Señor Director:

Se ha anunciado el cierre del programa Estadio Seguro, a raíz del desastre monumental en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Llama la atención que la autoridad política anuncie un término de política pública, cuando era vox populi que el programa fracasó hace ya varios años.

El problema radica que los instrumentos de evaluación de política pública no fueron aplicados o simplemente se alertó de manera parcial y sin eco en las autoridades. Es así como la DIPRES (encargada principal de la evaluación de políticas públicas en Chile) nunca realizó una evaluación Ex ante (Diseño) del programa ni tampoco una evaluación de impacto (Resultado). Es decir, el Estado no tuvo instrumento técnico para dilucidar si Estadio Seguro iba por buen camino.

Ahora bien, en el monitoreo de programas gubernamentales del año 2023, se encontró un aumento de incidentes graves con respecto al año anterior. A lo que el Ejecutivo justificó de manera increíble: 'Este aumento se explica por el abandono de las medidas de distanciamiento social y aforo reducido que se aplicaron en 2020, 2021 y 2022 producto de la pandemia por Covid-19.'

El problema es en dos dimensiones: prlmero la política no recoge los instrumentos técnicos. Por otra parte, las evaluaciones de políticas públicas no tienen el alcance ni la capacidad de modificar políticas deficientes. Por donde se mire, el Estado en este y tantos otros temas, sigue reaccionado a la contingencia sin realizar cambios estructurales.

El país debiese asumir que una política pública integral, en materia de Estadio y Seguridad, requiere priorización política, recursos, reformas legales y, por cierto, compromiso de los poderes del Estado. Todo el mundo sabía que Estadio Seguro no servía, pero los últimos en enterarse fueron las autoridades y funcionarios que implementaban el plan.

Fredy Vásquez C., Coordinador Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Alba