Habla: -Jaime Gajardo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos -Michel Figueroa, Director Ejecutivo de Chile Transparente -Marcelo Sánchez, Gerente General Fundación San Carlos de Maipo

la verdad. Un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República encendió las alertas por la protección de niños, niñas y adolescentes al revelar que treinta y cinco personas con prohibición absoluta para trabajar con menores mantuvieron contratos vigentes con el Estado durante dos mil veinticinco. Estos casos se concentran principalmente en municipalidades y se suman a un total de ciento sesenta y cuatro situaciones detectadas entre dos mil veinte y agosto de dos mil veinticinco, periodo en el que setenta y dos instituciones públicas contrataron a personas impedidas de ejercer labores con contacto directo y habitual con menores de edad. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, recordó que existe un registro oficial de inhabilidades administrado por el registro civil que debe ser consultado de manera obligatoria antes de cualquier contratación. Bueno, primero que todo, existe un registro que establece esa inhabilidad, un registro que lleva. Nuestro civil, todas las instituciones públicas tienen que consultar antes de realizar cualquier contratación a este registro y ese es precisamente el llamado, que todas las instituciones públicas, en particular los municipios que son los principales a quienes destinatarios de este instructivo por parte de la Contraloría General revisen el registro de inhabilidades para contratar que existe por haber sido condenado por algún delito vinculado con menores de edad. Así que en ese sentido ese es el llamado. En esa misma línea, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, advirtió que el problema radica en la verificación de datos a través de procesos manuales propensos al error. Esta falta de modernización facilita que se facilite la contratación de personal inhabilitado. El fallo del sistema se genera a la hora de revisar los antecedentes, toda vez que al no contar con pase de datos interoperable y en la mayoría de las veces, hacer este tipo de revisiones de forma manual, terminamos con una situación donde justamente cualquier error humano o el salto de algún paso o procedimiento genera justamente que terminaremos con personas contratadas cuando tienen inhabilidad para ejercer algún tipo de error. La Defensoría de la Niñez informó que ya se encuentra oficiando a cada una de las instituciones mencionadas en el informe de la Contraloría con el objetivo de conocer qué acciones correctivas se están adoptando y el total de personas que fueron contratadas. Desde la Fundación San Carlos de Maipo, su gerente general, Marcelo Sánchez, calificó la situación como muy grave y sostuvo que no se trata de un vacío legal ni de falta de herramientas, sino, derechamente, lo trató de negligencia. La verdad es que esto es una situación bastante compleja. Yo creo que lo que revela este informe de Contraloría es muy grave. Aquí no hubo un vacío legal ni una falta de herramienta, hubo negligencia. El Estado contrató a personas legalmente inhabilitadas para trabajar con niños y adolescentes en colegios, servicios de salud y municipios, pese a que existe un registro obligatorio y gratuito para evitar precisamente esto. Mientras la Contraloría instruyó a las instituciones involucradas a adoptar medidas inmediatas y reportar acciones en un plazo de cinco días hábiles, el foco ahora está puesto en cómo el Estado va a reforzar los controles para evitar nuevas contrataciones irregulares y garantizar también la protección de los derechos de niños y niñas. niñas y adolescentes. Son