Señor Director:

La nueva institucionalidad de protección de la niñez que se está instalando, sujeta a la Ley de Garantías (21.302), presenta dificultades que deben superarse: carece de mecanismos y sanciones a los distintos servicios del Estado cuando no cumplen su rol. Las oficinas locales de la Niñez no tienen potestad real para exigir a Salud, Educación, Vivienda o Justicia, una respuesta oportuna. En consecuencia, miles de niños se encuentran sin acceso a atención, especialmente en salud mental, y, más aún, las listas de espera del Servicio de Protección se han cuadruplicado desde 2021.

La dependencia de un intersector que no responde, como ocurrió con el Sename, no podrá garantizar los derechos que la ley promete. Es urgente incorporar mecanismos obligatorios y sanciones para que todos los actores del Estado asuman su responsabilidad. También se debe fortalecer el rol de instituciones como la Corte Suprema y la Defensoría de la Niñez.

En la discusión actual del proyecto de Armonización en la comisión de Desarrollo Social, presidida por la diputada Marlene Pérez, es clave incluir estas mejoras para que la ley pase del discurso a la acción real en favor de la niñez.