El mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos muestra que actualmente en Chile existen 131 disputas de este tipo, 74 activas y 33 latentes. Por esto, con el objetivo de abordar la problemática, el país ha avanzado en la implementación de diversas normativas que buscan establecer responsabilidades y sanciones sobre los efectos de los sectores productivos en el medio ambiente.

Uno de los hitos en esta materia fue la implementación de la Ley marco de cambio climático en 2022, la cual crea un marco jurídico para enfrentar la crisis, además de establecer la meta local de carbono neutralidad para el 2050. A esto se suma la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas e incluso la nueva Ley de delitos económicos, la cual incluye como delitos de segunda categoría aquellos que atentan contra el medio ambiente, lo que ha cambiado el escenario para las empresas a nivel de cumplimiento.

'Los estándares de cumplimiento son una herramienta de gran utilidad para avanzar hacia la reducción de la huella ambiental', asegura el abogado socio de Grupo Alianza, Andrés Devoto, sobre la importancia de estas regulaciones para el ecosistema empresarial. A su juicio, incorporar estas modificaciones permite que las industrias participen en el mercado global de manera competitiva, fortaleciendo su reputación y compromiso con la sostenibilidad.

Una visión con la que coincide el socio líder de mercados regulados y derecho público de Albagli Zaliasnik (AZ), Antonio Rubilar, para quien todas estas políticas y cumplimientos normativos van a generar una defensa para las organizaciones 'si es que el día de mañana un trabajador de la empresa comete un error en materia ambiental, que lleve a un daño medioambiental'.

Greenwashing y otros retos

Asimismo, Rubilar menciona que contar con este tipo de regulaciones es fundamental, pues tanto en Chile como en el mundo se está desarrollando una mala práctica conocida como 'greenwashing', que hace referencia a cuando una empresa da la apariencia de tener un estándar de cumplimiento ambiental, pero realmente son políticas que 'están en un cajón o no funcionan', precisa el ejecutivo. En ese contexto, enfatiza que esta práctica es muy delicada en términos de reputación, y da como ejemplo casos de Estados Unidos en que esto ha sido causal de demanda por parte de consumidores.

Para la directora de sustentabilidad de Coca-Cola Chile, Paola Calorio, el principal desafío que enfrentan las empresas en esta materia es asumir su responsabilidad como parte integral de la sociedad.'No somos un actor aparte, somos uno más en la búsqueda de soluciones', acota.

'La regulación y cumplimiento legal debe considerarse como una tarea transversal y no asociada solo al área regulatoria o de medio ambiente, si se quiere tener un cumplimiento efectivo y duradero en el tiempo', sostiene Empresas Iansa sobre cómo han abordado estas modificaciones legales dentro de sus operaciones.

Bajo la perspectiva de la firma, diseñar una hoja de ruta respecto a cómo se logrará la carbono neutralidad de aquí al 2050 es clave para cumplir con la Ley marco de cambio climático. La empresa también destaca los esfuerzos que han realizado para reducir los materiales utilizados en los embalajes, disminuir el gramaje de los envases y priorizar el uso de materiales reciclables para cumplir con lo establecido por la Ley REP. Y si bien plantean que, en general, la industria alimentaria ya cuenta con experiencia en la adopción y cumplimiento de estas normativas, valoran la implementación de este marco regulatorio, pues 'sumado a una correcta ejecución de los involucrados nos permitirá avanzar de manera más rápida en la materia'.

Sobre la inclusión de delitos contra el medio ambiente contemplados en la nueva Ley de delitos económicos, Rubilar dice que se tiende a pensar que las empresas más expuestas son las de la minería.'Eso no es tan así', aclara, puntualizando que son muy diversas las organizaciones e industrias que tienen el potencial de generar daños de este tipo, por ejemplo, eludiendo el sistema de evaluación de impacto ambiental o entregando información falsa o incompleta, algo en lo podría incurrir cualquier empresa, aclara. A su juicio, el ecosistema empresarial debería preocuparse de tener políticas y estándares que les permita atajar cualquier tipo de incumplimiento para evitar estos escenarios.

Entre los factores que podrían incidir en que se configure un delito contra el medio ambiente en el marco de la nueva ley, Devoto identifica la falta de una adecuada evaluación y análisis previo de los riesgos socioambientales al planificar proyectos o actividades.