“¡Espérate, espérate! No te vayas a ningún lado”, le señalaba una profesora a uno de sus alumnos, mientras, junto con ellos, permanecían bajo las mesas de una de las salas del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, el pasado 29 de mayo. La escena ocurría momentos después de que desconocidos ingresaran armados al establecimiento y dispararan en contra de estudiantes de cuarto medio, hiriendo a tres de ellos.
Por su gravedad, el caso causó impacto y alerta respecto de la creciente espiral de violencia que se registra en contextos educativos. Esto, ya que a poco más de dos semanas de esa balacera, se han registrado diversos episodios en distintas partes del país. El jueves, por ejemplo, un estudiante del Liceo Bicentenario People Help People, de Pullehue, en la Región de Los Lagos, falleció tras ser apuñalado en la vía pública por un compañero de establecimiento. El martes de la misma semana, en tanto, en el Liceo Bicentenario de Isla de Maipo, en la Región Metropolitana, un total de tres estudiantes fueron detenidos por porte de armas de fogueo y de aire comprimido. Unos manipulaban una pistola al interior del recinto educacional y otro amenazó a un compañero por redes sociales.
Los hechos se suman a la muerte de un estudiante de 17 años el 30 de mayo en Melipilla, en el marco de riñas entre escolares en la Plaza de Armas de la comuna, lugar donde también se han producido nuevos hechos de violencia en las últimas semanas.
Todo lo anterior ha configurado un escenario en el que ha reflotado el debate respecto de cuáles son las medidas apropiadas para enfrentar este fenómeno, que involucra factores sensibles, pues implica a menores de edad. En ese marco, se ha vuelto a hablar de un proyecto de ley presentado por el diputado UDI Henry Leal que busca la instalación de detectores de metal en los accesos de colegios y establecimientos de salud, el cual ha encontrado resistencia en el Gobierno.
Por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, resaltó este lunes tras una reunión con la comisión de Seguridad que “este es un tema más complejo que los pórticos no va a resolver, entonces eso es muy importante, porque esto puede significar un profundo esfuerzo financiero de personal, que va a generar una sensación de seguridad sin que traiga seguridad”. Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien ha señalado que “con policías y fiscales este tipo de conflictos no se van a solucionar”, dijo este viernes que “a propósito de lo que ocurrió en San Pedro de la Paz, si hubiésemos tenido pórticos en esa zona, el problema no era el pórtico, era el perímetro y el resguardo del establecimiento desde el punto de vista de su infraestructura, pero la discusión me parece que es razonable tenerla, pero en todas las dimensiones”.
Pórticos ayudarían “en las actuales circunstancias”
Al respecto, el exministro del Interior Jorge Burgos plantea que “los grados de violencia imperantes en nuestra sociedad, que afectan severamente la convivencia, también se instalan en nuestra institucionalidad educacional. El uso de armas blancas o de fuego se repite con preocupante frecuencia, probablemente un joven, en edad escolar, que entiende que puede solucionar sus conflictos con violencia y armas, nada muy bueno le espera. Todos los actores institucionales deben desde luego reprochar la violencia sin condiciones, y establecer políticas públicas, contención social y, por cierto, de persecución de la actividad delictiva”.
Acerca de medidas que podrían implementarse mencionó que “creo es necesario establecer detectores de metales, no es una solución definitiva, pero en las actuales circunstancias ayudan”.
Y si bien dijo concordar con la postura del ministro Cordero respecto de que “no se trata solo de más policías y fiscales”, sí señala que “la participación efectiva y rápida en la investigación y sanción es indispensable”.
La importancia del entorno familiar
Desde la Fundación San Carlos de Maipo, su gerente de programas, Raúl Perry, analiza que “los niños que participan en delitos han estado expuestos muchas veces y de manera temprana a modelos antisociales al interior de sus familias o en entornos cercanos”.
En esa línea, sostiene que “cuando hablamos de pórticos o controles de acceso en los establecimientos educacionales o de salud, y vemos niveles altos de violencia, tenemos que reconocer que hay un problema creciente que afecta a estudiantes, apoderados y docentes”.
Y agrega que sin perjuicio de evaluar “los mecanismos que permitan la implementación de controles de acceso (…) u otras medidas como el patrullaje preventivo, lo central es ir a los factores de fondo que causan la violencia. Por tanto, es fundamental contar con una agenda temprana de prevención social que apunte a las causas que están a la base del desarrollo de conductas problemáticas y no solo sobre los efectos”.
Proteger la finalidad de los colegios
Una postura similar mantiene Edmundo Crespo, director ejecutivo de Fundación Ciudad del Niño, quien señala que es un tema que ya han advertido en los programas que realiza la entidad e identifica que muchas veces el factor violencia viene “desde la casa”, a través de comportamientos estructurales. “Esto que está pasando en algunos establecimientos es reflejo de eso, y donde obviamente el sistema educacional tiene que tomar medidas preventivas y de control que impidan que ese comportamiento que no es genérico, no es masivo, es en algunas personas o pequeños grupos, no comprometa el funcionamiento de ese establecimiento, cuyo fin es otro”, sostiene.
Sobre medidas como detectores de metal, consigna que “es un mecanismo a evaluar por cada establecimiento en función de su propia realidad, pero si eso conduce a asegurar el funcionamiento normal de ese tipo de establecimientos, en un caso para prestar educación, y en el otro va a prestar salud, es una medida que puede ser la adecuada”.
No obstante, plantea que “aquí el sistema integral tiene que actuar, frente a una problemática compleja como esta. Habrá aspectos de prevención, de intervención familiar, de acción de los colegios, de trabajo con los padres y, obviamente, los sistemas policiales y justicia tienen que actuar cuando la situación se extralimita”.