Hoy entra en vigor la Ley Nº 21.659, que establece un nuevo marco para ordenar y profesionalizar la seguridad privada en Chile. La normativa crea un Registro Nacional de Seguridad Privada, moderniza la acreditación del personal y endurece las exigencias de fiscalización. En este nuevo escenario, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA) valora el avance, pero advierte que la implementación enfrenta nudos críticos que podrían tensionar la continuidad de servicios esenciales si no se ajustan los procesos y capacidades del sistema.

Para el presidente del gremio, Rodrigo Badilla, la ley reconoce el rol que la seguridad privada ya cumplía en la práctica. 'La seguridad privada es parte de un macrosistema destinado a producir tranquilidad y normalidad en los espacios que protege', afirma, y añade que la nueva matriz de riesgo 'intensifica el traslado de esferas cada vez mayor de seguridad en los particulares', obligándolos a generar sus propias condiciones de resguardo.

En este sentido, Badilla observa que esta ampliación de responsabilidades choca con la realidad operativa del sector. La capacidad de acreditación, advierte, es insuficiente. Y la inscripción individual de cursos 'genera un cuello de botella que retrasa la formación y amenaza la continuidad operativa en actividades y servicios'.

El vocero técnico de ASEVA, Aldo Vidal, añade que existe 'un exceso de trámites y procedimientos que avanzan lentamente, con fiscalización todavía en consolidación y criterios administrativos que no dialogan con la magnitud de una industria que funciona de manera ininterrumpida y que reúne a más de 200 mil trabajadores'. Esto, según proyecta, puede derivar en falta de personal acreditado, mayor informalidad y dificultades para sostener los estándares de seguridad que el país necesita.

Badilla coincide en la necesidad de ajustes inmediatos para que el sector pueda absorber las nuevas exigencias. Propone una superintendencia autónoma que reduzca la fragmentación institucional, un régimen laboral especial para guardias y vigilantes y la 'desburocratización' de trámites mediante tramitación electrónica, mejores herramientas de evaluación y estándares de formación más exigentes, incluidos mecanismos como la acreditación de egresados del Servicio Militar.

Transición

Vidal complementa este diagnóstico y enfatiza la urgencia de ajustes prácticos. A su juicio, la transición solo será viable si se avanza en 'procesos más ágiles y realistas que permitan ampliar la capacidad de formación y evaluación sin comprometer la calidad'. También destaca la importancia de 'fortalecer las herramientas para verificar la idoneidad del personal y avanzar hacia una institucionalidad más robusta que garantice regulación coherente y fiscalización efectiva'. Según afirma, 'estas medidas son factibles de aplicar en el corto plazo y permitirían que la ley cumpla su objetivo'.

A largo plazo, Badilla plantea que el modelo regulatorio debe avanzar a uno 'más moderno y coherente, capaz de integrar de manera estable a la seguridad privada dentro de la arquitectura preventiva del país'. Destaca además la necesidad de profesionalización continua, trazabilidad operativa y un régimen laboral acorde a la naturaleza permanente del servicio. 'Si Chile avanza hacia un modelo regulatorio más ágil y conectado con la realidad operativa, la seguridad privada podrá contribuir con mayor efectividad tanto a la prevención del delito como a la continuidad de los servicios esenciales'.