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Pais: Chile
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Región: Metropolitana de Santiago
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Fecha: 2025-03-17
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Tipo: Prensa Escrita
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Página(s): C7
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Sección: Nacional
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Centimetraje: 27x28
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Pie de Imagen
Una de las críticas dice relación con las plazas para acoger a los menores, los cuales no son suficientes y no aseguran que los niños salgan del círculo donde sus derechos son vulnerados. Juan Eduardo López
Según análisis de plataforma de organizaciones de la sociedad civil que evalúa su desempeño:
Reportan escaso avance del Estado en cumplimiento de medidas para combatir la explotación sexual infantil
La mala evaluación no es sorpresiva, dicen los especialistas, y apuntan a problemas de planificación e implementación del sistema de protección, manteniéndose falta de plazas y listas de espera.
Nuevamente, reprobadas. Con nota 2,8 fueron evaluadas las instituciones del Estado involucradas en materia de infancia, al analizar la implementación de medidas para combatir la explotación sexual infantil en el país. Además, se detectó un 34% de avance de las distintas medidas.
Tal reporte fue realizado por la plataforma “Actuar es urgente”, que busca monitorear las recomendaciones recibidas por los organismos públicos para acabar con este delito y que el año pasado también evaluó con una nota similar la acción estatal.
“El Estado de Chile mantiene una deuda abismante con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin ir más lejos, las cifras oficiales, respecto de las víctimas, son proyecciones del último estudio de la Oficina Internacional del Trabajo en 2004. Asimismo, no ha habido cambios por décadas respecto de programas y coberturas”, comenta Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, organismo de la sociedad civil integrante de la plataforma.
También detalla que “esta situación provoca que las víctimas permanezcan largos períodos sin atención adecuada o participen en programas que no interrumpen la explotación ni restituyen sus derechos, perpetuando la vulneración dentro del sistema de protección”.
“Llevamos años haciendo lo mismo”
Son 38 las recomendaciones evaluadas —medidas administrativas y dos proyectos de ley— según datos obtenidos vía Transparencia y en las páginas web de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso.
Las instituciones con más indicaciones, explica Rodríguez, son el Servicio Nacional de Protección Especializada, calificada con nota 1,5; el Ministerio del Interior (2,0) y la Subsecretaría de la Niñez (2,6). Destaca que el Ministerio Público, con ocho indicaciones, “si bien tiene un 3,8, al menos subió del 2,7 pasado”.
Además, en agosto de 2024 se lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, bajo el marco de la Ley de Garantías, y, en paralelo, se presentó el Cuarto Marco de Acción contra la explotación sexual infantil, que tiene como desafío avanzar en el diseño del circuito interinstitucional en la materia.
Para la exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y docente de la U. del Alba, Rosario Martínez, la mala nota no es sorpresa. “Llevamos años haciendo lo mismo y esperando distinto resultado”, dice y agrega que “este marco de acción es solo un documento, que no activa realmente acciones preventivas ni respuestas reparatorias”.
El problema del Estado, plantea, “es de partida, de planificación, porque (…) Mejor Niñez, que debiera acudir, responder o acoger a aquellas víctimas, no tiene capacidad y nunca la ha tenido, las plazas no están calculadas según la demanda potencial y seguimos manteniendo plazas estables, sabiendo la demora y las listas de espera que existen. No se puede estar tres años esperando una terapia reparatoria para explotación sexual”.
“Creo que la nota es alta para lo que yo observo. La realidad es todavía peor”, sostiene, por su parte, el también exdirector del Sename, Francisco Estrada.
Advierte que la política nacional, y su plan de acción, “aún están en trámite de toma de razón en Contraloría” —el decreto “fue retirado y reingresado” el mes pasado—, y que las instancias coordinadoras, “donde el tema se pudo tratar, han sesionado muy poco y el tema no ha sido objeto de interés aún”.
“Existiendo un diagnóstico tan claro, estas instancias ya debieron echar a andar algunas medidas”, comenta y estima que “es necesario construir experticia sobre este tema. Las buenas intenciones no bastan y a veces incluso distraen al poner el foco en aspectos secundarios”.
A lo que Martínez añade: “Me molesta que le digamos ‘urgente' a algo que el Estado no lo ha considerado urgente nunca”.
Deficiencias en implementación y oferta programática
Estrada también pone el acento en “la deficiente y todavía incompleta” implementación del Servicio de Protección.
“Después de tres años y medio, no contamos con la oferta programática desplegada en todo el territorio y la primera línea que se licitó, el Diagnóstico Clínico Especializado, aún no llega a todo el país, por problemas en las licitaciones. Igualmente relevante es la ausencia de un anuario estadístico que permita controlar los datos que fragmentariamente se entregan y observar tendencias”, precisa.
