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Pais: Chile
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Región: Metropolitana de Santiago
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Fecha: 2025-09-01
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Tipo: Prensa Escrita
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Página(s): 30-31
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Sección: Suplemento - COMPLIANCE
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Centimetraje: 18x47
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CÓMO LAS PYMES SE ESTÁN ADAPTANDO A LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Más que verlo como un gasto, los expertos creen que implementar un modelo de prevención del delito es una oportunidad para que estas empresas refuercen sus controles y accedan, por ejemplo, a nuevas herramientas de financiamiento
Con la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo estándar de cumplimiento que plantea la implementación de un modelo de prevención del delito (MPD). Este instrumento no solo busca prevenir conductas ilícitas al interior de las organizaciones, sino también delimitar responsabilidades frente a eventuales sanciones.
El principal legal & finance de Wyser, Cristóbal Diaz de Valdés, señala que la Ley 21.595 'amplía el catálogo de delitos económicos y ajusta el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. El modelo de prevención del delito no es obligatorio para todas las empresas, pero sí es la herramienta idónea para acreditar el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión; cuando es adecuado y efectivamente implementado, puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa'. La CEO de BH Compliance, Susana Sierra, complementa que 'hoy las pymes se han visto presionadas ante la exigencia de las grandes empresas. Esto, porque la Ley de Delitos Económicos puso un foco especial en las terceras partes, lo que implica que si un proveedor, contratista o socio comercial comete un delito que beneficia a la empresa principal, esta última puede ser sancionada si no lo supervisó adecuadamente'.
Ante este escenario, la experta agrega que el compliance 'ya no es solo un requisito legal, sino una condición para seguir siendo parte de la cadena de valor'. Desafíos Adaptarse a la ley podría ser compleja para muchas pymes, dice Diaz de Valdés, pues hacerlo supone costos iniciales, por ejemplo, en asesoría, diseño del modelo, capacitación y para la contratación de un encargado/a de prevención de delitos (EPD). Sin embargo, destaca que 'más que un gasto, es una inversión en continuidad operacional y reputación: fortalece controles internos, reduce exposición a sanciones y facilita el relacionamiento con clientes, bancos y aseguradoras'. Además, subraya que 'en términos prácticos, la ley admite proporcionalidad: el modelo de prevención del delito se ajusta al tamaño, giro y recursos de la pyme'.
En esta línea, el CEO de Red- Capital, Gustavo Ananía, plantea que implementar un MPD puede otorgar mayor certeza sobre los flujos futuros de la empresa, 'lo que podría ser un aporte al momento de solicitar financiamiento'. Además, destaca que contar con este modelo permite a las empresas que tienen algún tipo de relación internacional —como importadores, exportadores o socios comerciales— 'presentarse con estándares de alto nivel, lo que sin duda es un factor clave de diferenciación'.
Aún así los avances en la adopción se han mantenido lentos. Ananía repara en que 'en muchos casos, la pyme es el dueño de la empresa con una estructura muy liviana', por lo que su capacidad de crecimiento o supervivencia depende del tiempo del propio dueño. Por eso, cree que el principal desafío es que 'le den la importancia que requiere o cuenten con el tiempo suficiente para definir e implementar los protocolos'. Este rezago implica un riesgo significativo. Según Sierra, esto se debe a que muchas pymes 'no contaban con controles definidos ni políticas escritas. Sus procesos tienden a ser más informales y a basarse en la confianza entre personas, lo que dificulta la implementación de programas de compliance'.
En ese escenario, contar con un programa vigente, adaptado a la realidad del negocio y evaluado por terceros puede marcar la diferencia entre seguir operando o enfrentar sanciones como multas, pérdida de contratos o, incluso, la disolución. A ello se suma una subestimación de los riesgos. 'Uno de los principales errores de las pymes es pensar que se limitan al mal uso de facturas', sostiene Sierra. 'Hoy, las amenazas son mucho más amplias y actuales, y van desde cohecho, soborno, lavado de activos, a delitos informáticos, laborales y medioambientales, y otros hechos de corrupción que pueden comprometer gravemente a una empresa'. Agrega que, aunque suelen quedar fuera del radar mediático, muchas de las compañías sancionadas por delitos económicos son precisamente pymes, por lo que asumir que están exentas por su tamaño es un error.
Recuadro
Nombrar un encargado, levantar riesgos, establecer controles, capacitar y monitorear, son los pasos clave para cumplir con la ley.
¿Cómo implementar un MPD en una pyme?
Los expertos coinciden en que los pasos para implementar la ley en una pyme deben ser proporcionales a su tamaño, pero no por ello menos rigurosos. El proceso parte por nombrar un encargado/a de prevención del delito con autonomía y acceso a la administración. Luego, se debe levantar una matriz de riesgos delictivos según el giro y procesos críticos del negocio. A partir de eso, se establecen controles internos, como canales de denuncia, políticas claras y un régimen disciplinario. También es clave capacitar a toda la organización y promover una cultura de integridad. Finalmente, el modelo debe ser monitoreado y actualizado periódicamente para asegurar su efectividad.
