Señor Director: La reforma tributaria propone restringir la renta presunta a quienes tengan ingresos anuales de hasta 2.400 UF, dejando fuera a agricultores, transportistas y pequeños mineros que históricamente ven en este régimen una vía simple para cumplir sus obligaciones. El objetivo es legítimo: reducir abusos, aproximar la carga tributaria a la renta efectiva y aumentar la recaudación. Sin embargo, exigir contabilidad completa y mayores costos administrativos a contribuyentes de baja escala puede empujarlos a la informalidad, con efectos contrarios a los buscados. Así, cabe preguntarse: ¿Debe modificarse el régimen para acotar abusos, o ha llegado el momento de reemplazarlo por un sistema que responda mejor a los principios de equidad tributaria? La Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, en su Informe sobre Exenciones de 2021, recomendó eliminar la renta presunta, aunque alternativamente propuso mantener el régimen con ciertos controles adicionales, aportando aspectos relevantes para reflexionar sobre su futuro. El desafío está en encontrar un equilibrio que resguarde a quienes han podido mantenerse formales gracias a la simplicidad del sistema, sin sacrificar la equidad ni la sostenibilidad de la tributación.