El foco debe estar, sostiene, en “el fortalecimiento del recurso humano”, tanto en residencias como en programas especializados, y afirma también que los lineamientos dados por el servicio “fueron vagos y genéricos”, lo que se tradujo en que “los organismos colaboradores desarrollaran modelos de papel”.
Los problemas de licitaciones fallidas, largas listas de espera y casos que van de un programa a otro, evalúa, “persisten y, me parece, se han incrementado respecto del Sename. Estos puntos deben ser específicamente abordados, y a estas alturas parece que el servicio no es capaz de asumirlos, por lo que se requiere que la Subsecretaría de la Niñez asuma un rol en la crisis”.
Y Martínez agrega: “Empecemos a invertir, buscar presupuesto, presentar proyectos, programas sociales basados en evidencia para prevención y reparación, y crezcamos en oferta, tengamos más capacidad”.
Coordinación de Desarrollo Social
El informe plantea, entre otras cosas, que el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir el liderazgo en la materia. El gerente de desarrollo de San Carlos de Maipo explica que, por ley, esta cartera tiene la obligación de coordinar y el deber de que los servicios públicos pongan su oferta “a disposición de niños y niñas vulnerados en sus derechos (…). El problema es que el intersector no recibe sanciones graves en caso de que no logre entregar una oferta adecuada”.
Tal diseño, dice la docente de la U. del Alba, es “más prudente” que dejarlo en el Ministerio de Justicia, e igualmente cuestiona que “no haya responsabilidad en los actores que trabajan en este tema ni en las institucionalidades; por ejemplo, el Ministerio Público no tiene condena y no pasa nada”.
También apunta a la participación de la Defensoría de la Niñez: “Tiene que ponerse duro para exigir que las instituciones respondan”.
Recuadro
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>>Las plazas no están calculadas según la demanda potencial y seguimos manteniendo plazas estables, sabiendo la demora y las listas de espera que existen”.
Rosario Martínez
ACADÉMICA Y EXDIRECTORA DEL SENAME
Es necesario construir experticia sobre este tema. Las buenas intenciones no bastan y a veces incluso distraen al poner el foco en aspectos secundarios”.
Francisco Estrada
ACADÉMICO Y EXDIRECTOR DEL SENAME
Esta situación provoca que las víctimas permanezcan largos períodos sin atención adecuada o participen en programas que no interrumpen la explotación.
Rafael Rodríguez
FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO
Nex Prensa Escrita
Según análisis de plataforma de organizaciones de la sociedad civil que evalúa su desempeño:
Reportan escaso avance del Estado en cumplimiento de medidas para combatir la explotación sexual infantil
La mala evaluación no es sorpresiva, dicen los especialistas, y apuntan a problemas de planificación e implementación del sistema de protección, manteniéndose falta de plazas y listas de espera.
Nuevamente, reprobadas. Con nota 2,8 fueron evaluadas las instituciones del Estado involucradas en materia de infancia, al analizar la implementación de medidas para combatir la explotación sexual infantil en el país. Además, se detectó un 34% de avance de las distintas medidas.
Tal reporte fue realizado por la plataforma “Actuar es urgente”, que busca monitorear las recomendaciones recibidas por los organismos públicos para acabar con este delito y que el año pasado también evaluó con una nota similar la acción estatal.
“El Estado de Chile mantiene una deuda abismante con nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin ir más lejos, las cifras oficiales, respecto de las víctimas, son proyecciones del último estudio de la Oficina Internacional del Trabajo en 2004. Asimismo, no ha habido cambios por décadas respecto de programas y coberturas”, comenta Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, organismo de la sociedad civil integrante de la plataforma.
También detalla que “esta situación provoca que las víctimas permanezcan largos períodos sin atención adecuada o participen en programas que no interrumpen la explotación ni restituyen sus derechos, perpetuando la vulneración dentro del sistema de protección”.
“Llevamos años haciendo lo mismo”
Son 38 las recomendaciones evaluadas —medidas administrativas y dos proyectos de ley— según datos obtenidos vía Transparencia y en las páginas web de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso.
Las instituciones con más indicaciones, explica Rodríguez, son el Servicio Nacional de Protección Especializada, calificada con nota 1,5; el Ministerio del Interior (2,0) y la Subsecretaría de la Niñez (2,6). Destaca que el Ministerio Público, con ocho indicaciones, “si bien tiene un 3,8, al menos subió del 2,7 pasado”.
Además, en agosto de 2024 se lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, bajo el marco de la Ley de Garantías, y, en paralelo, se presentó el Cuarto Marco de Acción contra la explotación sexual infantil, que tiene como desafío avanzar en el diseño del circuito interinstitucional en la materia.
