La etapa de Envases y Embalajes de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley REP) cumplió en septiembre un año calendario desde su implementación, normativa que estableció obligaciones y metas ambiciosas para el sector industrial, que es responsable del 40% del total de los residuos de envases y embalajes generados en el país.

Por ser el único Sistema de Gestión en Chile dedicado exclusivamente para Envases y Embalajes no domiciliarios, ProREP tiene un diagnóstico especializado de lo que está sucediendo en el sector industrial. «El 2023 fue un periodo de declaración corto, de tres meses, y sirvió de aprendizaje tanto para la autoridad como para los actores regulados.

Este 2024 entramos a una fase de ajuste que requiere la participación de todos los involucrados. Nuestra opinión es que aún estamos a tiempo de corregir las distorsiones asociadas a la Ley REP», sostiene su gerente general Pedro Álamos.

Señala que Chile está enfrentado los mismos desafíos y brechas que ocurrieron en Europa cuando implementaron esta normativa hace 30 años, pero se agrega un factor adicional: nuestra realidad geográfica. «Que es muy similar a la de otros países de Latinoamérica, que tienen una ciudad como el polo más importante, donde todo pasa.

Además las fronteras son más complejas, con desiertos, cordilleras, lagos que sortear».

NECESIDADES Resolver los desafíos de logística, transporte y desarrollo de capacidades de clasificación y reciclaje a nivel territorial, es una necesidad que ProREP plantea para que los sectores productivos ubicados en las regiones no queden ajenos o rezagados, especialmente la industria minera, que, a juicio de Pedro Álamos, tiene el potencial de convertirse en un referente en materia de cumplimiento ambiental.

«Es tiempo que la Ley REP sea mejor canalizada hacia regiones, y el primer paso es llegar a las empresas afectas, para que aumenten su adhesión a los Sistemas de Gestión, que en regiones es muy baja», señala.

El análisis de ProREP es, a diferencia de las empresas que están en la Región Metropolitana, que esto ocurre principalmente por desconocimiento o simplemente por desinterés en cumplir con la norma. Por ello recomiendan fortalecer la comunicación e información desde una perspectiva positiva de la economía circular, destacando sus beneficios económicos y ambientales, entendiendo las particularidades de su actividad y ubicación geográfica.

«Hasta ahora creemos que esta responsabilidad se ha delegado solo en los Sistema de Gestión, y aquí debe estar la autoridad, en un esfuerzo mancomunado y robusto, donde también pueden colaborar los gremios relacionados con empresas productoras y proveedoras de la actividad minera».

Uno de los temas que el ejecutivo descarta, es la revisión de metas y plazos ya establecidos para Envases y Embalajes no domiciliarios, una alternativa que considera la Ley REP cada cinco años. «Sería una muy mala señal, porque desincentivaría las inversiones y la instalación de capacidades que nuestro país requiere con urgencia, sobre todo en regiones».

Finalmente, Pedro Álamos advierte sobre el peligro de caer en la sobrerregulación.