Viernes 18 de octubre de 2019. Ya iban dos semanas de protestas, protagonizadas principalmente por estudiantes, luego del anuncio del alza de $30 del precio del pasaje del metro en hora punta y $10 para los buses, que regiría en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Pero ese día las manifestaciones recrudecieron al punto que Metro debió cerrar toda la red.

La principal noticia, a media tarde, eran los miles de capitalinos caminando en un Santiago con sus calles colapsadas. Sin embargo, lo que se veía como una crisis de movilidad, tomó ribetes distintos cuando en diferentes puntos de la capital comenzaron a producirse hechos de violencia. Encapuchados encendían barricadas y rompían señalética, comenzaron los saqueos a recintos privados y estaciones de metro se quemaban de manera simultánea.

Ese fin de semana, las manifestaciones ciudadanas y los actos vandálicos se repitieron en regiones. El catastro de los primeros días arroja que entre ese viernes y el domingo 20 de octubre, 80 de las 136 estaciones de metro fueron dañadas —11 completamente quemadas—, el Ejecutivo decretó estado de emergencia, primero en Santiago y luego en varias de las principales ciudades del país; hubo 545 eventos graves según datos del Ministerio del Interior con información de Carabineros; gran parte del comercio, afectado por saqueos y otros ataques, cerró sus puertas; y hubo 11 muertos.

Fue el inicio de la mayor amenaza de fractura institucional en el país desde la recuperación de la democracia. Lo que partió con violentas protestas y la ciudadanía pidiendo las más variadas demandas con consignas como 'Chile despertó' (ver nota en D 10) tuvo implicancias en el debate público, la violencia se relativizó (ver D 16 y D 17), se impactó la economía (ver D 11) y tensionó el ambiente político al punto que sectores políticos pedían la renuncia del Presidente (ver nota en página enfrentada). El gobierno de Sebastián Piñera ajustó su gabinete y anunció un paquete de medidas sociales, pero nada impidió que se acusara constitucionalmente al exministro del Interior Andrés Chadwick —acción que fue aprobada— y se presentaran dos libelos contra el mandatario, ambos rechazados. La salida institucional que consiguió la clase política fue un proceso constitucional para elaborar una nueva Carta Fundamental, que terminó por fracasar luego de dos intentos. Según muchos, Chile todavía no logra recomponerse de los múltiples efectos del estallido.

La mirada ciudadana, cinco años después

¿Cómo recuerdan los chilenos los hechos de hace cinco años? A días de cumplirse el quinto aniversario del 18-O, una encuesta de 'El Mercurio' y Black&White midió la percepción ciudadana. Y entre los encuestados, la mayoría reconoce que cuando rememora el estallido de 2019 siente frustración (35%), rabia (24%) y tristeza (20%). Solo un 1% lo hace con alegría (ver infografía).

'El estallido de octubre del 2019 albergaba la esperanza de cambios, que finalmente giraban en torno a denunciar y eliminar las desigualdades e injusticias, y terminó siendo un fiasco por su politización y hechos de violencia', interpreta Paola Assael, socia de la encuestadora Black&White. 'La evaluación que queda es mala, junto con una sensación de frustración, rabia y tristeza, y una mayor división de los chilenos', añade.

Otros resultados dan más luces sobre el punto. El 48% afirma que el estallido dividió a los chilenos y el 51% considera que fue mayoritariamente negativo, coincidente con los resultados de la última encuesta CEP que mostró cómo con el pasar de los años ha caído el apoyo a las protestas.

Pero, ¿qué fue lo sucedido ese octubre de 2019? La mayoría (57%) responde que fue un movimiento, en algún grado, manipulado políticamente: 29% cree que eso ocurrió desde el inicio y 28% que tuvo aspectos genuinos y luego fue manipulado. Igualmente, el 31% cree que se trató de una manifestación social genuina y 12% lo califica como un hecho de violencia injustificable.

Asimismo, al consultar a los encuestados si los identificaban las demandas que surgieron durante el 18-O, el 40% afirma que algunas, pero se mezclaron con otras que no consideran prioritarias y el 26%, que no, porque respondían a intereses de grupos pequeños. El 34% dice que las demandas lo identificaban completamente.