Para la exdirectora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y docente de la U. del Alba, Rosario Martínez, la mala nota no es sorpresa. “Llevamos años haciendo lo mismo y esperando distinto resultado”, dice y agrega que “este marco de acción es solo un documento, que no activa realmente acciones preventivas ni respuestas reparatorias”.
El problema del Estado, plantea, “es de partida, de planificación, porque (…) Mejor Niñez, que debiera acudir, responder o acoger a aquellas víctimas, no tiene capacidad y nunca la ha tenido, las plazas no están calculadas según la demanda potencial y seguimos manteniendo plazas estables, sabiendo la demora y las listas de espera que existen. No se puede estar tres años esperando una terapia reparatoria para explotación sexual”.
“Creo que la nota es alta para lo que yo observo. La realidad es todavía peor”, sostiene, por su parte, el también exdirector del Sename, Francisco Estrada.
Advierte que la política nacional, y su plan de acción, “aún están en trámite de toma de razón en Contraloría” —el decreto “fue retirado y reingresado” el mes pasado—, y que las instancias coordinadoras, “donde el tema se pudo tratar, han sesionado muy poco y el tema no ha sido objeto de interés aún”.
“Existiendo un diagnóstico tan claro, estas instancias ya debieron echar a andar algunas medidas”, comenta y estima que “es necesario construir experticia sobre este tema. Las buenas intenciones no bastan y a veces incluso distraen al poner el foco en aspectos secundarios”.
A lo que Martínez añade: “Me molesta que le digamos ‘urgente' a algo que el Estado no lo ha considerado urgente nunca”.
Deficiencias en implementación y oferta programática
Estrada también pone el acento en “la deficiente y todavía incompleta” implementación del Servicio de Protección.
“Después de tres años y medio, no contamos con la oferta programática desplegada en todo el territorio y la primera línea que se licitó, el Diagnóstico Clínico Especializado, aún no llega a todo el país, por problemas en las licitaciones. Igualmente relevante es la ausencia de un anuario estadístico que permita controlar los datos que fragmentariamente se entregan y observar tendencias”, precisa.
El foco debe estar, sostiene, en “el fortalecimiento del recurso humano”, tanto en residencias como en programas especializados, y afirma también que los lineamientos dados por el servicio “fueron vagos y genéricos”, lo que se tradujo en que “los organismos colaboradores desarrollaran modelos de papel”.
Los problemas de licitaciones fallidas, largas listas de espera y casos que van de un programa a otro, evalúa, “persisten y, me parece, se han incrementado respecto del Sename. Estos puntos deben ser específicamente abordados, y a estas alturas parece que el servicio no es capaz de asumirlos, por lo que se requiere que la Subsecretaría de la Niñez asuma un rol en la crisis”.
Y Martínez agrega: “Empecemos a invertir, buscar presupuesto, presentar proyectos, programas sociales basados en evidencia para prevención y reparación, y crezcamos en oferta, tengamos más capacidad”.
Coordinación de Desarrollo Social
El informe plantea, entre otras cosas, que el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir el liderazgo en la materia. El gerente de desarrollo de San Carlos de Maipo explica que, por ley, esta cartera tiene la obligación de coordinar y el deber de que los servicios públicos pongan su oferta “a disposición de niños y niñas vulnerados en sus derechos (…). El problema es que el intersector no recibe sanciones graves en caso de que no logre entregar una oferta adecuada”.
Tal diseño, dice la docente de la U. del Alba, es “más prudente” que dejarlo en el Ministerio de Justicia, e igualmente cuestiona que “no haya responsabilidad en los actores que trabajan en este tema ni en las institucionalidades; por ejemplo, el Ministerio Público no tiene condena y no pasa nada”.
También apunta a la participación de la Defensoría de la Niñez: “Tiene que ponerse duro para exigir que las instituciones respondan”.
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>>Las plazas no están calculadas según la demanda potencial y seguimos manteniendo plazas estables, sabiendo la demora y las listas de espera que existen”.
Rosario Martínez
ACADÉMICA Y EXDIRECTORA DEL SENAME
Es necesario construir experticia sobre este tema. Las buenas intenciones no bastan y a veces incluso distraen al poner el foco en aspectos secundarios”.
Francisco Estrada
ACADÉMICO Y EXDIRECTOR DEL SENAME
Esta situación provoca que las víctimas permanezcan largos períodos sin atención adecuada o participen en programas que no interrumpen la explotación.
Rafael Rodríguez
FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO
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Pais: Chile
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Región: Metropolitana de Santiago
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