SEÑOR DIRECTOR:
El anuncio de responsabilizar a los padres por las conductas violentas de sus hijos resulta interesante. Por un lado, ofrece un respaldo a las escuelas y, por otro, reconoce que en el hogar se forman gran parte de los valores que orientan el comportamiento infantil. No sorprende que la iniciativa tenga alta valoración ciudadana.
Sin embargo, la evidencia da cuenta que los países que han optado únicamente por aumentar castigos, sin atender las condiciones que originan la violencia, terminan elevando las tasas del mismo fenómeno. Por tanto, el planteamiento despierta dudas legítimas entre los expertos.
Lo primero es ¿quién será considerado responsable y, por ende, sujeto de sanción? ¿La madre soltera que apenas sostiene a su familia, el padre ausente, el cuidador que, no logra contener la conducta violenta de su hijo? ¿O será el Estado, cuando no provea programas efectivos ni acceso a salud mental para niños con problemas de control de impulsos? Lo segundo es ¿dónde han funcionado medidas similares? Lo tercero es ¿qué atribuciones y a quiénes se otorgarán para investigar y determinar la responsabilidad de los padres? Cuarta, ¿cómo enfrentarán la sobrecarga en los tribunales de familia? Y, finalmente, ¿se incluirán programas con evidencia?, programas de habilidades parentales, currículums socioemocionales, entre otros.
Estas dudas deben ser consideradas para evitar lo que tantas veces ha ocurrido: anuncios que suenan bien, pero leyes que operan mal. Es necesario mirar la evidencia comparada y diseñar políticas que realmente logren su objetivo. Todos buscamos lo mismo: lo mejor para los niños, sus comunidades educativas y la sociedad.