Hoy entra en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada, pero el gremio de empresas de seguridad privada y transporte de valores, ASEVA, liderado por Rodrigo Badilla (CEO de Liberman Chile), advierte que el sector enfrenta un riesgo sistémico. Ello, porque miles de empresas pymes del rubro podrían desaparecer ante las altas multas, que tienen el potencial de elevarse hasta $800 millones, por no tener certificados a sus guardias.

Esta falta de autentificación de los guardias se da en un escenario de lentitud y cuellos de botella que enfrenta la industria en su proceso administrativo de legitimación, en que interviene Carabineros. Si bien la nueva ley contempla la creación de una plataforma que agiliza la certificación de los trabajadores de este sector, a la fecha dicha infraestructura no figura implementada, reclaman en la industria. Señalan que existe un total de 150 mil guardias certificados y otros 150 mil que no lo están.

'Hemos trabajado con la autoridad, expuesto estos problemas, y no ha dado señales claras de alguna solución', aseguró Badilla.

'Actualmente, cuando uno quiere inscribir un curso de guardia, hay que inscribirlo, ir a Carabineros, aceptar que te inscriban, decir que quieres capacitar a 100 personas, no te aceptan las 100, tienes que capacitar a 20, porque ellos no tienen la capacidad ni tecnológica ni administrativa de absorber la demanda de la industria', graficó el ejecutivo. Precisó que se trata de gente con experiencia en la industria, pero que no ha logrado la acreditación y que este cuello de botella es un problema que heredan con la antigua ley y que se mantendría con la actual.

Manifestó que la ley en su concepción está perfecta porque busca la profesionalización y coadyuvancia con el Estado en materia de seguridad, pero que en lo medular tiene muchos problemas porque limita un mercado bien exigido y demandado por sus servicios.

Dos posibilidades

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, manifestó que esta situación es efectiva. 'Existe en este minuto este cuello de botella por parte de Carabineros para la entrega de este certificado', indicó.

Ante este escenario, mencionó que hay dos posibilidades. 'O bien se le entrega a Carabineros mayor cantidad de recursos para que puedan destrabar esto y hacer una forma de que realmente se puedan certificar, o van a tener que entregar las capacidades a otro tipo de instituciones que puedan hacer estas certificaciones. Ya sean los municipios u otro tipo de institucionalidad, pero hay que ver la forma en que esto se puede hacer', dijo.

De continuar la situación actual, afirmó Greene, 'no hay posibilidad de capacitar a estas 150.000 personas y de multar a las industrias, si es que ellos tienen la intención y no se puede hacer por un problema burocrático. Hay que destrabar urgente esta situación y eso tiene que verlo el Gobierno, porque es su responsabilidad entregar los recursos para que se haga'.