'Me lo he preguntado muchas veces: ¿qué hago acá?', dice entre risas Rafael Rodríguez apenas comienza la conversación. Psicólogo, MBA de la Universidad Católica, máster en Administración Pública y actual gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, lleva más de veinte años dedicado a la intervención social. Es fundador de Lealtad Chile y de Proyecto B, iniciativa de inserción laboral de jóvenes que luego se transformó en política pública nacional.

Su historia comenzó en las colonias infantiles de Alhué, la comuna con mayor pobreza de la Región Metropolitana, donde llegó siendo universitario: 'Se dio algo muy natural, porque el objetivo era ir a entretener a los cabros. Ahí ocurrió algo que no es fácil de explicar. Fue una vivencia'. De ahí nació Proyecto B.

'Demostramos que con una buena oferta de trabajo podías cambiar la trayectoria de jóvenes muy complejos'. Quince años después, sigue en contacto con algunos de ellos: 'Había un joven que había sido asesino, cuatrero, se enfrentaba a balazos con otras bandas y aún tiene familiares presos. Hoy es una persona espectacular: tiene distintos negocios, es padre de familia y lleva diez años casado. Todo porque se le abrieron oportunidades'.

Con aquella historia en mente, y en medio del intenso debate sobre eventuales cambios a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente —después de que dos jóvenes de 17 años se vieran involucrados en la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo—, Rodríguez recomienda mirar las cosas con perspectiva de largo plazo.

'No existe el choro ni el ladrón full time'
—Con tus más de 20 años de experiencia, ¿cómo has visto evolucionar la delincuencia juvenil en Chile?

—Han bajado los delitos cometidos por jóvenes; hoy estamos por debajo de los niveles de 2018, pero también en eso puede haber influido la pandemia y el estallido. El problema es que han aumentado los delitos violentos, y eso es muy preocupante. Ahí hay un grupo de jóvenes cuyos delitos están vinculados a bandas. A la banda de 'los choros' que existían antes, ahora se sumaron los narcos y el crimen organizado, entonces el fenómeno es más complejo, porque ya existen estructuras instaladas. También cambió el contexto: hay mayor acceso a las armas, lo que —en países como en EE.UU., por ejemplo— eleva los delitos violentos y homicidios.

—Y pareciese que hay menos respeto a la vida, hoy matar por un robo no es algo infrecuente.

—El crimen organizado encuentra a sus soldados para cometer cierto tipo de delitos. Ya no es una cuestión tan aleatoria; hay una organización detrás. En la cárcel se les llama 'perros bomba': son los que hacen las cosas que los jefes de las bandas no se atreven o no quieren hacer. Siempre van a encontrar a alguien dispuesto a tomar una pistola y matar a otra persona.

—Si tuviera que identificar el principal error del sistema de reinserción juvenil, ¿cuál sería?

—Cada programa nuevo arma una estructura cada vez más compleja de interventores, pero eso no cambia el comportamiento de los niños refractarios. Un grupo grande responde a la oferta, sea buena o mala, y deja de entrar al sistema. Pero hay otro grupo, el de los multirreincidentes, que no son más de 500 jóvenes muy complicados, a los que estamos tratando como si no lo fueran. La cárcel, el centro semicerrado y el centro cerrado —las ofertas del Servicio de Reinserción— complejizan el problema: aumentan la reincidencia y generan precariedad.

—¿Cómo se deberían abordar los casos más complejos de jóvenes reincidentes?

—Cuando uno ve dónde viven quienes cometen delitos, lamentablemente muchos residen en barrios con grandes carencias de servicios públicos y oportunidades económicas, donde se ha ido instalando una cultura vinculada al delito. La respuesta tiene que ser robusta: los vínculos con el barrio y la familia son los más difíciles de romper, y falta que los servicios públicos lleguen a tiempo. Si un niño presenta factores de riesgo, ahí debería implementarse un programa de apoyo psicopedagógico mucho más fuerte que el PIE (Programa de Integración Escolar). Hoy los recursos no están para eso. El segundo tema es la salud mental. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos violentos tiene problemas de control de impulsos, por condición o por consumo de drogas, y no hay oferta suficiente para tratarlos; los casos más complejos entran a programas de desintoxicación con al menos tres meses de espera, donde permanecen un mes y medio o dos, y como no hay apoyo posterior, muchos vuelven a consumir o terminan presos o muertos.

—Los perfiles de los sospechosos en el crimen de San Bernardo son disímiles: un futbolista de 23 años sin antecedentes, un estudiante de un instituto técnico profesional con un cuadro de salud mental no tratado a tiempo, y dos adolescentes que el Estado ya tenía identificados como en riesgo. Si las trayectorias son tan diversas, ¿cómo se abordan con una sola política?

—No existe el choro ni el ladrón full time. Son personas que viven en sus casas, trabajan, hacen deporte, y entre esas actividades también se vinculan con el delito, muchas veces como una oportunidad que circula dentro de un grupo. La cárcel existe porque no fuimos capaces de ofrecer programas sociales que den alternativas al delito y lo prevengan. Si metes a un joven de 14 a 17 años a la cárcel, las posibilidades de que salga, reincida en delitos violentos y quede atrapado en la pobreza aumentan considerablemente. Lo que necesitamos es una muy buena oferta educativa, de salud mental y de apoyo a la parentalidad: esos son los tres factores que pueden controlar el ingreso a la delincuencia.

—Los datos revelan que dos de los imputados asistían a clases menos del 60% del tiempo. Pero hoy los colegios tampoco logran garantizar la prevención del delito. ¿Qué opinas de la ley de Escuelas Protegidas que está impulsando este Gobierno?

—Las denuncias por violencia en las escuelas han aumentado. Primero fue Aula Segura, centrada en sacar a los violentos de las escuelas sin componente preventivo; luego la ley de Convivencia Escolar sumó equipos de prevención. Escuelas Protegidas incorpora revisar mochilas cuando existan antecedentes que lo justifiquen, aunque el Tribunal Constitucional ya señaló que algunas disposiciones excedían la legislación vigente. El caso de Calama tenía una característica evidente: el agresor presentaba problemas de salud mental no tratados. La pregunta es si estamos tocando las teclas adecuadas al responder con una política centrada solo en la seguridad. Ese joven, con un buen tratamiento, probablemente no habría llegado a hacer lo que hizo.

'Los avances serán pequeños y habrá retrocesos'
—¿Por qué crees que ningún Gobierno ha podido abordar este tema con efectividad?

—El diseño de una política pública involucra a técnicos, políticos y administración pública. Lo que he visto en reformas como la del SENAME es más de lo mismo: el presupuesto se traduce en personas trabajando, no en prestaciones adicionales como psicopedagogos o psiquiatras. Recuerdo una conversación con uno de estos jóvenes: era el cuarto o quinto 'tío' que pasaba por su vida ese año. Cansado me dijo: 'Oiga, si yo soy su sueldo'. Esa frase la tengo tatuada en la frente. Así nos ven ellos. Las evaluaciones de impacto son pocas, y si son negativas, los programas tampoco se mecen: aceptamos que existan programas que no funcionan. Hoy existen cerca de 700 programas sociales, 215 para niños/as y adolescentes, y si no funcionan, los indicadores de bienestar no mejoran.

—Ahí hay otro problema: tenemos programas que sabemos que no sirven.

—Los programas sociales requieren un seguimiento mayor. Esto ya es responsabilidad de la DIPRES, y lo digo siendo consejero de la sociedad civil de la DIPRES: la verdad es que este organismo hace análisis de diseño, si el diseño del programa está bien, tiene el visto bueno para poder operar. El problema es que las evaluaciones de impacto de sobre cómo realmente se realizan, muchas veces no tienen consecuencias sobre la calidad de los programas. Se rediseñan, pero después no vuelven a evaluarse. Y si se evalúan nuevamente y los resultados siguen siendo negativos, tampoco se mecen. Falta coraje político para cerrarlos u transformarlos realmente en algo que funcione. Aquí tenemos un problema cultural: que un programa funcione o no funcione no determina si recibirá presupuesto al año siguiente. Mientras eso no cambie, los avances siempre serán pequeños y habrá más retrocesos que avances.

—El Presidente Kast pidió cárcel de por vida para los culpables del crimen de San Bernardo. Tú has sido crítico de la mano dura como respuesta a los delitos de adolescentes. ¿Qué tan difícil es defender esa postura frente a un Senado que ya aprobó en general la reforma que endurece la ley de Responsabilidad Penal Adolescente?

—Soy un técnico, así que tengo que decir lo que funciona y lo que no funciona. EE.UU. tiene una política muy dura frente a la delincuencia, y a pesar de eso, registra una de las tasas más altas de homicidios, la mayor tasa de población penitenciaria entre las democracias y una de las mayores tasas de menores de 18 años privados de libertad. Y no ha logrado disminuir la violencia. En cambio, los países con servicios públicos sólidos sí logran reducirla.

—¿Cuál es para ti un ejemplo exitoso y replicable?

—Los países nórdicos. Hace 20 años tomaron la decisión de seguir una política distinta y hoy ven los resultados: invierten fuerte en salud mental, drogas y educación de calidad. En Chile duplicamos el presupuesto público en educación en 15 años. ¿El efecto en el SIMCE? Cero. Si parte de esos recursos se hubieran destinado a los casos más complejos, ¿habríamos logrado reducir la delincuencia común? Sin duda.

—¿Es más complejo instalar esta mirada basada en la evidencia cuando el relato político predominante apunta hacia la mano dura?

—Quiero ser súper claro: hay ciertas personas a las que lamentablemente la cárcel es su destino final. Me gustaría que la política pública fuera tan robusta que esas personas fueran las menos posibles. Como nuestra política para prevenir y meinsertar es tan pobre, que hoy digamos 'el Estado le falló, lo vamos a meter en la cárcel' me hace ruido. Porque si lo hubiéramos hecho bien, serían muy pocas las personas que tendrían que entrar a la cárcel. La persona que sale de la calle para ir a la cárcel es reemplazada muy rápidamente por otro integrante de esa comunidad, que se vincula con un mundo del delito más crudo. Entonces mientras más gente me tamos a la cárcel, probablemente más personas van a estar cometiendo delitos en el futuro. Quienes propongan mano dura indiscriminada contra todo niño o adolescente que cometa delito, tienen que hacerse responsables de que después esos jóvenes que me tan a la cárcel saldrán peor de como entraron.

—Si mañana te dieran el poder de rediseñar el sistema completo, ¿cuál sería la primera medida que implementarías?

—Un sistema de alertas tempranas: inasistencia a controles de salud, problemas de conducta o aprendizaje en la escuela, violencia en el hogar o vínculos con grupos de pares que aumentan el riesgo. Si uno revisa la trayectoria de quienes terminan en delitos violentos, encuentra que el país tuvo cien oportunidades para intervenir. Cien. Y no lo hizo, o lo hizo de manera insuficiente. Siempre habrá algunos casos que terminarán privados de libertad, ojalá los menos, y me gustaría que existiera una alternativa a la cárcel para aislar a quienes representan un peligro, con tratamiento y rehabilitación. Chile podría hacerlo mucho mejor: no somos Europa, pero tampoco los países más rezagados de América Latina. No quiero hablar de empatía, porque es difícil tener empatía con una vida que uno no ha vivido. Pero necesitamos entender, desde la evidencia, que estos niños y adolescentes que hoy nos hacen sentir inseguros también fueron niños a quienes el sistema les falló. Y eso no es buenismo. Es una conclusión basada en la evidencia y en la técnica.