A un año desde su entrada en vigencia, la Ley Karin ha transformado la manera en cómo se entienden y enfrentan las conductas de acoso en el trabajo. Esta normativa no solo actualizó definiciones y ajustó procedimientos, sino que amplió el foco para incorporar la violencia en el entorno laboral como un factor que debe ser prevenido activamente por las empresas.

Antes de su implementación, ya existían normas para sancionar el acoso. Sin embargo, la ley introdujo cambios que modificaron cómo se diagnostican y enfrentan los conflictos. El principal de ellos fue eliminar la exigencia de reiteración: hoy basta con una sola conducta. Aunque la ley busca entregar una mayor protección frente a conductas indebidas en el ámbito laboral, su aplicación ha traído efectos complejos.

Por un lado, ha visibilizado comportamientos antes normalizados y elevado el estándar de convivencia, promoviendo una cultura de mayor respeto. Por otro, ha abierto espacio para que conflictos entre pares escalen a denuncias formales, aumentando la judicialización.

Las cifras reflejan el impacto: casi 15 mil denuncias en el sector privado y más de 5 mil en el público. Por su parte, la Dirección del Trabajo enfrenta una alta sobrecarga y falta de recursos, lo que ha ralentizado los procesos y generado una acumulación de casos.

Si bien la Ley Karin ha sido un avance significativo en términos de protección, también ha dejado en evidencia que el desafío de fondo no es solo normativo, sino cultural.

Construir ambientes más sanos requiere algo más que protocolos: demanda liderazgo, formación y voluntad de transformar la convivencia al interior de las organizaciones.