Para Assael, 'el estallido tiene dos componentes fundamentales, que son la legitimidad social de las demandas, en que la mayoría se sentía identificado con las demandas parcial o completamente; y la violencia y politización, que llevaron a la destrucción y el caos. Es justamente la violencia y politización la que desvaloriza el estallido, que hoy se considera mayormente negativo'.

Carabineros y FF.AA., los mejores evaluados

Al evaluar hoy el desempeño durante el estallido de distintos grupos o instituciones, la ciudadanía es crítica y nadie aprueba. Eso sí, quienes obtienen una mejor nota promedio son Carabineros y Fuerzas Armadas, con una calificación de 3,9 en una escala de 1 a 7. Superan al gobierno de Sebastián Piñera (3,3), la entonces oposición al mandatario (3,2), los organismos de Derechos Humanos (3,1), la llamada 'primera línea' (3,0) y la fiscalía y tribunales (2,5).

'Las fuerzas del orden se han revalorizado a tal punto después del estallido que hoy son las mejor evaluadas en el país. Junto con una reflexión más reposada del estallido hay una nueva lectura de su labor, en que hoy se les percibe haciendo el mejor esfuerzo por resguardar el orden público, aun en condiciones desmejoradas frente a los delincuentes, y bajo la amenaza de que los juzguen y condenen por violaciones a los derechos humanos, como lo ocurrido con el ex general Ricardo Yáñez', apunta Assael. Por el otro lado, agrega, 'el sistema de justicia está en el suelo. Nunca ha tenido una buena evaluación, y hoy su mala evaluación se ve agravada por dos cosas fundamentales. En primer lugar, la delincuencia y el narcotráfico están desbordados, y se responsabiliza en gran parte al sistema de justicia que no es capaz de encarcelar y mantener encarcelados a los delincuentes. En segundo lugar, el caso Audio y sus aristas, los casos de corrupción y colusión, han dado sustento a la percepción de que la justicia es injusta, que se encarcela la pobreza, y que los ricos y poderosos se las arreglan y salen impunes'.

Saqueos, quema del metro y violaciones a los DD.HH., lo peor

Enfrentados a una lista de situaciones que ocurrieron durante el 18-O, los hechos considerados más graves por los encuestados son los saqueos al comercio (69% cree que son extremadamente graves), los incendios en el metro, iglesias y otros monumentos (67%) y las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto (50%).

Por el otro lado, la mayoría (29%) opina que decretar estado de excepción constitucional y toque de queda fue 'nada grave'. Esas decisiones en 2019 fueron duramente criticadas por sectores de la oposición a la administración de Piñera que en los días de mayor violencia en las calles afirmaban que no se sentarían a dialogar con el gobierno con el país 'militarizado'.

En tanto, la recordada frase del exmandatario 'estamos en guerra (...)' es calificada como extremadamente grave por el 40% de los encuestados, 17% dice que fue muy grave y 9%, bastante grave.

Brecha generacional

Al analizar los resultados llama la atención que existen diferencias significativas entre las respuestas de los más jóvenes (entre 18 y 34 años) y el resto de los consultados.

Por ejemplo, en ese grupo, son más quienes opinan (37%) que el estallido fue mayoritariamente positivo, que fue una manifestación genuina (47%), que el 18-O no unió ni dividió a los chilenos (37%) y que las demandas los identificaban completamente (46%).

Asimismo, en este grupo la mayoría considera poco grave los ataques y vandalización a la estatua del general Baquedano (31%), poco grave 'el que baila pasa' (35%) y nada grave el enaltecimiento de la figura del perro 'Matapacos'.

'Esto nos muestra que los jóvenes y los más adultos viven en planetas distintos. Los jóvenes son más rupturistas, radicales, impulsivos, acostumbrados a la inmediatez, más de izquierda', cree Paola Assael.

Entre las razones para estas diferencias, la profesional menciona que los jóvenes 'no han vivido una dictadura, ni la transición de la dictadura a la democracia, que fue un elemento unificador en torno a este bien superior, que fue recuperar y consolidar la democracia. (...) No tienen que criar hijos y pagar cuentas. La educación es mala, la exigencia a los alumnos ha disminuido, la llamada tómbola o algoritmo mató a los bastiones de la excelencia y movilidad social, lo que disminuye el discernimiento y templanza de los jóvenes. La irrupción de la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, han provocado una demanda por la inmediatez, quieren todo aquí y ahora'. Añade que, también, 'son más soñadores'.