La semana de que termine el periodo legislativo, el FES sigue sin lograr apoyo suficiente. Aunque busca reemplazar la deuda bancaria por un sistema de pago según ingresos, el proyecto enfrenta reparos técnicos y políticos justo cuando el tiempo ya se está agotando. Vanessa Gajardo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue el año dos mil seis cuando comenzó la implementación del famoso CAE con un nivel de deuda pública que en ese entonces apenas superaba el cinco por ciento del PIB en nuestro país. Muy alejado, por cierto, de la realidad que tenemos hoy. Aunque entre los distintos actores sí existe un acuerdo transversal sobre lo que ellos señalan como una necesidad de reparar a aquellos estudiantes que entraron antes de que existiera el beneficio de la gratuidad o bien atender a quienes no tienen la capacidad de pago por el nivel de interés que arrastra el actual sistema. Surge entonces esta idea, este proyecto, el financiamiento público para la educación superior, que está liderando el Ejecutivo. Su objetivo principal, todos lo conocemos ya, es eliminar el modelo de deuda bancaria. ¿Cómo? Pagando un porcentaje de tus ingresos una vez que tú empiezas a trabajar. Esto no puede exceder el ocho por ciento del salario de cada estudiante que ha egresado y considera además un tramo que quedaría exento a diferencia del CAE. Es decir, si ganas menos de quinientos mil pesos, no pagas hasta cierto nivel, hasta que tus ingresos estén excedidos. Los ingresos alcanzan, digamos, el umbral promedio. Sin embargo, queda menos de un mes de congreso y el proyecto no genera acuerdo. Por un lado, ya lo conocimos la semana pasada, están las críticas que levanta el propio Consejo Fiscal Autónomo. Para enumerar algunas de ellas, señalan que el FES produce un ahorro fiscal negativo, por lo menos por un periodo de diez años, ya que los desembolsos, dice, son mayores a las contribuciones que esperan recibir de quienes pagan luego de estudiar. El ahorro fiscal, depende además, dicen, de otras medidas como lo que tiene que ver con una discusión aparte, la eliminación de becas de arancel y también la postergación de la ampliación del beneficio. beneficio de la gratuidad. Señalan también que el informe financiero establece un proyecto a un universo, digamos, de 10 años hacia el futuro y que esto no capta bien lo que son los impactos de largo plazo. Hablan de un proyecto que mínimo debe establecerse en un plazo de 30 años, como mínimo. Además, dice que los efectos sobre el balance fiscal son deficitarios, no neutros, tampoco positivos. Y además, que puede que esto incurra en una alta proporción de beneficiarios que tengan este bajo ingreso de los 500 mil pesos o que no contribuyan mucho y el sistema podría entonces requerir más financiamiento público. ¿Y esto en qué se traduce? Aumentar el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales, aumentar el riesgo de hacer que la deuda siga creciendo. El ex director de presupuesto, Matías Acevedo, señaló hoy en un conversatorio en la Universidad de los Andes sobre este proyecto que esto podría contemplar, dice él, un déficit todavía mayor, pero ahora el desafío hacia adelante es seguir discutiendo acuerdos, con tiempo, dice él, para un proyecto que sin duda mejore lo que es el sistema actual, pero sin apretar más las finanzas públicas. El llamado hoy día es a no enamorarse del instrumento, es a buscar el mejor instrumento posible que permita cumplir con el objetivo de financiar la educación superior y no seguir aumentando el déficit fiscal que tenemos. A esto se suma otro de los flancos abiertos que hay, por cierto, en el Congreso. Y esto surge a la hora de que el Congreso se convierta en un país de la educación superior. El proyecto señala que el FES sería un activo financiero, es decir, por lo cual el Estado, digamos, recibe ingresos futuros, lo que fue directamente rechazado por la Contraloría General de la República, que señala más bien que debe considerarse este proyecto como un gasto fiscal, un gasto público adicional. ¿Por qué? Porque la obligación de pagar, digamos, de estos estudiantes que ingresan, depende de la renta de las personas, del umbral, de si trabaja o no si trabaja y de cuántos años de contribución lleva. Esa obligación en este proyecto no es fija ni garantizada desde el inicio, por eso puede significar, señalan, un estrés mayor. Si fuera un activo financiero, el Estado podría registrarlo bajo la línea, lo que no afectaría, cierto, de forma directa el balance fiscal estructural ni tampoco la deuda pública. Pero si corresponde a gasto público, que es lo que está diciendo la Contraloría, ese desembolso cuenta sobre la línea y esto sí tiene una repercusión directa en lo que son las cuentas fiscales. Y podría complicar el cumplimiento de las metas presupuestarias y también la sostenibilidad de las finanzas públicas. Consultado por este punto, esta mañana el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló a la radio que estas son parte de las indicaciones que se han presentado y que se están revisando. Esto es un tema técnico que se está conversando con la Contraloría y prontamente debiera ser ingresado como indicación. Parte de las cosas que se han conversado con las universidades, en particular la Universidad del Consejo de Correctores, tiene que ver con esto. Todos ellos hicieron un planteamiento y nosotros esperamos estar receptivos al planteamiento. A ver, esto es la discusión técnica más compleja, pero lo que respecta al ámbito político, lo decíamos, queda cerca de un mes de Congreso. El FES no es un proyecto prioritario dentro de lo que queda por discutir. Lo es, por ejemplo, la sala cuna, la ley de cuidados y también lo que se viene a partir de la próxima semana, que ya es la ley de reajuste del sector público. Por eso en la interna, tanto el oficialismo como la oposición señalan que es un proyecto más bien que estaría muerto en el Congreso. Gracias. Buenas tardes. Chao, Vane.