulnerada, niños que mueren víctimas de la delincuencia, otros reclutados por ella, la violencia que se instala junto con la droga y llega a la sala de clases. Niños invisibles, algunos desaparecidos desde el mismo lugar en que el Estado se comprometió a cuidarlos, niños -lamentablemente olvidados- incluso en los discursos políticos y en las agendas sociales. Niños que no pueden esperar más. Dejemos de llegar tarde.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo