'Un impacto balístico a la altura del fémur de la pierna derecha y sin salida de proyectil' recibió un niño, de seis años, al interior de su domicilio en la población La Legua, de San Joaquín, cuando se encontraba al cuidado de su abuela.

Así se detalla en un informe de Carabineros que registró los hechos cerca de la medianoche de este jueves y que agrega: 'Un tío lo trasladó hasta el Hospital Pediátrico Exequiel González Cortés, donde ingresó fuera de riesgo vital y quedó hospitalizado con lesiones de carácter reservado'.

Solo un par de hora antes, Carabineros también había asistido a otro sitio del suceso, pero en Lo Espejo. En el lugar, otro menor de edad (12) fue baleado junto a un adulto, mientras descendían de un bus del transporte público en Avenida Américo Vespucio con Avenida Central. En este caso, el informe de la policía detalla que 'repentinamente ambos (son) afectados por disparos en sus piernas', y agrega que estos 'fueron percutados desde unos blocks del sector, en dirección de oriente a poniente'.

Los casos que ocurrieron en menos de 24 horas volvieron a poner el foco en las disputas entre bandas y expertos alertaron sobre el armamento que está en manos de delincuentes y la necesidad de cambios estructurales para evitar carreras delictuales desde temprana edad. 'Evitar que niños y adolescentes terminen incorporándose a los mismos circuitos de violencia', comentaron.

'Víctimas colaterales'

Para el exministro del Interior Jorge Burgos, los casos no pueden ser analizados de manera aislada y forman parte de un problema de mayor alcance relacionado con la presencia de armas de fuego en poder de organizaciones criminales.

'Los niños no son mayoritariamente el blanco directo, sino víctimas colaterales de una disputa territorial armada entre bandas que usan el arma de fuego como instrumento de marcaje de zonas de control', dijo.

Y apuntó a dos factores: 'El aumento de armamento en manos de bandas narcos', fenómeno que, a su juicio, no ha sido enfrentado suficientemente mediante la persecución financiera.

El exministro plantea, además, reforzar la trazabilidad de las armas y la cooperación internacional, junto con 'perseguir el financiamiento de la compra de armas con la misma lógica patrimonial que se aplica al narcotráfico'.

A su vez, Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, apunta a fortalecer tanto la persecución penal como las políticas destinadas a intervenir tempranamente los factores de riesgo.

'Lo que falta en la política pública para poder controlar las armas y el crimen violento tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Por una parte, se debe dotar a las policías y fiscalías de mayores herramientas para, en primer lugar, aprehender y atrapar a los delincuentes', señala. Pero también 'es necesario que cuenten con los recursos suficientes para probar el delito en los tribunales y lograr que sean condenados'.

Apuntan a captura y condena como disuasivo

Según Rodríguez, una mayor probabilidad de captura tiene un efecto disuasivo, mientras una condena efectiva permite mantener fuera de circulación a quienes protagonizan hechos violentos.

Pero, sostiene, la respuesta no puede limitarse a la persecución penal. 'Es importante tener una oferta de servicios y programas públicos de alta calidad que aborden eficazmente los factores de riesgo que originan la comisión de delitos o el uso de armamento'.

Así, menciona intervenciones en salud mental y consumo de drogas, además de políticas contra la deserción escolar y programas de fortalecimiento de habilidades parentales.

La preocupación apunta especialmente a evitar que niños y adolescentes terminen incorporándose a los mismos circuitos de violencia que hoy los convierten también en víctimas circunstanciales de disparos.