Varios documentos reunió en su cuarto informe la plataforma 'Actuar es Urgente' —que busca monitorear, prevenir, incidir y dar seguimiento a las recomendaciones que ha recibido el Estado para acabar con la explotación sexual infantil— para identificar el perfil de las víctimas de este delito en el país: mientras en 2022 fueron 953, en 2023 la cifra aumentó a 1.231.

Se trata mayoritariamente de mujeres (86%) y sus edades van entre los 14 y 17 años (64%), según datos entregados en marzo pasado por la Subsecretaría de la Niñez en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.

También se constató, dice el reporte, que las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío han tenido las mayores cifras de denuncias de delitos sexuales en lo que va del 2024, de acuerdo a datos de la Fundación Amparo y Justicia; en tanto, las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama fueron las tres con mayor aumento de víctimas entre 2022 y 2023.

Además, se indica que hubo un aumento de 45,7% a nivel nacional en el reporte de casos de abuso sexual entre 2019 y 2023.

'Aún no tenemos un plan de acción'

'Tenemos un diagnóstico claro, hay informes de la Defensoría de la Niñez, del Poder Judicial, de distintas fundaciones y comisiones, sabemos dónde están las víctimas, en qué regiones viven, qué características tienen, cuál es el perfil del victimario, pero aún no tenemos un plan de acción con una oferta programática acorde a esta situación tan grave', señala Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo.

Se hace necesario, agrega, un análisis que considere las diferencias territoriales de este delito, 'incorporando variables estructurales, contextuales y emergentes, que permitan un accionar preventivo y protector, y que no solo se active posterior a las denuncias cuando el daño a las víctimas ya está hecho'.

El director ejecutivo de María Ayuda, Ignacio Concha, comenta que trabajan principalmente con menores de 6 a 12 años, 'donde el 30% de causas de ingreso fueron por abuso sexual o violación durante 2023'.

'Es muy preocupante ver cómo han aumentado las cifras y consideramos que es fundamental tener un plan para abordar esta temática', afirma.

Por su parte, María Elena Santibáñez, consejera de la Fundación Ciudad del Niño y de Amparo y Justicia, precisa que 'probablemente los números sean mucho mayores, considerando la dificultad que existe en pesquisar este tipo de redes'.

'Es importante hacerse cargo de esta realidad como país y efectivamente es alarmante el aumento que ha existido', añade.

Alerta en residencias: Uno de cada 10 niños

Según un informe de 2021 del Hogar de Cristo, por las dinámicas de las residencias del sistema de protección, los menores 'son más vulnerables a tipos de violencia y abuso sexual'.

Para Santibáñez, aquello demuestra 'cómo desde estos lugares, que debiesen estar destinados a proteger a estos adolescentes, sobre todo mujeres, que están siendo víctimas de redes de explotación sexual, no han sido capaces de hacerlo y, todo lo contrario, muchas veces estas redes cuentan con personas que cooperan desde el interior de las residencias, lo que les ha permitido seguir desarrollando este tipo de explotación sexual'.

Una de cada 10 menores en estos recintos, según datos de Mejor Niñez, han levantado circulares alertando riesgo de explotación sexual en 2023, 'y estimamos que más de un 30% de las mujeres en residencias entre 14 y 17 años ha sido víctima de explotación', comenta Rodríguez.

Santibáñez también advierte la complejidad de investigar estos delitos: 'Muchas veces estas jóvenes no se sienten víctimas, por lo mismo, se complejiza su colaboración en los procesos investigativos y, además, considerando el entorno en que se desarrolla este tipo de explotación sexual, no se fomenta la denuncia'.

'Es importante contar con profesionales y personal capacitado y sensibilizado con este fenómeno, así como con mecanismos de control periódico para prevenir e intervenir tempranamente frente a estas redes; sin embargo, ello supone la movilización de todos los organismos que deben intervenir y de la comunidad local completa, que muchas veces permanece inmóvil', explica.

Desde María Ayuda afirman que cuentan con 'un plan de acción para la promoción de derechos, la prevención y el abordaje de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes'.

'Es primordial trabajar en estos ejes, ejecutando acciones en los distintos niveles de atención y capacitar (...) a los equipos con asesoría experta. Por otro lado, es necesario mantener un trabajo coordinado con las policías y jueces, para actuar a tiempo', precisa Concha.