Tiene menos de 14 años y una vida marcada por el abandono. Las drogas le arrebataron su afecto más seguro, incapaz de darle el cuidado que un niño necesita. No hubo programas capaces de detener este circuito, apenas de identificarlo. No hubo psiquiatras, ni tratamiento, como no lo hay para miles de niños en espera, no hubo apoyo escolar y, aunque los abuelos trataron de hacerse cargo, ante las amenazas y violencias no pudieron contenerlo. El tribunal procede, como se hace en estos casos, a declarar la inimputabilidad por su corta edad. En Chile, la inimputabilidad penal se aplica a niños menores de 14 años, que no son considerados responsables penalmente por sus actos.
Esta historia que lleva a un niño a participar de un delito tan grave como un homicidio comienza desde mucho antes, pero llegamos demasiado tarde, llegamos a historias de abandono, de rechazo y discriminación, cuando ya cuidar significa una amenaza.
Se presume que, anualmente, más de 2.800 niños que delinquen lo hacen antes de cumplir 14 años. Involucrados en hurtos y otros delitos contra la propiedad, pero también y, de manera creciente, delitos graves contra las personas, como portonazos y encerronas; evidenciando un inicio cada vez más temprano. Niños que debieran estar aprendiendo en una sala de clases, lo hacen en la calle, excluidos del sistema, invisibles.
De hecho, en 2017 la Fundación San Carlos de Maipo impulsó el estudio "Intervenciones Destinadas a la Prevención de Conductas Delictivas en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) No Imputables Penalmente", evidenciando que el actual sistema de justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar e intervenir a menores de 14 años con conductas delictivas.
El informe, en un meta análisis de más de 500 estudios, detectó que la oferta pública solo contaba con el programa Terapia Multisistémica, implementado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender al universo de niños menores de 14 años en problemas con la ley. Posteriormente se sumó otro programa más. Sin embargo, evidentemente una oferta pública insuficiente, a pesar de la existencia de oferta de calidad y disponible en el sector privado.
Lamentablemente, la Terapia Multisistémica sólo cuenta con 2.900 cupos, para un universo de cerca de 40 mil niños involucrados en delitos, quienes bajo la ley penal adolescentes son inimputables. Niños invisibilizados, como generalmente lo han sido toda su vida, que presentan síntomas que se repiten cual enfermedad: Exclusión escolar y social, consumo problemático, modelos parentales ligados al delito. Las trayectorias delictivas graves en niños y adolescentes son identificables y podemos actuar a tiempo, pero se requiere de una oferta preventiva de calidad, con evidencia y cobertura que no disponemos en la oferta pública, basta con revisar las evaluaciones de Dipres y Desarrollo Social a los programas de reinserción y protección, o las que en el ámbito estrictamente preventivo operan en aquellos catalizadores como el consumo de drogas o la exclusión escolar.
No podemos seguir esperando. Necesitamos cambiar el parámetro de la oferta por aquella que garantice resultados, con evidencia sólida y disponible en el Sistema de Protección Integral de la Niñez, que tiene el mandato de la Promoción y Prevención a nivel local, a través de las oficinas locales de la niñez, con la potestad administrativa que debiera articular a los servicios del Estado. Debemos avanzar con velocidad y vigorosamente hacia ello.
Esperamos que la Política de la Niñez, recién promulgada, se haga cargo de la profunda crisis que están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes, es necesario no sólo contar con los recursos, sino que invertirlos con certeza en lo que funciona. Hoy, por ejemplo, pese a la ley de Inclusión y a los programas de desarrollo socioemocional, la educación preescolar no cuenta con acceso a un financiamiento SEP o programas similares al PIE para párvulos.
Entonces, de cara al Presupuesto 2025, ¿será prioridad la niñez? ¿Los presupuestos se asignarán en base a la más sólida evidencia, erradicando programas que no cuenten con ella, para dar paso a los que pueden cambiar vidas? ¿O tendremos que esperar que víctimas y victimarios, niños y adolescentes, sigan una trayectoria dolorosa en total abandono? Invisibles hasta que un certificado de antecedentes o de defunción diga lo contrario.