Delincuencia juvenil: invertir socialmente antes que castigar
Por Marcelo Sánchez Director ejecutivo Fundación San Carlos de Maipo

El creciente involucramiento delictivo de niños y jóvenes ha suscitado numerosos debates con un mayor énfasis punitivo. Las respuestas inmediatas apuntan a endurecer penas o reducir la edad de imputabilidad penal. Sin embargo, es importante que la discusión apunte a las causas y no tan solo a los efectos, si queremos medidas eficaces y sostenibles en el tiempo.

Numerosas investigaciones internacionales han sido categóricas en señalar que castigar más tempranamente no resuelve el problema, sino que aumenta la probabilidad de trayectorias delictivas más prolíficas y más graves. La Universidad de Edimburgo, en uno de los estudios longitudinales más extensos sobre 4.300 niños dirigido por Susan McVie, como también la 'Task Force on Community Preventive Services' de Estados Unidos, así lo indicaron.

Por tanto, la evidencia muestra que el mejor mecanismo para la prevención y el desistimiento temprano es abordar los espacios donde comienza el riesgo delictivo. La violencia y la negligencia intrafamiliar, el abandono escolar, la pobreza persistente, el consumo problemático de sustancias, la falta de adultos significativos y entornos comunitarios desorganizados o cooptados por el narcotráfico, se van enraizando como causas y catalizadores de trayectorias delictivas tempranas y violentas

Desde el enfoque de la Salud Pública, la prevención social temprana, centrada en los factores de riesgo, es la herramienta más eficaz y costo-eficiente para reducir la criminalidad juvenil.

Los programas de apoyo a la crianza -como PMTO y Familias Unidas- han demostrado reducir dramáticamente la probabilidad en inicios de trayectorias delictivas. Más aún, estudios del Premio Nobel de Economía, James Heckman, muestran como también aumentan ingresos autónomos en familias en situación de pobreza. Asimismo, las intervenciones de reingreso educativo permiten reducir la reincidencia en más de un 40% y cuando se potencian con articulación familiar y comunitaria reducen cinco veces la probabilidad de persistir en trayectorias delictivas.

Hoy la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene en su oferta a la Terapia Multisistémica, pero la cobertura no llega ni al 10% de la demanda actual, sin siquiera abordar a los niños declarados inimputables y que son invisibilizados en el sistema de protección. Donde solo 600 de ellos acceden a programas de Mejor Niñez y el resto vuelve a custodia de sus padres, los mismos que muchas veces les iniciaron en el delito.

Necesitamos instalar modelos preventivos con evidencia, por ello es pertinente que las Oficinas Locales de la Niñez, los incorporen con disponibilidad local y cobertura adecuada. Por otra parte, el sistema de reinserción juvenil, para aquellos que ya se han iniciado en el delito, debe focalizarse en las trayectorias educativas, en el tratamiento de la salud mental, en dar oportunidades de inserción laboral, acompañamiento personal y la reparación del daño hacia las víctimas.

Para enfrentar la delincuencia juvenil tenemos que ir a las causas. Impulsemos una Agenda Temprana de Prevención Social, fortalezcamos las leyes que castigan a adultos que involucran a niños en delitos, preocupémonos de los hijos de padres y madres presos, de los que son excluidos del colegio, impulsemos las habilidades socioemocionales desde kínder, demos una dura batalla contra el acceso a armas y drogas, recuperemos los espacios públicos y desarticulemos las bandas. Se requiere mucho esfuerzo y no pocos recursos, pero a largo plazo no será solo una ilusión de protección.

Entre la evidencia y el populismo
Por Angélica Torres Investigadora Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP

El Boletín 15589-07 busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para 'fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad'. Sus promotores expresan inquietud por la participación de adolescentes en delitos violentos como las llamadas 'encerronas' o 'portonazos'. Sostienen que la justicia penal juvenil ha fracasado y que, aunque uno de sus principios es distinguir la intensidad de la respuesta estatal a la madurez del infractor, en casos graves debe aumentarse el castigo, considerando el nivel de violencia y organización delictiva de los individuos. Así, proponen, entre otras medidas: 'formular una respuesta penal contundente respecto de menores infractores de ley que cometan delitos de especial gravedad, particularmente respecto de adolescentes mayores de 16 años'.

Llama la atención que se afirme, sin respaldo empírico ni teórico, que una respuesta penal más dura disminuiría la delincuencia juvenil, pese a que ello contradice los fundamentos del sistema penal adolescente. En este sentido, la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional (2018) advierte que no existe evidencia sólida de que un incremento en las penas reduzca los delitos, y que, cuando se produce alguna disminución, suele ser marginal y a un alto coste económico para el Estado.

Pero, además, la idea de incrementar las sanciones a un grupo determinado de adolescentes omite gran parte de los principios que fundamentaron la propia existencia de un sistema de responsabilidad penal adolescente, a saber: culpabilidad diferenciada, que exige ajustar la sanción al desarrollo personal, madurez jurídica y contexto social del menor; el interés superior del niño, que impone minimizar las consecuencias penales y aplicar la privación de libertad solo como último recurso; y el debido proceso reforzado, que se traduce en mayores garantías procesales y limitaciones a la privación de libertad (Cillero y Vitar, 2022).

En línea con estos principios, tanto la normativa como la jurisprudencia internacional insisten en que las medidas privativas de libertad deben aplicarse de forma excepcional, necesaria y proporcionada, alertando sobre sus efectos negativos profundos y prolongados en niños y adolescentes.

Adicionalmente, recientemente se han alzado voces que buscarían disminuir la edad de imputabilidad a los 12 años. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha sido claro: no hay pruebas de que esta medida sea efectiva, y en aquellos países que la han adoptado, la violencia ha aumentado. Las cárceles, lejos de rehabilitar, terminan reforzando las conductas delictivas, convirtiéndose en espacios donde los jóvenes perfeccionan sus habilidades criminales.

El llamado de atención es, por tanto, a buscar soluciones efectivas, basadas en evidencia, antes que dictar leyes que terminen por agravar el problema que se pretende solucionar. No debe asumirse que el incremento de penas es la única vía posible. La doctrina ha mencionado como alternativa, siguiendo lo propuesto por el Consejo de la Unión Europea, evaluar las ventajas y desventajas de la Justicia Restaurativa Juvenil, que ha mostrado resultados alentadores en la reducción de la reincidencia o en una menor implicación en delitos menos graves, aunque algunas investigaciones no han identificado efectos significativos (Reyes Quilodrán et al., 2018). Abordar la delincuencia juvenil exige respuestas serias, informadas y coherentes con los derechos humanos, no atajos punitivos que generen más daño que soluciones.