Los resultados de la Encuesta Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile muestran un país que parece querer retomar antiguos cauces y encontrar certezas a las cuales aferrarse en un mundo signado por el desconcierto. Tras los últimos convulsos seis años (desde el estallido de 2019 hasta el actual Gobierno, pasando por la Convención Constitucional), los chilenos, según el estudio, revalorizan instituciones cuya imagen había sido fuertemente golpeada durante la década pasada y apoyan medidas estabilizadoras.

Llama la atención, por ejemplo, cómo la confianza en la Iglesia Católica ha experimentado un importante salto. Si bien lejos de aquella época —en los inicios de la transición—, cuando aparecía como el actor público más valorado, los niveles de confianza que registra son, sin embargo, los mejores en años, habiendo remontado 10 puntos desde 2012 a 2025, para alcanzar un 22% de menciones. Mucho más alta es, por cierto, la confianza que los encuestados declaran en Carabineros y las Fuerzas Armadas. Más allá de un leve retroceso respecto del año pasado, el 39% que hoy registran es 20 puntos superior a los números que marcaban en 2019. En tanto, una institución que sigue creciendo sistemáticamente son las universidades, que aparecen como las entidades que suscitan mayor confianza en el país. Ello debiera ser asumido como una responsabilidad por sus autoridades, en cuanto a cuidar ese patrimonio de credibilidad, y como un llamado de atención para el Gobierno: ¡Cuán paradójico es que insista en un proyecto de financiamiento como el FES, que debilita a las instituciones que el país más valora!

En lo político, en tanto, la mantención del voto obligatorio genera un 74% de apoyo. De este modo, la idea del sufragio como un deber ha pasado a constituir un nuevo consenso en la sociedad chilena, lo que no hace sino evidenciar la torpeza de los intentos del oficialismo este año por debilitar esa obligatoriedad, al poner en duda las sanciones a su incumplimiento. En la misma línea, el ministro del Interior debiera tomar nota de que el 50% del país respalde el voto de los inmigrantes en situación legal, que la autoridad tanto ha querido restringir levantando discursos chovinistas.

Otro llamado de atención es el apoyo de los encuestados a medidas que reduzcan la fragmentación política, las cuales, pese a haber generado un acuerdo transversal en el Senado, quedaron empantanadas en la Cámara. Más allá del alcance técnico de cada medida, tal vez lo más relevante sea la señal de que el actual cuadro político, con dos decenas de partidos en el Congreso y parlamentarios que cambian repetidamente de colectividad, es reprobado por la ciudadanía.

Claro que si de alertas se trata, el incremento de la percepción de corrupción es la más grave. El cómodo recurso de compararnos con otros países ya no es creíble para una opinión pública que piensa mayoritariamente que hoy Chile es 'igual de corrupto' que el resto de América Latina.