En 2024, la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos generaba inquietud en el mundo empresarial. Un nuevo catálogo de delitos que podría afectarlas figuraba entre los principales riesgos que deberían afrontar en sus planes de prevención. A un año de la entrada en vigencia de la normativa, surgen los primeros diagnósticos: un 51% de las empresas consultadas declara un aumento de sus recursos para fortalecer su programa de cumplimiento, según los resultados de una encuesta realizada por la consultora Deloitte.

El sondeo abarcó un universo de 92 compañías en los sectores de energía, recursos e industriales, consumo y servicios financieros, entre otros, y estuvo a cargo de Pedro Trevisán y Verónica Benedetti, socios de la consultora en el área forense.

De acuerdo con los resultados, el cambio regulatorio impulsó en algunos casos una expansión de los presupuestos destinados a cumplimiento normativo (compliance), y de ellos, un 35% reporta que el incremento fue superior a 20%.

Sin embargo, en casi la mitad de las organizaciones (49%) los recursos se mantuvieron iguales (46%) o incluso disminuyeron (3%).

Trevisán, uno de los autores del análisis, destaca que el alza en los presupuestos destinados a compliance es una consecuencia esperable. 'No obstante, en casi una de cada dos empresas el presupuesto se mantuvo igual o disminuyó, lo que contrasta fuertemente con el aumento exponencial de los riesgos y responsabilidades', afirma.

Edmundo Varas, director de KPMG Law Chile, por el contrario, opina que un programa de cumplimiento bien diseñado no debiera incrementar costos, sino que optimizar los recursos. 'La clave está en aprovechar las estructuras de control existentes y reforzar únicamente lo que aporta seguridad tangible al negocio', plantea, y remarca que se trata de una inversión que, con procesos eficientes, reduce riesgos y fortalece la rentabilidad. 'Abre puertas a clientes más exigentes y mercados más seguros, mientras limita las pérdidas financieras', argumenta.

La misma opinión expresa Cristián Sotelo, socio de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento de PwC Chile. Asevera que la Ley de Delitos Económicos no debe interpretarse como sinónimo de sobrecostos, pues las empresas con modelos maduros pueden adaptarse con eficiencia, mientras que aquellas que ven el compliance como un mero requisito enfrentarán mayores desafíos. 'En cualquier caso, el verdadero costo de no actuar —el riesgo penal, reputacional y financiero— es mucho más alto que invertir en un sistema ético y preventivo', advierte.

El estudio de Deloitte detalla que el 74% de las empresas encuestadas informó haber actualizado su modelo de prevención de delitos (MPD). Del 26% que aún no lo hace, un 18% asegura encontrarse en proceso de actualización.

Además, el reporte revela que un 17% de las compañías no ha designado formalmente a su encargado de prevención de delitos. Entre quienes sí lo hicieron (83%), un 13% optó por asignar a más de una persona, lo que en opinión de los autores del informe refleja la creciente complejidad y amplitud de los delitos incluidos en la normativa.

Brecha tecnológica

Pese al avance en materia de prevención, el estudio evidencia una significativa brecha tecnológica. El 69% de las organizaciones no utiliza plataformas digitales para la gestión de riesgos, y el 76% no aprovecha herramientas analíticas ni inteligencia artificial (IA) para la detección proactiva de irregularidades.

Según Trevisán, las empresas siguen dependiendo de métodos tradicionales y reactivos, como auditorías, revisión documental o denuncias. 'El uso de analítica e inteligencia artificial permite un enfoque proactivo, analizar el 100% de los datos, automatizar alertas e identificar patrones anómalos, lo que reduce la exposición y el costo potencial ante un incidente', explica.