Ayer, en un evento en San Joaquín, el Gobierno promulgó la nueva ley de cumplimiento tributario, también conocida como ley antievasión y elusión, que establece una serie de medidas para reforzar los mecanismos de fiscalización y las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), además de aumentar las sanciones y penalizaciones para aquellos que incurran en faltas.

Ante la inminente entrada en vigencia de la nueva normativa que se suma a los cambios introducidos por la ley de delitos económicos, las empresas ya trabajan en un conjunto de iniciativas para enfrentar los desafíos.'Deben crear o actualizar sus sistemas de prevención y control y disponer de las herramientas necesarias para cumplir con la ley', explica la senior manager tax de PwC Chile, Bárbara del Campo, mientras apunta que otro desafío está en el desarrollo de medidas internas 'muy profundas' en materia de ética, transparencia y cultura organizacional.

Así, la necesidad de contar con políticas tributarias internas y marcos de control fiscal robustos -aplicables transversalmente al grupo- se volverá una urgencia, dice el socio adjunto de conocimiento en políticas tributarias de EY, Víctor Fenner, a lo que añade cambios como la incorporación del denunciante anónimo respecto de materias tributarias que puedan ser constitutivas de un delito tributario, lo que bajo su perspectiva también pondrá a prueba los procesos y matrices de riesgo internos en materia fiscal.

'Esta nueva 'visibilidad' que el SII tendrá, sin duda, deberá tenerse en consideración a la hora de elaborar los protocolos que exige la nueva regulación', precisa.

No obstante, Fenner resalta que tras las modificaciones existe un incentivo: el concepto de sostenibilidad tributaria incorporado en la normativa, que permitirá a quienes diseñen e implementen exitosamente este tipo de políticas certificarse oficialmente como sostenibles.

'Esta certificación avala la disposición de la organización para cumplir con sus obligaciones fiscales y fomentar sinergias con la administración tributaria, lo que facilita una relación más fluida con la autoridad', detalla el director de tax & legal de BDO, Claudio Cerda. Recalca que, para ello, será fundamental contar con un programa sólido de cumplimiento tributario.

Comercio digital y reorganizaciones

En el ámbito económico, el mayor impacto de la modificación 'se sentirá en las empresas que operan en el comercio digital', asegura la asociada tax de Addyra Consultoría, Claudia Sossa, quien detalla que con la entrada en vigor de la ley, los operadores de plataformas digitales de intermediación -conocidas como plataformas de marketplace- tendrán la obligación de solicitar a los oferentes de bienes y servicios que demuestren haber iniciado actividades y que cumplan con sus obligaciones tributarias. Para esto será necesario esperar las resoluciones del SII con respecto a estas medidas.

Los operadores y proveedores de medios de pago electrónico también estarán sujetos a estas mismas obligaciones respecto a aquellos que contraten sus servicios para llevar a cabo actividades económicas. 'Esto probablemente complicará las operaciones y aumentará los costos de las transacciones, lo que podría resultar en una migración de usuarios, especialmente entre los más pequeños', complementa Sossa. A su juicio, esta ley impone a la sociedad la necesidad de generar un cambio cultural profundo en la práctica tributaria.

De igual manera, las empresas en procesos de reorganización también 'deberán tener en cuenta las modificaciones para evitar caer en lo que podría considerarse un abuso en materia tributaria', advierte la supervisora tax & legal de BDO, María Victoria Avendaño.

Beneficios tributarios

Contar con un sistema de compliance robusto no solo permitirá a las empresas y organizaciones evitar sanciones y contingencias con el SII. Para Cerda, estos cambios también 'contribuyen a crear un entorno favorable para los negocios y el emprendimiento'.

La ejecutiva de PwC Chile señala que, por otro lado,'les facilitará el acceso a beneficios tributarios que las entidades pudieran aplicar a sus operaciones, y que muchas veces no se utilizan por desconocimiento', a lo que se suma el desarrollo de una relación de carácter cooperativo con el SII, a través de los mecanismos que plantea el concepto de sostenibilidad tributaria.

'Ello implicará no solo mejorar el perfil de riesgo que la autoridad construye respecto de cada contribuyente y grupo, sino que además robustecer los reportes de sostenibilidad generales que las empresas adoptan y publican', concluye Fenner.