Señor Director:

En un escenario de estrechez fiscal, cada peso mal utilizado representa un lujo que como país no nos podemos permitir. Desde hace años, diversas voces —tanto del ámbito público como privado— han señalado la incapacidad de los Gobiernos para redefinir o eliminar programas sociales que, de manera sistemática, han demostrado resultados mediocres o francamente deficientes (Observatorio de Gasto Fiscal 2017, 2021). Un programa mal evaluado no solo constituye un gasto ineficiente, sino también una inversión fallida en el corto y largo plazo: el malgasto se traduce en mayores necesidades de gasto futuro y, en consecuencia, en un agravamiento de los problemas sociales.

Por ello es fundamental instalar la discusión sobre mecanismos que permitan prevenir el malgasto público, un mal que aumenta problemas y costos año a año. En este contexto, los Contratos de Impacto Social o Pago por Resultados son una alternativa innovadora para implementar programas bajo la lógica del pagar proyectos sociales solo en caso que logren resultados positivos. Este enfoque desplaza la atención desde los procesos hacia los impactos concretos, hacia la mejora de la calidad de vida y, por lo mismo, a una menos necesidad de gasto social. Necesitamos gastar en lo que sí funciona.