Nex Prensa Escrita
CÓMO LAS PYMES SE ESTÁN ADAPTANDO A LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
Más que verlo como un gasto, los expertos creen que implementar un modelo de prevención del delito es una oportunidad para que estas empresas refuercen sus controles y accedan, por ejemplo, a nuevas herramientas de financiamiento
Con la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo estándar de cumplimiento que plantea la implementación de un modelo de prevención del delito (MPD). Este instrumento no solo busca prevenir conductas ilícitas al interior de las organizaciones, sino también delimitar responsabilidades frente a eventuales sanciones.
El principal legal & finance de Wyser, Cristóbal Diaz de Valdés, señala que la Ley 21.595 'amplía el catálogo de delitos económicos y ajusta el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. El modelo de prevención del delito no es obligatorio para todas las empresas, pero sí es la herramienta idónea para acreditar el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión; cuando es adecuado y efectivamente implementado, puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa'. La CEO de BH Compliance, Susana Sierra, complementa que 'hoy las pymes se han visto presionadas ante la exigencia de las grandes empresas. Esto, porque la Ley de Delitos Económicos puso un foco especial en las terceras partes, lo que implica que si un proveedor, contratista o socio comercial comete un delito que beneficia a la empresa principal, esta última puede ser sancionada si no lo supervisó adecuadamente'.
Ante este escenario, la experta agrega que el compliance 'ya no es solo un requisito legal, sino una condición para seguir siendo parte de la cadena de valor'. Desafíos Adaptarse a la ley podría ser compleja para muchas pymes, dice Diaz de Valdés, pues hacerlo supone costos iniciales, por ejemplo, en asesoría, diseño del modelo, capacitación y para la contratación de un encargado/a de prevención de delitos (EPD). Sin embargo, destaca que 'más que un gasto, es una inversión en continuidad operacional y reputación: fortalece controles internos, reduce exposición a sanciones y facilita el relacionamiento con clientes, bancos y aseguradoras'. Además, subraya que 'en términos prácticos, la ley admite proporcionalidad: el modelo de prevención del delito se ajusta al tamaño, giro y recursos de la pyme'.
En esta línea, el CEO de Red- Capital, Gustavo Ananía, plantea que implementar un MPD puede otorgar mayor certeza sobre los flujos futuros de la empresa, 'lo que podría ser un aporte al momento de solicitar financiamiento'. Además, destaca que contar con este modelo permite a las empresas que tienen algún tipo de relación internacional —como importadores, exportadores o socios comerciales— 'presentarse con estándares de alto nivel, lo que sin duda es un factor clave de diferenciación'.
Aún así los avances en la adopción se han mantenido lentos. Ananía repara en que 'en muchos casos, la pyme es el dueño de la empresa con una estructura muy liviana', por lo que su capacidad de crecimiento o supervivencia depende del tiempo del propio dueño. Por eso, cree que el principal desafío es que 'le den la importancia que requiere o cuenten con el tiempo suficiente para definir e implementar los protocolos'. Este rezago implica un riesgo significativo. Según Sierra, esto se debe a que muchas pymes 'no contaban con controles definidos ni políticas escritas. Sus procesos tienden a ser más informales y a basarse en la confianza entre personas, lo que dificulta la implementación de programas de compliance'.
En ese escenario, contar con un programa vigente, adaptado a la realidad del negocio y evaluado por terceros puede marcar la diferencia entre seguir operando o enfrentar sanciones como multas, pérdida de contratos o, incluso, la disolución. A ello se suma una subestimación de los riesgos. 'Uno de los principales errores de las pymes es pensar que se limitan al mal uso de facturas', sostiene Sierra. 'Hoy, las amenazas son mucho más amplias y actuales, y van desde cohecho, soborno, lavado de activos, a delitos informáticos, laborales y medioambientales, y otros hechos de corrupción que pueden comprometer gravemente a una empresa'. Agrega que, aunque suelen quedar fuera del radar mediático, muchas de las compañías sancionadas por delitos económicos son precisamente pymes, por lo que asumir que están exentas por su tamaño es un error.
Nombrar un encargado, levantar riesgos, establecer controles, capacitar y monitorear, son los pasos clave para cumplir con la ley.
¿Cómo implementar un MPD en una pyme?
Los expertos coinciden en que los pasos para implementar la ley en una pyme deben ser proporcionales a su tamaño, pero no por ello menos rigurosos. El proceso parte por nombrar un encargado/a de prevención del delito con autonomía y acceso a la administración. Luego, se debe levantar una matriz de riesgos delictivos según el giro y procesos críticos del negocio. A partir de eso, se establecen controles internos, como canales de denuncia, políticas claras y un régimen disciplinario. También es clave capacitar a toda la organización y promover una cultura de integridad. Finalmente, el modelo debe ser monitoreado y actualizado periódicamente para asegurar su efectividad.
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Pais: Chile
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Región: Metropolitana de Santiago
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Fecha: 2025-09-01
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Tipo: Prensa Escrita
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Página(s): 30-31
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Sección: Suplemento - COMPLIANCE
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