SEÑOR DIRECTOR:
Actualmente, casi 2 millones de personas trabajan en el comercio formal, lo que convierte a este sector en el primer empleador del país. Un rubro cercano, con el que todos nos relacionamos y motor esencial de la economía. Paradójicamente, en los últimos años ha sido uno de los sectores a los que más restricciones legales se le han aplicado las que se traducen en trabas, sobrerregulación y encarecimiento para funcionar.
En ese escenario, y a un año del rechazo de un proyecto similar, en el Congreso se tramita una iniciativa que busca adelantar el horario de cierre de todo el comercio y aumentar la restricción de funcionamiento en elecciones.
Primero, se menciona que es para dar más protección a los trabajadores (en un sector que funciona con turnos y con el cumplimiento de la legislación laboral correspondiente), pero de acuerdo con un estudio de la Cámara de Centros Comerciales, equivale a disminuir en un 48% el sueldo de una persona que se desempeña con jornada parcial
Luego se esgrimen razones de seguridad, y aunque ese es un tema de Estado y no responsabilidad de un sector económico, claramente si seguimos cerrando los espacios por el temor a la inseguridad, le estaremos despejando el camino a los delincuentes.
Adicionalmente, y pese a que en las elecciones del 26 de octubre pasado sufragó casi el 50% de quienes cumplieron con su deber cívico, demostrando que es perfectamente compatible la normal actividad económica con la participación ciudadana, se insiste en una limitación a este sector de la economía. Desde 2020 ya suman 16 los días en que se ha restringido el funcionamiento del comercio debido a procesos electorales.
Mientras la informalidad en el sector sigue creciendo (27%, según el INE), resulta casi irresponsable que se persista en ideas que nada aportan a la protección del comercio formal y las oportunidades que entrega.