Con cerca de 40 datacenters operativos y una capacidad instalada de 258 MW, Chile se ha consolidado como el segundo mayor polo de infraestructura digital de América Latina, solo por detrás de Brasil. El auge de la inteligencia artificial anticipa una nueva ola de inversiones: al menos ocho nuevos proyectos podrían entrar en operación hacia 2031. El desafío, sin embargo, ya no es solo atraer estas inversiones, sino asegurar que su crecimiento sea compatible con las exigencias ambientales, energéticas y territoriales.

Chile reúne ventajas que explican el interés de las empresas tecnológicas. Según Nicolás Jara, académico del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), el país destaca por su sólida infraestructura digital, conectividad internacional mediante cables submarinos (entre ellos, futuros proyectos como el cable Humboldt) y una extensa red nacional de fibra óptica. 'Esto es muy importante, debido a que los centros de datos requieren de una infraestructura digital, conectividad a internet y capacidad de ancho de banda significativa para estar correctamente conectados y entregar el servicio que requieren dar, ya sea de almacenamiento de datos o de servicios de inteligencia artificial', indica.

A ello —agrega— se suma una matriz eléctrica que alcanzó cerca de un 70% de energías renovables a fines de 2025, además de estabilidad institucional y capital humano especializado. 'Esto es importante para las empresas tecnológicas dueñas de estos datacenters. Acceder a electricidad con menor huella de carbono es un factor cada vez más relevante, tanto por razones ambientales como por los compromisos de sostenibilidad que han asumido', señala el académico.

¿Crecimiento sostenible?

El Plan Nacional de Data Centers, presentado en 2024 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, busca consolidar a Chile como polo tecnológico regional a través de una estrategia que promueve la inversión y el desarrollo sostenible. De acuerdo con María Paz Acuña, investigadora del Centro para la Tierra y el Espacio de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), esta hoja de ruta proyecta cerca de 30 nuevas instalaciones e inversiones por unos US$ 2.500 millones.

Pero la expansión del sector también aumenta la presión sobre los recursos naturales. 'Requiere grandes volúmenes de electricidad, refrigeración permanente, capacidad de transmisión y, en muchos casos, un consumo relevante de agua. Estas demandas pueden ser especialmente críticas en zonas con escasez hídrica, acuíferos sobreexplotados o redes eléctricas congestionadas. Además, muchas instalaciones se emplazan en comunas industriales donde las comunidades ya conviven con ruido, emisiones y déficit de áreas verdes', advierte la investigadora.

Acuña añade que el impacto de estos proyectos también está determinado por el lugar donde se emplazan, la tecnología que utilizan y la capacidad del territorio para absorber las nuevas demandas que generan.

Nicolás Jara, de la UTFSM, en tanto, afirma que crecimiento y sostenibilidad no son objetivos contrapuestos. 'De hecho, la competitividad futura de los datacenters dependerá precisamente de su capacidad para operar de manera eficiente y sostenible', dice. A su juicio, el desafío pasa por impulsar energías renovables, tecnologías de refrigeración que reduzcan el consumo de agua y soluciones que permitan reutilizar el calor residual.

Evaluación de impacto ambiental caso a caso

A principios de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó un documento que define el criterio de evaluación ambiental sobre proyectos de datacenters. Sin embargo, los centros aún no cuentan con una tipología específica de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo que su evaluación continúa realizándose caso a caso.

Para María Paz Acuña, este sigue siendo uno de los principales vacíos regulatorios. Aunque el criterio técnico representa un avance, 'no resuelve el vacío de entrada al sistema, al que se suma la falta de información pública y comparable sobre el desempeño ambiental de estas instalaciones', subraya.

Brigitte Leal, académica de la Facultad de Derecho de la UAI y abogada especialista en regulación económica y ambiental, plantea que Chile debe reconocer a los centros de datos como infraestructura estratégica y que se tipifique esta actividad en el reglamento del SEIA para evaluarlos ambientalmente de manera integral.

Desde la industria, Natalia López, gerente general de Chile Data Centers, considera que si bien el marco regulatorio actual ha permitido que Chile se posicione como uno de los principales polos de inversión en centros de datos de América Latina, su potencial es aún mayor.

'Para aprovechar las oportunidades que abre la economía digital es necesario seguir fortaleciendo una regulación habilitante que entregue mayor certeza a la inversión. Más que reducir las exigencias, el desafío está en avanzar hacia procesos más coordinados, predecibles y eficientes', plantea.